Bruselas mantiene la nuclear y el gas como energías de la transición verde a pesar de las críticas

BruselasLa Comisión Europea se mantiene firme: el gas y la nuclear son energías necesarias para la transición ecológica y así tienen que ser clasificadas. Ni las protestas de activistas ecológicos, ni la opinión de los expertos o la oposición de varios países de la UE han hecho cambiar de opinión al ejecutivo comunitario respecto a la controvertida propuesta para catalogar las energías verdes de cara a los inversores privados en el contexto de la transición hacia una economía europea libre de emisiones. Esta clasificación es la llamada "taxonomía" y tiene que servir de guía para que el sector privado canalice sus inversiones en la dirección a los objetivos climáticos, pero el hecho de que las inversiones en gas y nuclear sean también incentivadas en esta línea despierta mucho malestar, por las emisiones del primer recurso y los residuos nocivos del segundo.

Ni los propios expertos que asesoran a la Comisión vieron con buenos ojos la propuesta, porque temían que reste credibilidad a la taxonomía como instrumento y desincentive la inversión en energías renovables. Aún así, los cambios introducidos entre el borrador y el documento final presentado este miércoles son mínimos. Fuentes europeas aseguran que han tenido en cuenta todas las aportaciones durante el proceso abierto de consulta pero también admiten que "los debates han sido particularmente difíciles". La propia comisaria de Mercados Financieros, Mairead McGuiness, ha reconocido que el instrumento es "imperfecto". La propuesta prevé que las inversiones en gas sean consideradas sostenibles hasta 2030 y en nuclear hasta 2045.

Es decir, para Bruselas la nuclear y el gas tienen que tener "un rol" en la transición, que tienen que servir de "puente" entre una economía carbonizada y una economía completamente libre de emisiones de CO₂. "Hemos hecho un enfoque realista y pragmático", recalcan las mismas fuentes. "No son neutros, no son renovables, sabemos que no son verdes, pero nos permiten activar la transición hacia un sistema más sostenible".

El otro gran argumento de la Comisión para quitar hierro al asunto es que la taxonomía es un instrumento financiero voluntario, no obliga ni a inversores privados ni a gobiernos a invertir en una tecnología o en otra, sino que les sirve de guía. Sí va asociada a obligaciones de transparencia a la hora de publicar información de la actividad económica e inicialmente tenía el objetivo de convertirse en una herramienta con otros usos. Pero por ahora es más bien un etiquetado que ni castiga ni premia económicamente, solo informa. El miedo de activistas o del sector privado es precisamente que incluir gas y nuclear le resten credibilidad y no sea tomado seriamente.

La división entre gobiernos

La polémica ha acompañado esta iniciativa desde el principio. No solo por el rechazo del sector ecologista –como lo demuestra la protesta de un grupo de activistas de este mismo miércoles ante la sede de la Comisión–, sino porque varios gobiernos de la Unión Europea se han manifestado abiertamente en oposición.

Por ejemplo, la ministra de Energía y Transición Ecológica española, Teresa Ribera, publicaba un artículo de opinión en el diario alemán Tagesspiegel este lunes en el que decía que la propuesta de la Comisión "envía una señal confusa a los mercados financieros e implica el riesgo de que sea rechazada incluso por los inversores". En este debate, España ha hecho piña con países como Austria, Dinamarca y Luxemburgo a la hora de rechazar frontalmente la clasificación de estos dos recursos como energías de transición sostenible. Pero como admiten fuentes europeas, el abanico de posiciones es amplio y diverso. Alemania, por ejemplo, está en contra de etiquetar en esta línea la energía nuclear, pero sí ve factible que el gas sea clasificado como "tecnología puente".

En una entrevista en la red de medios Redaktionsnetzwerk Deutschland, la ministra alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, defendía que su enfoque respecto al gas es "equilibrado", avisaba de que su gobierno "todavía no ha dicho la última palabra" sobre la nuclear y recordaba que varios países (como Luxemburgo) han llegado a amenazar con parar la propuesta por la vía judicial. En el otro lado está Francia, que defiende enconadamente la necesidad de que la nuclear sea energía puente, porque es de hecho un recurso energético encara muy importante en el país galo (el 70% de su consumo eléctrico).

La propuesta de la Comisión de este miércoles es en forma de acto delegado. Los gobiernos y la Eurocámara tienen hasta seis meses si se quieren oponer, pero es aritméticamente complicado. Para tumbarla hace falta que se opongan hasta una veintena de gobiernos que reúnan como mínimo el 65% de la población europea. Sobre la posibilidad de recursos por la vía legal, las mismas fuentes europeas citadas anteriormente creen que el texto es suficientemente "sólido" como para que supere este tipo de obstáculos.