Energia

¿Puede considerarse verde la energía nuclear?: el debate que divide a Europa

Francia y Polonia lideran el frente partidario de las centrales de fusión, mientras que Alemania o España se oponen a ello frontalmente

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La central nuclear de Ascó en una imagen de archivo.

BruselasConsciente de que sería polémica, la Comisión Europea se esperó hasta poco antes de las campanadas del 31 de diciembre para presentar la propuesta de la llamada taxonomía, el sistema que tiene que clasificar los sistemas de generación de energía en función de si son o no sostenibles de cara a hacerlos más atractivas para la inversión del sector privado. En su propuesta, el ejecutivo comunitario prevé colgar la etiqueta verde tanto a la energía nuclear como al gas, cosa que no solo ha hecho poner el grito en el cielo a las principales voces ecologistas sino que ha dividido con fuerza a los gobiernos europeos, con visiones muy diferentes en función no solo de su color político sino también de sus necesidades y recursos.

De entrada, la taxonomía de Bruselas enfrenta a los integrantes del tradicional y renovado eje francoalemán. De hecho, la voz más potente en el grupo de partidarios de incluir la nuclear como energía verde es Francia, que realmente presionó para que el resultado fuera el que esperaba. El país del presidente Emmanuel Macron tiene todavía 56 reactores nucleares en activo, un sector potente en el país, donde el 70% de la energía consumida proviene de la nuclear. El propio mandatario francés anunció una nueva inversión en el sector en plena escalada de precios de la luz impulsada por el gas. Hasta 2030, Francia prevé invertir hasta 1.000 millones de euros para desarrollar pequeños reactores, en un programa de estímulo económico que se centra en la transición ecológica.

El argumento es que la nuclear todavía es necesaria en el camino de la descarbonización fijado en el llamado Green Deal europeo, que prevé un continente libre de emisiones en 2050. Las centrales nucleares no emiten CO2 pero generan unos residuos altamente contaminantes durante décadas. Por eso, países que ya han empezado el camino hacia la desnuclearización como Alemania, Austria, los Países Bajos, Dinamarca o Portugal se oponen a ello frontalmente. El motor económico de Europa cerrará sus últimas centrales este mismo 2022, por ejemplo. En Viena, donde la oposición a la nuclear es un posicionamiento histórico, incluso el gobierno ha amenazado con llevar la propuesta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero también España se opone a ello frontalmente, tal como ha comunicado el ministerio de Transición Ecológica, que considera un "paso atrás" el enfoque de Bruselas porque tanto la nuclear como el gas tienen un papel "limitado en el tiempo" en la transición ecológica.

Junto a Francia hay países como Polonia, Hungría o la República Checa, donde la dependencia de los combustibles fósiles todavía es alta y donde la factura social de la descarbonización puede ser más elevada. Polonia o la República Checa han presionado intensamente en los últimos debates europeos sobre la cuestión energética, hasta el punto de vetar un acuerdo de mínimos en la última cumbre del 2021 en la que España buscaba compromiso europeo para abordar la escalada de precios de la luz.

Apoyo alemán al gas

Pero la división no es solo entre gobiernos europeos, sino también dentro. En el caso del nuevo gobierno de coalición alemán, por ejemplo, la cuestión no es sencilla. Era consabido y esperado que Berlín vería con buenos ojos que el gas sea etiquetado como verde a pesar de que su combustión emite CO2 (a pesar de que niveles más bajos que el carbón o el petróleo). Hay que recordar que Alemania está pendiente de autorizar definitivamente la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en conexión con Rusia, un proyecto que está siendo especialmente polémico por las malas relaciones entre la Unión Europea y el Kremlin. Así pues, la parte liberal y también la socialista del gobierno germánico ven con buenos ojos que el gas quede etiquetado como energía verde de transición, mientras que los Verdes lo rechazan de pleno. De momento, los veintisiete ejecutivos están analizando el texto y haría falta que se opongan hasta una veintena de gobiernos que reúnan como mínimo el 65% de la población europea para que no prospere.

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