El análisis de Antoni Bassas: «De 'Puigdemont a prisión' a 'Sánchez a prisión'»

Más allá de que ya nos gustará ver cuáles son los hechos probados y, por tanto, cuál es la prueba de cargo que ha llevado al Tribunal Supremo a condenar al fiscal general, Álvaro García Ortiz, nos parece que todos estamos en la cabeza de la calle de por qué sucede un hecho que nunca había ocurrido, como es la condena y la inhabilitación del fiscal general.

Para entenderlo, hay que fijarse en otra cosa que nunca había ocurrido nunca: en julio del 2023 se celebran elecciones en España. El PP ya se ve gobernante y, de hecho, gana las elecciones. Pero entonces Junts per Catalunya se encuentra con la clave de la investidura y decide hacer presidente a Pedro Sánchez a cambio de la amnistía. Y esto hará que, por primera vez, el partido que ha ganado en España no gobernará. Y eso, que ya es humillante para el PP y para toda la extrema derecha que le cuelga detrás, se convierte en doble humillación porque resulta que quien decide quién será el próximo presidente español es el partido de un presidente de la Generalitat independentista, en el exilio, que no puede entrar en España porque tiene una orden de detención, que es el pérfido Pu. Era intolerable. Y no sólo para el PP. Hace un par de meses, el presidente socialista de Castilla-La Mancha, García-Page, declaraba en Antena 3 que Puigdemont "ha obligado al PSOE a aprobar una amnistía en la que no creíamos y que va en contra de nuestros valores". En resumen: "Puigdemont ha obligado muchas veces al PSOE a vender su alma".

En esa misma línea, aparece José María Aznar y lanza el grito de guerra. Es en noviembre del 2023: "Lo que pueda hacer que haga, lo que se pueda mover que se mueva, lo que pueda hablar de que hable", porque Sánchez es "un peligro para la democracia constitucional española" que ha abierto "una crisis constitucional sin precedentes, extraordinariamente grave" porque "se han cruzado todas las líneas rojas".

En esta tesitura, entenderán que poder inhabilitar al fiscal general del Estado (nombrado por el gobierno español) era un objetivo deseable en cuanto se puso a tiro. Esta mañana la derecha mediática española babeaba de poder calificar al fiscal general de "delincuente". Y ahora, Sánchez debe nombrar a un nuevo o nueva fiscal general, al que no le tocará la camisa en la piel, porque el mensaje está claro: a Ayuso no se la toca. Lo intentó Pablo Casado y perdió el liderazgo del PP. Y ahora le ha tocado al fiscal general. Miguel Ángel Rodríguez sabe qué tecla debe tocarse.

Les comenté la semana pasada que el profesor Javier Pérez Royo había dicho en TV3 que con la falta de pruebas que veía en el juicio oral contra el fiscal general, una condena sería calificable de prevaricación. Pues bien, ayer el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín fue aún más lejos. Dijo a TV3 que la condena al fiscal general "es lo más parecido a un golpe de estado", es decir, el intento de derrocar a Sánchez desde el poder judicial.

La cúpula del poder judicial se ha puesto contra la cabeza del poder. No sólo no es una cuestión menor, sino que al PSOE le acaban de decir que no es un partido de estado. El PSOE fue expulsado del paraíso. Más exactamente, esa parte del PSOE que ha pactado por conveniencia con los independentistas vascos y catalanes y con el que tiene más a la izquierda. Sánchez también ha puesto de su parte: tiene encausados ​​a dos exsecretarios de organización del PSOE, uno de los cuales fue ministro, y tiene investigados a la mujer y al hermano. Pero, sea como sea, ayer pasamos de "Puigdemont en prisión" a "Sánchez en prisión". Ayer el gobierno español decía en privado que ésta había sido una resolución política. Y no se puede decir que el independentismo catalán no se lo había advertido.

Buenos días.