"Es más probable que tengas un incendio en casa que un okupa"

CiudadelaLa intervención pública en el mercado inmobiliario es esencial para generar oferta de vivienda asequible, bajar precios, regular el alquiler de temporada y facilitar el acceso a la vivienda de la población residente. Lo defiende el economista, consejero insular, ex director general de Vivienda del Govern Balear y actual vocal asesor especializado en vivienda de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Moncloa, Eduard Robsy Petrus (Maó, 1976). Actualmente forma parte desde marzo de los grupos de trabajo que estudian cómo regular los contratos de alquiler turístico y de temporada.

Robsy ha atendido al ARA para desmontar algunos “mitos” que centran el debate público sobre el sector; como el hecho de que dejar libre el mercado ayudará a ponerlo todo en su sitio. La experiencia, recuerda, nos dice todo lo contrario y, de hecho, en los ocho años previos a la burbuja inmobiliaria que en 2008 hizo estallar la crisis económica, los precios de los pisos llegaron a multiplicarse por 2,2.

Otros fake sitúan a los fondos de inversión o al fenómeno okupa como los grandes problemas que agravan la búsqueda de un piso, cuando su peso –asegura– es muy relativo. Los fondos de inversión sólo controlan el 10% del parque inmobiliario y, con la estadística en la mano, dice, “es más probable que tengas un incendio en casa que un okupa”.

Robsy, que está en el grupo de trabajo que asesora directamente al presidente Pedro Sánchez, explica que el alquiler turístico “en algunos barrios de Palma o Málaga tiene más viviendas que residentes de alquiler”. También denuncia que el alquiler de temporada es “una modalidad que se está pervirtiendo y con consecuencias especialmente sangrientas en Menorca, donde apenas hay oferta para todo el año, y sobre todo en Barcelona, ​​donde la oferta de alquiler anual está quedando desplazada”. ¿Por qué se ha llegado a ese punto? Por el negocio creciente de alquilar más caro a turistas sólo en los meses de verano y, también, para “esquivar” las obligaciones del alquiler anual.

Falta y faltará (todavía más) vivienda

Sin embargo, el problema es que igualmente falta oferta de vivienda. Hasta 600.000 harán falta en todo el Estado a finales del próximo año, según el Banco de España. En lugares como Baleares, que han crecido demográficamente un 50% en los últimos 20 años, la necesidad será aún más extrema. El Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que en los próximos 15 años se agravará el trasvase de población a destinos turísticos como las Islas, que ganarán a casi un 19% de habitantes. En Cataluña, el crecimiento previsto será del 15,4%, también superior a la media estatal, que se prevé en torno al 10,6%.

La entrada de capital extranjero, que en algunas zonas de Baleares llega a suponer hasta el 30 por ciento de las operaciones, es un reflejo de la situación. Por eso, Robsy propone que el Gobierno "intervenga" el precio de la vivienda, "tal y como ya se ha hecho con éxito en Catalunya", donde en el primer semestre de año los precios han bajado entre un 3% y un 5%. Esta limitación, insiste el asesor, "debe ser siempre una corrección temporal, nunca indefinida, para dar tiempo a las demás medidas" estructurales que sí pueden influir en regular el mercado.

"Lo que está claro es que hay una gran desproporción entre la demanda y la oferta", remarca. "La oferta de compra es mucho mayor que la de alquiler, pero hay mucha más demanda de alquiler y ésta es más cara". Y, insiste Robsy, no se puede dejar todo en manos del libre mercado, porque “pese a hacerse de 700.000 a 800.000 pisos anuales en los años previos a la crisis, los precios en lugar de bajar van más que duplicar su coste en pocos años”.

La triple vía

Actualmente, apenas se construyen más de 100.000 en toda España y, con las proyecciones que hacen los expertos, queda claro –siempre según Robsy– que son insuficientes. Es por ello que el asesor considera que deben darse “tres fórmulas” de fomento de la vivienda que deberían discurrir en paralelo en los próximos años: vivienda social; colaboración público-privada, donde los ayuntamientos ceden o facilitan la adquisición de suelo a los promotores a cambio de que una parte significativa de la oferta sea de alquiler a precios asequibles, y un mercado libre, sin intervención pública, en el que se destine la oferta para clientes de mayor poder adquisitivo, como ya ocurre.

En España sólo el 2,5% vive en una vivienda con el precio limitado, mientras que en el resto de países de la UE vive el 9,3%, casi uno de cada diez. Mención aparte merecen Países Bajos (30%) o capitales como Viena, donde el 60% de las familias viven en viviendas con el precio limitado. En la controversia entre los dos derechos constitucionales, el de acceso a la vivienda ya la propiedad privada, Robsy remarca: "Hay espacio para exigir a éste último que, bajo determinadas circunstancias, pueda ajustarse a su función social. Podemos debatir si la vivienda es un derecho esencial o un bien de inversión, pero como producto turístico pierde su función esencial”. Y, por tanto, necesita ser regulado, concluye el experto.