El Radar
Economía 18/07/2022

Guerra abierta entre las empresas de ‘motosharing’ de Barcelona

Competencia afirma que cuatro empresas operan como una sola compañía y el Ayuntamiento evalúa si apartarlas del servicio

5 min
Un usuario de los servicios de motos compartidas, en Barcelona.

BarcelonaEl negocio de las motos compartidas, o motosharing, ha vivido un boom en Barcelona desde que se implantó en la ciudad por primera vez en 2016. Y hoy, seis años después, el sector vive una guerra abierta.

La primera empresa que puso motos eléctricas para compartir en la capital catalana fue Cooltra, y su éxito provocó que toda una muchedumbre de empresas siguieran sus pasos. En 2020, justo antes de la pandemia, el Ayuntamiento de Barcelona intentó poner orden y tomó una decisión polémica: establecer un máximo de licencias para el motosharing (casi 7.000) y repartirlas a 21 empresas por igual, equivalentes a solo 331 motos para cada empresa. Los grandes operadores, como la misma Cooltra, pusieron el grito en el cielo asegurando que con tan pocos vehículos era inviable que el negocio fuera rentable. 

Pasados unos meses, y ya en plena pandemia, de las 21 empresas se bajó a 12: dos renunciaron y siete no presentaron suficiente documentación para acreditar que cumplían los requisitos. Esto dejaba sin adjudicar cerca de 3.000 licencias, de forma que el consistorio decidió repartirlas entre las 12 empresas que sí que habían cumplido las condiciones. Cada uno de estos operadores, por lo tanto, disponía ahora de 580 licencias.

Pero el problema no se acabó aquí. Algunos operadores están convencidos de que ha habido irregularidades: desde un principio denunciaron que había emprendidas creadas expresamente para poder presentarse al concurso de Barcelona.

La ACCO ve “una única empresa”

Ahora un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) puede abrir un nuevo capítulo. Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como una de las empresas del motosharing, Cityscoot, pidieron al ACCO que investigara a cuatro operadoras porque, supuestamente, estaban actuando concertadamente y, por lo tanto, vulnerando las leyes de competencia. Además, según las denuncias presentadas, estas cuatro empresas (TuCycle, Avant, OIZ y Eco-logica) en realidad estarían actuando en alianza con Reby, una empresa de movilidad urbana fundada por el emprendedor Pep Gómez.

El informe de la ACCO –al cual ha tenido acceso este diario pero no se ha hecho público– llega a dos conclusiones, básicamente: la primera, que “existen indicios suficientes para considerar que nos encontramos ante una única empresa” en lugar de las cinco que se han analizado. 

La segunda conclusión es que, en realidad, no hay nada en la actividad de estas empresas que sea sancionable desde el punto de vista de competencia, puesto que las actuaciones concertadas (como por ejemplo, pactar precios) solo son ilegales si las empresas son independientes las unas de las otras. Y en este caso, concluye el ACCO, “las empresas denunciadas [...] junto con Reby conforman una única empresa o unidad económica de decisión”.

Consultado por este diario, Pep Gómez, todavía presidente de Reby (a pesar de que vendió la empresa a principios de año ), argumenta que la única relación que tiene con las cuatro empresas denunciadas es como proveedor: “Les vendemos software, hardware y les hacemos servicios de gestión, como por ejemplo con multas”, explica. “Ni somos socios ni somos accionistas de esas empresas: son clientes nuestros”. Reby, de hecho, no se presentó con su nombre al concurso del motosharing de Barcelona, y Gómez asegura que no les interesaba: “No operaríamos nunca en una ciudad con 10 operadores”, dice. Para que este negocio sea rentable, argumenta, hace falta que haya un número menor de competidores.

El ACCO también recoge estos argumentos de Reby, pero asegura haber tenido acceso a “determinada documentación” que “pondría en entredicho que el único vínculo entre estas operadoras [...] fuera derivado de la compartición de un mismo proveedor [...] y que este vínculo iría más allá de una relación meramente contractual”. Como pruebas que el informe cita, por ejemplo, hay correos electrónicos de Reby donde se hablaba de información financiera y planes de negocio conjunto con las cuatro empresas investigadas y, además, con cuatro operadores más que estaban entre los 21 preseleccionados originalmente por el Ayuntamiento de Barcelona (Air Sharing, Global Mobility, Ecohibrid y Uualk). Por lo tanto, y según la versión de la ACCO, Reby podría haberse aliado inicialmente con hasta 8 empresas.

En el correo que tiene el ACCO “se hace específicamente referencia a un modelo de negocio agrupado que incluiría todos los operadores mencionados y Reby”. Y también se hacen “determinadas afirmaciones” que “inducen a pensar que la actuación de Reby no se limitaría a la de un simple proveedor [...] sino que ella misma es la que actuaría, mediante la interposición de otras sociedades, como operadora de servicios de transporte”.

El Ayuntamiento lo estudia

Con todo, el ACCO no ve un problema de competencia. El posible problema estaría en el hecho de que el contrato de adjudicación del 2020 prohíbe explícitamente que las empresas solicitantes forman parte “de un grupo de sociedades” de acuerdo con la definición que aparece en el artículo 42 del código de comercio.

Lo que hay que aclarar, por lo tanto, es si según la ley estas empresas se pueden considerar una misma empresa, lo cual Pep Gómez niega categóricamente. Y esto es importante porque, si se concluyera que son una sola compañía, los cuatro operadores podrían ser apartados y todas las licencias de las que disponen pasarían a los cinco operadores restantes.

Así, de los 21 operadores que había inicialmente en 2020, se podría pasar a solo cinco (puesto que, por el camino, algún otro ha abandonado la ciudad). Pero hay que esperar: una vez redactado el informe en marzo , el ACCO lo envió a los denunciantes (Cityscoot y el Ayuntamiento de Barcelona). Hoy en día, los servicios legales del Ayuntamiento todavía lo están evaluando para decidir qué hacen. 

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