Energía

El gobierno desatasca la normativa de los parques eólicos marinos

Los criterios económicos pesarán un 70% a la hora de adjudicar los proyectos

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La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una imagen reciente.

MADRIDUn año después de aprobar el primer mapa de la eólica marina en el Estado, el gobierno español da luz verde al marco regulador de esta tecnología y que supone la definición de los criterios generales a la hora de adjudicar los proyectos. Se trata de un proyecto de real decreto que el ministerio de Transición Ecológica ha publicado este lunes que todavía no es definitivo (pueden presentarse alegaciones hasta el 25 de marzo). Los promotores que ya han levantado el dedo para instalar esta tecnología –sólo en la Costa Brava hay seis proyectos sobre la mesa– esperaban a que se publicara el año pasado.

Este marco regulador es importante porque sienta las bases de los concursos públicos y subastas para desplegar esta tecnología (se prevé que los primeros se abran este 2024). Los concursos establecerán los ganadores, la potencia máxima a instalar, el acceso a la red eléctrica y la ocupación del espacio marítimo-terrestre durante 30 años.

El promotor deberá cumplir con unos criterios. De entrada, económicos, que tendrán un peso de un 70% (la Generalitat quería que los criterios económicos no superaran el 50% de cara a decidir la adjudicación). También habrá "criterios no económicos" que podrán suponer "como máximo" a un 30% de la ponderación. Se trata de una balanza que fuentes de Parc Tramuntana, uno de los proyectos de eólica marina de la Costa Brava, ven "positiva" porque "encaja con lo esperado". Los criterios no económicos incluyen el impacto ambiental, el equilibrio con otras actividades como la pesca y la distancia con la costa, entre otros. Por lo general, que los criterios económicos tengan más peso beneficia a las grandes empresas frente a las pequeñas.

En el mapa publicado hace un año, se identificó la parte de costa española –incluidas Canarias y Baleares– que puede ser "potencialmente" utilizada para la instalación de aerogeneradores marinos para producir energía eólica: 5.000 kilómetros cuadrados (0,46% del total de las aguas que rodean al Estado) distribuidos en 5 demarcaciones y 19 polígonos.

Un concurso por cada zona

Cuando se apruebe el marco regulador –antes debe pasar por el consejo de ministros y el Congreso de los Diputados debe pasar por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)–, el ministerio de Transición Ecológica podrá empezar a publicar los concursos públicos de las zonas afectadas. Así, por ejemplo, será necesario publicar una orden específica para la Costa Brava. Una vez publicados se abrirá, "en algunos casos", un proceso adicional de diálogo público-privado, cuestión que para la Generalitat era primordial.

En cualquier caso, para llegar hasta aquí todavía quedan algunos meses. Además, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya planteó que el gobierno priorizará los concursos de las zonas con menor rechazo social, como Canarias. Sin embargo, la hoja de ruta de la eólica marina del gobierno español establece el objetivo de alcanzar hasta 3 GW de eólica marina y 60 MW de otras fuentes renovables marinas hasta 2030.

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