Una mentira que puede costarle la extradición a Djokovic

El culebrón de Novak Djokovic en Australia no está para nada terminado. Al contrario, sigue muy vivo. Mientras el tenista ya ha podido salir del hotel para entrenarse de cara al primer Grand Slam de la temporada, que empieza el lunes, las autoridades australianas mantienen muy viva la idea de extraditar al jugador serbio, que no está vacunado contra el coronavirus. El último capítulo hace referencia a una posible mentira de Djokovic a la hora de entrar en Australia, la semana pasada, cuando aseguró que no había estado en ningún otro país antes de aterrizar en Melbourne procedente de Serbia. En cambio, circulan fotos suyas en Marbella, donde tiene residencia, captadas después de fin de año. Un hecho que podría comportar que el gobierno australiano le revocara definitivamente el visado y lo echara del país.

Fuentes del gobierno federal han confirmado al diario The Sydney Morning Herald que se está examinando la declaración que el tenista envió para solicitar el visado de entrada a Australia. Según las autoridades, Djokovic había justificado que, a pesar de no estar vacunado, había dado positivo por covid-19 en diciembre y que, por lo tanto, tenía una exención médica para poder viajar a Australia. Pero en el informe también había marcado no en la casilla en la que se le pedía si había hecho algún viaje durante los catorce días anteriores a la llegada al país.

Inmigración aplaza la decisión

La polémica llega después de que, la semana pasada, Australia decidiera retener a Djokovic en un hotel mientras tramitaba la extradición, porque las autoridades no daban validez a la exención médica que había solicitado. El tenista presentó un recurso ante la justicia australiana que, contra pronóstico, le dio la razón. Ahora bien, mientras Djokovic podía salir del hotel y empezar los entrenamientos, el ministerio de Inmigración –que, a pesar de la resolución judicial, tiene la última palabra sobre la extradición– seguía estudiando el caso. Inicialmente, el ministro Alex Hawke se tenía que pronunciar este martes, pero con las nuevas informaciones aparecidas ha preferido aplazar un tiempo la decisión final.

El gobierno, claramente contrario a la presencia de Djokovic –por el hecho de no haberse vacunado–, veía en la extradición un mensaje contundente frente a la pandemia, que está sacudiendo de lo lindo Australia en los últimos días, especialmente por la variante ómicron. Pero el revés judicial ha hecho que las autoridades, antes de meter la directa y echarlo, busquen ahora una excusa estilosa para cargarse de razones. El caso ha saltado del mundo del deporte y ha abierto un conflicto diplomático entro Australia y Serbia, que están "en conversaciones permanentes", según confirman los dos países.

Australia considera un "delito grave" mentir en la declaración de entrada al país, y en el peor de los casos puede suponer penas de hasta doce años de prisión. Pero este no sería el caso de Djokovic, puesto que el debate real es si puede quedarse y disputar el Open en Melbourne –donde puede convertirse en el tenista con más Grand Slams de la historia– o si tiene que marcharse a casa. En paralelo, y según los medios australianos, Djokovic habría alegado que la declaración de entrada no la hizo él sino la federación australiana de tenis, que se encargó de tramitar los visados de todos los participantes en el torneo.

España se lava las manos

Mientras tanto, el caso también ha llegado hasta el gobierno español. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguraba este martes que "no tenía constancia" de que Djokovic hubiera pasado por España antes de llegar a Australia. Pero con esto no negaba el viaje, sino que únicamente justificaba que él "no controla las fronteras exteriores". Eso sí, Albares dejaba claro que, al menos de momento, Australia no se había puesto en contacto con España para solicitar ninguna documentación en este sentido.