Lucía Avilés: "Si el Estado no regula la violencia económica, se consolida como cómplice de los agresores"

BarcelonaA principios de octubre, la titular del juzgado penal número 2 de Mataró, Lucía Avilés, elevó una exposición razonada pidiendo al Estado que reconozca la violencia económica contra las mujeres como una forma más de violencia machista. Una iniciativa pionera en España y en Europa que de momento no ha tenido respuesta.

Cuando hablamos de violencia sobre las mujeres pensamos en violencia física, psicológica, ¿pero hay también violencia económica?

— Sí. A través de la violencia económica se genera un sufrimiento psicológico a las mujeres e hijos. Los tratados internacionales que nos vinculan, como por ejemplo el convenio de Estambul, reconocen la económica como una modalidad de violencia de género, y en esto todavía tenemos que avanzar en la legislación estatal para que se regule. Ahora hay un desfase entre la manera cómo se regula la violencia de género en el Consejo de Europa y cómo se regula en el Estado. La legislación autonómica sí que reconoce la violencia económica como violencia de género, pero las autonomías no tienen competencias penales y procesales.

El caso que la llevó a hacer la petición era el impago reiterado de una pensión. ¿Pueden darse otras situaciones?

— La violencia económica adopta múltiples formas. La más conocida es el impago de las pensiones, pero hay otras como el sabotaje laboral -cada vez que la pareja de manera imperativa dice "No trabajes, que ya me encargo yo"- o cuando se atribuye el domicilio familiar a la madre, hay una hipoteca y el padre deja de pagar su parte.

¿El hecho que la violencia económica no esté regulada impide por ejemplo que se pueda plantear como agravante de un delito?

— Además de las previsiones que hace el pacto de estado contra la violencia de género, el artículo 14 de la Constitución reconoce la igualdad entre sexos y el artículo 9 prevé que el Estado elimine todas las dificultades para que se consolide este derecho. A esto hay que sumarle que, de acuerdo con el principio de diligencia de vida, regulado por el convenio de Estambul, el Estado tiene que actuar con la debida diligencia en la prevención, investigación, sanción y reparación de todos los delitos y, en este caso, de la violencia sobre las mujeres. No regular la violencia económica para el Estado es tanto como consolidar su posición como cómplice de los agresores, está consolidando y legitimando el control económico sobre las mujeres, que es precisamente en lo que se traduce la violencia económica.

El paso que usted ha dado tiene pocos precedentes.

— Es la segunda vez que se plantea en España una iniciativa legislativa judicial, y tiene un valor histórico importante porque no solo es la primera vez que se plantea en relación con la violencia sobre las mujeres sino que, y creo que esto tiene una carga simbólica importante, es la primera vez que se plantea por parte de una juez, y de una juez de base. Y lo digo porque dentro de la carrera judicial, como en el resto de profesiones, hay un techo de cristal para las mujeres. También las juezas tenemos una voz jurídica para activar la palanca de cambio social, y esto es lo que he querido hacer en la exposición, levantar la voz en nombre de muchas mujeres que necesitan el derecho como un instrumento de emancipación.

¿Y tiene respuesta?

— No hay ningún canal de comunicación directo entre juzgados y ministerio de Justicia. Llamamos a la Moncloa y no sabían de qué estábamos hablando. Pero el artículo 4 del Código Penal no solo dice que se tienen que recibir estas exposiciones sino que se tienen que tramitar. Al final la enviamos al ministerio de Justicia y de momento no tenemos respuesta. No se puede entender que una cuestión de orden público como la violencia de género -y una de sus manifestaciones, que es la violencia económica- no se atienda por parte del gobierno. Como no hay constancia de la tramitación, he dictado una nueva providencia explicando que existe el deber de sacarla adelante, y la he enviado a la presidencia del gobierno, el ministerio de Justicia, el de Interior, el de Igualdad y la Delegación del gobierno en materia de violencia de género. Ahora se les pide expresamente que den respuesta.

Hablando de violencia machista, ¿casos como los de Igualada evidencian que cada vez hay más agresiones sexuales y más graves?

— Cada vez hay más conciencia de estos casos, y esto está haciendo que se denuncien más, pero también es cierto que debido a la inexistencia de una educación afectivosocial cada vez se consumen más contenidos pornográficos a través de las redes sociales, y esto está derivando en la necesidad de imitar aquello que se ve.