Las lluvias vuelven a llenar de bolitas la playa en Tarragona

Vila-secaLas intensas lluvias que este invierno han caído sobre Tarragona han llenado las ramblas que desembocan al mar y han vuelto a ensuciar las playas de pélets. El agua que cae sobre las instalaciones de las empresas que manipulan estos pequeños plásticos las conduce a través de los desagües hacia las ramblas, y después van a parar a las playas y al mar. El último episodio grave se produjo a causa de las precipitaciones entre el 16 y el 18 de enero, según pudo comprobar el inspector municipal de playas de la Pineda (Vila-seca), que fotografió y documentó los miles de pélets que aparecieron en la playa.

Toda esta información, repleta de fotografías, está en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente, que está recogiendo información por si es necesario reabrir una causa que se cerró a finales de 2024, cuando se concluyó que a partir de la investigación hecha "no se pueden atribuir episodios concretos a empresas determinadas". Aquel decreto de archivo advertía a la administración pública que ante la evidente presencia de pélets era necesario "un control constante tanto de los sistemas de prevención de todas las empresas que fabrican o gestionan pélets como las tareas de limpieza y remediación de las playas por las entidades competentes".

En paralelo, el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, también envió una carta a la delegada del Gobierno en Tarragona denunciando "la nueva presencia de pélets de plástico en la playa de la Pineda" y reclamando "la necesidad de acabar con los vertidos descontrolados". En la misiva, el alcalde exigía también la "convocatoria inmediata" del grupo directivo de la Plataforma Zero Pérdida de Pélets y recordaba que la nueva legislación europea obliga a prevenir estas pérdidas. La carta expone que "esta problemática supera claramente el ámbito local y reclama una respuesta política, clara y efectiva".

En declaraciones al diario ARA, Segura denuncia que los pellets llegan al mar por las rieras, que son competencia de la Agencia Catalana del Agua (ACA), y por el puerto, que es competencia de la Autoridad Portuaria. "Estas administraciones deben poder interceptar los pellets", afirma. Fuentes del Puerto de Tarragona, consultadas por el ARA, defienden que ellos también son "parte afectada" y que están "abiertos al diálogo entre productores, agentes de la cadena logística y responsables administrativos para fomentar el consenso para llevar a cabo actuaciones que permitan eliminar estos microplásticos de rieras, ríos, playas y mares". Toda esta tarea recae sobre el gobierno de la Generalitat, que, además, está obligado a encontrar soluciones en un año y medio.

Forzados por la UE

A finales del año pasado, la Comunidad Europea dio un gran paso para evitar los vertidos de pèl·lets y estableció una nueva regulación que deberán cumplir "todas las entidades que manipulen gransa de plàstic en toda la cadena de suministro, con independencia de su uso final". La normativa, de obligado cumplimiento a partir de diciembre de 2027, quiere garantizar "la trazabilidad de la gransa de plàstic manipulada y transportada en cada estado miembro para que las autoridades competentes puedan realizar eficazmente controles de cumplimiento". El objetivo es claro: para evitar que las investigaciones acaben como la de Tarragona, hay que poder determinar en qué momento de la cadena se ha producido el vertido.

Actualmente, se puede saber quién ha fabricado un pèl·let determinado que haya aparecido en una playa, pero esto no implica que sea responsabilidad suya, ya que quizás ha caído en otro momento del proceso. Por eso la normativa europea incluye a los productores, que son el primer eslabón de la cadena, pero también a los transportistas, a los que los almacenan o a los que los utilizan para fabricar productos de plàstic. El texto también dice que, para poder "garantizar la trazabilidad", hay que hacer un registro de todas las instalaciones que manipulan y transportan las pequeñas bolas de plàstic, y obliga a los "operadores económicos" a tener un plan de gestión que especifique, entre otras cosas, las toneladas de pèl·lets que manipulan al cabo del año, así como los lugares de las instalaciones donde se pueden producir estas pèrdues.

Para sacar adelante esta normativa –que pone fin a la impunidad del vertido de pèl·lets– ha sido clave el papel de Good Karma Projects, una organización sin ánimo de lucro fundada por dos catalanes. Uno de ellos, Jordi Oliva, participó junto con el alcalde Pere Segura en las ponencias que organizó la Unión Europea para redactar el texto. "Una vez los pèl·lets llegan a la playa ya no puedes saber a quién le han caído", lamenta este ingeniero industrial. Por eso, la norma se centra sobre todo en la prevención y obliga a las empresas a tener "dispositivos de captación".

Quien tiene que velar porque todo esto se cumpla es el departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. Tanto el grupo de trabajo como el grupo directivo que se han creado para aplicar la nueva normativa ya se han reunido. Por ahora, el objetivo es empezar a hacer el registro y mejorar la coordinación con los ayuntamientos afectados, ya que algunas de las empresas que manipulan pèl·lets se rigen por licencias municipales. En estos grupos de trabajo están también las empresas químicas de Tarragona. Fuentes de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT) recuerdan que en 2018 impulsaron un proyecto interno para reducir la pèrdua de pèl·lets y defienden que las empresas "están comprometidas con la reducción de pèrduas involuntarias". También aseguran que trabajan para mentalizar a los otros agentes que también pueden tener responsabilidades en esta problemática, como los transportistas.

A pesar de todo, entre empresas y Gobierno hay una causa abierta. A raíz de una denuncia de la fundación Surfrider Foundation Europe, el departamento de Acción Climática del anterior Gobierno (ERC) investigó en 2024 la presencia de pellets en la cuenca del Francolí y constató "una deficiente praxis en las diferentes etapas de la cadena". A partir de estas conclusiones, el departamento aprobó un plan que obligaba a decenas de empresas del polígono petroquímico de Tarragona a tomar medidas para evitar estas pérdidas –avanzándose así a la normativa europea–, pero las empresas recurrieron y el caso está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).