Energia
Economía 10/05/2022

Bruselas enmienda a España y a Portugal: todavía no hay acuerdo para limitar el precio del gas

Los dos países han anunciado que tenían luz verde, pero la Comisión Europea dice que no se ha tomado ninguna decisión formal

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Primer plano de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una imagen de archivo

Madrid / BruselasLas promesas de los gobiernos de España y Portugal para poner un límite al precio del gas siguen siendo, de momento, promesas. Los dos gobiernos hace semanas que dan por hecho la luz verde de la Comisión Europea, pero Bruselas ha vuelto a enmendarlos. Primero fueron los ministros del ramo de cada país ahora hace una semana y este lunes ha sido el primer ministro portugués, António Costa, quien hablaba de un acuerdo desde Estrasburgo, al que se ha añadido el ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero lo cierto es que Bruselas no da por cerradas las negociaciones. Según una portavoz de la Comisión, hay un "alto nivel de entendimiento político sobre los parámetros clave", pero no se han tomado "decisiones formales".

En Bruselas, pues, se sigue hablando de una "evaluación preliminar", pero no da todavía la luz verde a los gobiernos ibéricos para aplicar el tope de 50 euros/MWh que tienen previsto establecer. Aunque el Ejecutivo comunitario admite que emitirá un veredicto "en breve", insiste en que su objetivo es "tomar decisiones legalmente sólidas" para garantizar que la medida no altera el mercado único ni provoca restricciones en los flujos energéticos fronterizos. Por el contrario, desde el ministerio de Transición Ecológica insisten en que "se ha recibido una carta de conformidad, una especie de preautorización [de la Comisión Europea]" para que el ejecutivo pueda sacar adelante una propuesta legislativa "que no se desvíe de los documentos presentados hasta ahora", explican las mismas fuentes. De hecho, desde el ministerio de Transición Ecológica "no descartan" llevar la medida al consejo de ministros de este martes. En cualquier caso, una vez aprobada debería devolver a la comisión para recibir "el aval formal". Pero Bruselas insiste: la preautorización tampoco es "una decisión formal".

Por tanto, ya se acumula un retraso de dos semanas respecto a lo que había prometido primero el gobierno español de Pedro Sánchez, que este lunes por la mañana todavía abría la puerta a aprobarlo mañana en consejo de ministros. "Si llegamos a tiempo para mañana, será mañana, y si no pues tan pronto como tengamos todos los aspectos técnicos", ha apuntado Ribera en una entrevista en TVE esta mañana. La ministra confirmó que este fin de semana todavía estaba trabajando con Portugal y la Comisión Europea para cerrar un texto que suma una semana de retraso.

El objetivo de ambos gobiernos es que la medida afecte a la mayoría de clientes, sostenía Ribera hace unos días, es decir, tanto los clientes de la tarifa regulada (PVPC) vinculada al pool –en el caso español– como los clientes de la tarifa libre. La medida, que tendría una vigencia de doce meses y, por tanto, se alargaría hasta pasado el invierno, implicaría una rebaja en el recibo de la luz en torno a un 30%, según los primeros cálculos anticipados por Ribera.

En concreto, permitirá controlar el precio del gas –la tecnología más cara– hasta el invierno del próximo año, la época del año en que más se dispara el precio de la luz por el uso de la calefacción. Así, el pacto con Bruselas dejaría el precio de la luz en unos 150 euros/MWh, como máximo, en el mercado mayorista. Una diferencia importante si se tiene en cuenta que se dejarían atrás los más de 200 euros de media que el mercado mayorista está registrando en los últimos meses. El gobierno español confía en que esto tenga un impacto directo sobre la inflación.

Una negociación complicada

La propuesta inicial de ambos gobiernos era más ambiciosa, pero los dos celebraron hace dos semanas tener al menos el sí en el tope en torno a los 50 euros porque las negociaciones han sido más complejas de lo esperado tras las palabras de Pedro Sánchez y António Costa a finales de marzo, cuando después de una cumbre de líderes dieron por sentado que tenían el visto bueno de Bruselas para aplicar la llamada "excepción ibérica".

Sin embargo, el ejecutivo comunitario se mantiene duro, porque quiere garantizar que el complejo mercado europeo de electricidad no se ve alterado. Uno de los puntos de fricción son, por ejemplo, las compensaciones que deberían aplicarse para cubrir la diferencia de precio que pagarán las centrales de ciclo combinado. España veía viable que el recargo recayera sobre los consumidores de la tarifa libre, que en el Estado suponen el 60% del total de clientes, aproximadamente. En Portugal, sin embargo, la realidad es otra. En el país vecino, los consumidores que tienen tarifa libre son casi el 90%, mientras que la tarifa regulada no se indexa en el pool. Por eso el gobierno portugués no veía con buenos ojos que fueran los primeros los que asumieran la diferencia.

El otro punto de fricción es el del precio al que se vendería el gas en Francia: si al precio "recortado" o al precio real de coste, pensado para no perjudicar a las familias más vulnerables de la Península. Este escollo se resolvió hace diez días, cuando la propuesta ibérica de fijar un precio normal para el país vecino y rebajar solo el de España y Portugal cayó. Así, Francia también se beneficiará de la medida, pero a cambio asumió el compromiso de incrementar las interconexiones con España, muy por debajo de las que la Comisión recomienda.

Más medidas

Aparte de esta esperada iniciativa, siguiendo los pasos que han hecho algunos países europeos como Italia, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que el gobierno trabaja en un plan de ahorro y eficiencia energética para la administración general del Estado, así como en una serie de “recomendaciones” para la ciudadanía a la hora de reducir el consumo de energía y las importaciones de combustibles fósiles. “Son recomendaciones, no una legislación dura”, ha reiterado Ribera. La ministra ha puesto de ejemplo fomentar el transporte público frente al privado, el teletrabajo o la regulación del termostato. 

Además, Ribera también ha anticipado que la “capacidad de almacenamiento y llegada de gas natural licuado [en España] permite ser hasta un cierto punto una garantía adicional para otros estados miembros”. La ministra ha contestado así sobre la posibilidad de que algunos socios europeos, como España, tengan que compartir su gas en caso de que más países se vean afectados por un cierre del suministro de gas por parte de Rusia, como ha pasado con Polonia y Bulgaria. España no solo es el país europeo con más capacidad de almacenamiento de gas licuado, sino que entre sus fuentes principales de aprovisionamiento no entra el Kremlin, un hecho que en estos momentos le da más seguridad energética.

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