La Generalitat rechaza la primera propuesta para cambiar el modelo de financiación

MadridFría reacción de la Generalitat a la propuesta inicial de población ajustada del ministerio de Hacienda en el largo camino hacia una reforma del modelo de financiación autonómica. El Govern no solo considera que el criterio de población ajustada “no se ajusta a la realidad de Catalunya”, sino también que el planteamiento de Hacienda no incluye elementos que desde la Generalitat defienden que son imprescindibles, como por ejemplo el coste de vida. Casi dos meses después, la Generalitat le ha hecho saber al gobierno central qué piensa, si bien parte de la premisa de que ningún modelo “puede arreglar la infrafinanciación y el déficit hacia Catalunya”.

Las comunidades tienen hasta este lunes para enviar su opinión sobre la propuesta del gobierno español enviada a principios de diciembre. Según ha podido saber el ARA, este domingo ya estaban encima de la mesa las respuestas de Madrid, Aragón y Catalunya. En el caso catalán, se trata de un texto de diez páginas al que ha tenido acceso este diario y que el Govern empieza asegurando que poner en marcha la reforma tocando el concepto de población ajustada es como empezar la casa por el tejado. “Tendría que plantearse en última instancia”, recoge el texto. 

Según la conselleria de Economía, que especifica que no se encuentra en una fase de negociación, primero habría que solucionar el “desequilibrio vertical” que asegura que se ha producido en el modelo de financiación actual (en vigor desde 2009 y pendiente de renovarse desde 2014) y ver si con los años han menguado el dinero que acaban recibiendo las comunidades. Después, abordar la cesta de los impuestos autonómicos (el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales) que, junto con recursos que aporta el Estado, nutren parte del sistema de financiación autonómica y “decidir si habría que modificarlos”. También apunta a la necesidad de “incrementar la capacidad normativa de las comunidades sobre las figuras tributarias”, es decir, que las comunidades tengan más autonomía fiscal. Y, ya como último paso, hablar del concepto de población ajustada. 

¿Por qué es importante el concepto de población ajustada? Este elemento es una de las patas primordiales del modelo de financiación autonómica. Es el sistema con el que se nivelan los recursos de la financiación por criterios como la población, el gasto en sanidad o en educación, por ejemplo. El cálculo nunca ha estado exento de polémica por si beneficia más o menos a unas comunidades u otras. La ponderación de cada criterio es decisiva para saber cuánto recibe cada autonomía y para que así todas puedan prestar los servicios públicos en iguales condiciones. 

Catalunya, sin embargo, apuesta por la variable del "peso demográfico real”, es decir, la población, porque considera que es “la variable más simple y sencilla”, según recoge el texto, para ver las necesidades de financiación. Ahora bien, ante la posibilidad de que haya que introducir alguna corrección, la Generalitat matiza que “podía corregirse por el diferencial de precios que hay entre las comunidades”, como medida complementaria.

Sobre los cambios en los criterios que conforman el concepto de población ajustada (sanidad, educación, servicios sociales, otros servicios y “variables correctivas”) planteados por el ministerio, la Generalitat destaca algunas de las siguientes cosas:

Sanidad, educación y servicios sociales

En cuanto al criterio de sanidad, la Generalitat ve "complicado” dividir a la población en 20 grupos de edad, como propone el ministerio, y no en siete como hasta ahora para conocer el coste en sanidad. También cree que hay una “falta de transparencia” a la hora de obtener los datos de población protegida para saber si las comunidades necesitan más recursos o no. 

En educación, el Govern ve con buenos ojos la posibilidad de ampliar la población en edad escolar hasta los 17 años, si bien apostaría por aplicar un tramo de edad en la población universitaria para tenerla más definida. Además, apuesta por tener en cuenta a los “usuarios potenciales” (el número de alumnos que están en edad mayoritariamente potencial universitaria) y no a los alumnos matriculados para evitar “incentivar una rebaja de las tasas universitarias”. 

En cuanto a los servicios sociales, la Generalitat apostaría por introducir la población dependiente menor de 65 años, y no solo la mayor. El Govern también ve coja la propuesta del ministerio a la hora de tener en cuenta la exclusión social (parte de las personas paradas sin prestación por desocupación). En este sentido, la Generalitat cree que el hecho de tener en cuenta solo a las personas registradas en el paro “infravalora el peso de la población en riesgo de exclusión social” y propone tener otros elementos en cuenta como por ejemplo los hogares sin ningún empleado.

Dejar la despoblación de lado

Entre las variables correctivas está por primera vez la despoblación, como habían pedido las comunidades más despobladas (Galicia, Asturias, las dos Castillas, Extremadura y Aragón). La Generalitat cree que es un problema social que se tendría que abordar con otros mecanismos “fuera del modelo de financiación”. Tampoco ve con buenos ojos introducir los “costes fijos”. Además, critica que no se introduzcan dos de las propuestas que el Govern siempre ha pedido dentro de las variables correctivas: el nivel de renta y el índice de precios al consumo. 

En cuanto al peso de cada criterio, que Hacienda ha dejado en tenedores muy abiertos para poder negociar, el Govern ve “sobrevalorado” del peso de las variables correctivas.

La propuesta del ministerio y las respuestas de las comunidades abren el largo camino hacia la reforma del modelo de financiación, sobre la que hay muchas dudas. Por un lado, porque la mayoría de académicos coinciden en que se ha llegado a un sistema difícil de descifrar por su complejidad. Por el otro, por el clima político y el calendario electoral. “Pido altura de miras [al PP] para aprobar la reforma”, reclamaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes, consciente de que sus votos serán claves, porque el cambio de sistema requiere la mayoría absoluta del Congreso y los partidos vascos acostumbran a inhibirse del debate.