Cuando ser vulnerable no evita que te echen de casa

BarcelonaSegundo, el vecino de Sants de Barcelona que hace una semana se lanzó al vacío cuando lo estaban a punto de desahuciar, tenía un informe de vulnerabilidad de los servicios sociales. El documento decía que no disponía de “suficientes ingresos económicos” para acceder a una nueva vivienda. ¿Por qué este informe no sirvió para aplicar la moratoria que para los desahucios y evitar que echaran a Segundo de casa? Es la pregunta que ha resonado desde que trascendió este suicidio y que no obtiene la misma respuesta según a quién se le pregunta. Pero lo que revela el desahucio y la muerte de Segundo son las dificultades para reconocer una situación de desesperación y el margen de interpretación que deja la moratoria estatal.

El juez de primera instancia Roberto García Ceniceros decía el viernes que el caso de Segundo es “muy trágico”, pero que comparte los problemas habituales de los desahucios que se hacen por no pagar la cuota de la vivienda. Por ejemplo, que la petición de parar el desahucio llegara “a última hora” y que faltara concreción. García Ceniceros avisaba unos días antes al ARA de que con el informe de vulnerabilidad de los servicios sociales no basta para frenar la ejecución. Según el real decreto que regula la moratoria, también se tiene que aportar documentación que demuestre que se está sin trabajo, el número de personas que viven en el domicilio y que no se es propietario de ningún inmueble.

Pero las entidades que defienden el derecho a la vivienda piensan que la interpretación de los jueces es demasiado restrictiva. Según el portavoz del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, “la ambigüedad del real decreto” permite que los juzgados hagan una lectura “contradictoria” porque el caso de Segundo estaba “amparado” por la moratoria. “Si el juez considera que se tiene que acreditar con más documentación, la puede pedir”, añade la directora del Observatori DESC, Irene Escorihuela, que cuestiona que con el informe de vulnerabilidad –a sabiendas de la falta de ingresos y ninguna alternativa de vivienda– el juzgado no dé un tiempo, antes de ejecutar el desahucio, para presentar la información que falta.

La portavoz de la PAH en Barcelona, Lucía Delgado, también pone en entredicho que el juez todavía exija más documentación cuando ya ha recibido el informe de vulnerabilidad que demuestra “una situación límite”. Piensa que “tendría que bastar”. Además, como Segundo estaba en el piso con un contrato de alquiler –dejó de pagar en junio del año pasado después de meses sin trabajo–, Escorihuela explica que la moratoria se tenía que aplicar aunque fuera un pequeño o un gran propietario: “La única excepción es que el propietario necesite la vivienda porque está en una situación vulnerable”.

Unos trámites nada sencillos

Otra traba que se añade a las dificultades para recibir el reconocimiento de los juzgados es la burocracia. “Las personas que están en un momento de vulnerabilidad, no solo económica sino psicológica y física, tienen que hacer una gincana para los trámites”, lamenta Delgado. Escorihuela define que son unos trámites “nada sencillos”, cosa que hace que mucha gente no llegue a tiempo de presentar la documentación. Una tarea que también va ligada al abogado que representa a las personas que se pueden quedar en la calle.

Però Delgado va más allá del suicidio de Segundo porque asegura que los desahucios son “la punta del iceberg” de la crisis de la vivienda, que hace más de una década que dura. Palomera recuerda que el vecino de Sants había tenido que realquilar habitaciones para intentar pagar los 800 euros mensuales de alquiler del piso, pero con la pandemia los números ya no le salieron. También critica que los jueces acostumbren a ver al locatario “como un parásito social”. Por eso pide que “ante la duda de empujar a alguien al extremo inhumano de llamar a la puerta para echarlo de casa”, los juzgados se lo piensen dos veces.

Palomera hace un llamamiento a la justicia a revisar la ponderación entre el derecho a la vivienda, a la vida y a la propiedad privada: “Parece que la propiedad pase por encima de cualquier consideración. La interpretación se aleja de los estándares europeos”. Según los jueces, los desahucios que han salido adelante son los que incumplían los requisitos de la moratoria, que a partir del 9 de agosto dejará de aplicarse excepto que el gobierno español la prorrogue.