La Generalitat quiere acelerar la obra pública: devuelve más competencias a las conselleries para contratar

BarcelonaLa Generalitat ha aprobado un decreto ley para acelerar la ejecución de las obras públicas y ampliar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a los contratos de la administración catalana, según ha informado este martes el propio Govern.

El decreto debe cambiar la normativa vigente, aprobada en 2020, el primer año de la pandemia. Aquella norma redujo los umbrales para los diferentes departamentos de la Generalitat para adjudicar directamente obras públicas y para la redacción de estudios y proyectos, por lo que todos los trabajos con un coste superior a los 2 millones de euros y todos los estudios de más de 100.000 euros los debía realizar únicamente Infraestructures.cat, la empresa de la Generalitat encargada de las inversiones.

Con el nuevo decreto, se revierte la normativa hasta los mismos umbrales anteriores al 2020, por lo que ahora un departamento de la Generalitat podrá redactar por sí solo proyectos de más desde 2 millones y adjudicar obras por 15 millones. Además, el texto legal incluye también que en contratos de infraestructuras e instalaciones de energías renovables, los umbrales se situarán en 2 millones para las adjudicaciones y 300.000 euros para los estudios.

Esta medida busca, sobre todo, liberar de trabajo a la empresa Infraestructures.cat, según han explicado fuentes del Govern. Actualmente, esta compañía está trabajando en 677 proyectos y 800 obras, la mayoría de ellos por valores inferiores a los 250.000 euros. El objetivo del ejecutivo catalán es, pues, que Infraestructures.cat pueda centrarse en los grandes proyectos de obra pública mientras que los proyectos menores los liciten y adjudiquen directamente a las conselleries sin tener que pasar por esta empresa pública.

Asimismo, el Gobierno busca ampliar el porcentaje de ejecución de obras públicas. En 2024, Infraestructures.cat ejecutó un 71% de los proyectos que tenía en marcha, una cifra que el ejecutivo se marca que aumente hasta el 85%.

La Generalitat ejecutó el 87% de las inversiones de 2023

Sin embargo, estos cambios no impedirán que los departamentos puedan seguir acudiendo a Infraestructures.cat, pero sí vayan menos y que esta empresa, junto con el Instituto Catalán de la Energía (Icaen) tengan un papel asesor en el caso de obras menores. La Generalitat, pues, prevé ampliar las plantillas de algunos departamentos para reforzar los equipos dedicados a la licitación, sobre todo en las conselleries que realizan más obras, como Territorio, Educación, Sanidad, Derechos Sociales e Interior.

Más facilidades en las pymes

El decreto también introduce la obligatoriedad de dividir los contratos públicos en distintos lotes que se adjudicarían por separado. Con esta medida, el ejecutivo quiere facilitar que las pymes, start-ups y empresas de la economía social puedan acceder a más contratos. Normalmente las pymes tienen dificultades para obtener encargos de obra pública porque se pujan de forma unificada proyectos muy grandes para los que sólo las grandes compañías están capacitadas.

De hecho, hasta ahora muchas pymes que trabajan en obra pública lo hacen subcontratadas por empresas privadas más grandes que han ganado concursos de la administración. Así, en estas situaciones, la empresa mayor cobra de la administración y entonces paga a las pymes subcontratadas.

El nuevo decreto abre la puerta a que, en estos casos, las subcontratadas cobren directamente de la Generalitat si acreditan que han participado en un proyecto y posteriormente la Generalitat descontará el dinero a la adjudicataria del contrato, una medida que debe recortar los plazos de cobro para las pymes y mejorarlos en 0 y 0 5,5 millones en los de obras.

Posibles dificultades para convalidar el decreto

Las modificaciones se harán efectivas a partir de un decreto ley que modifica varias normas. El decreto ley entra en vigor después de su publicación, pero para que sus efectos se mantengan, es necesario que reciba la luz verde del Parlamento antes de un mes.

El Govern quiere salir adelante con los votos de los socios de investidura, ERC y los comunes. Según fuentes del ejecutivo, los comunes ya habrían garantizado su apoyo, mientras está previsto un encuentro con los republicanos para hablar este jueves. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que no han detectado que pueda ser "un decreto conflictivo", aunque los cambios que se revierten ahora los había aprobado un Gobierno de coalición de Junts y ERC con Pere Aragonès como conseller de Economia. En el encuentro también podrían abordarse otras carpetas abiertas entre el Govern y ERC, como el decreto de suplemento de crédito para inyectar más de 4.000 millones de euros en los presupuestos catalanes, prorrogados.

Ahora bien, los planes del Gobierno para convalidar el decreto podrían toparse con algún obstáculo. Precisamente este martes ERC ha anunciado que ha pedido un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre el último decreto ley en materia de vivienda, que crea el registro de grandes tenedores e incluye medidas para agilizar la construcción de vivienda protegida. Los republicanos no cuestionan su contenido, sino sus formas: se quejan de que los socialistas están abusando de la figura del decreto ley, pensada para casos "de extraordinaria y urgente necesidad", para ahorrarse la negociación parlamentaria del trámite legislativo ordinario.

"El Gobierno ha forzado demasiado el uso del decreto ley ante la incapacidad política de aprobar presupuestos", han lamentado los republicanos. Si ERC mantiene esa posición, esto podría complicar la negociación para obtener sus votos para el decreto ley de obra pública aprobado este martes. En rueda de prensa, la consellera y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha justificado el uso de esta fórmula para atender las urgencias en materia de vivienda y ejecución de obra pública que, a su juicio, concurren en un momento en que Catalunya tiene los presupuestos en prórroga. "Queda plenamente justificado", apuntó.