Laboral
Economía 22/08/2022

Del salario mínimo al cálculo de las pensiones: el otoño de negociaciones de Díaz y Escrivá

Los salarios y las pensiones serán dos de las carpetas en materia laboral y de la Seguridad Social que marcarán el segundo semestre

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La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, en una imagen reciente.

MadridEste no será un otoño tranquilo ni para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni para el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. A pesar de haber aprobado medidas estrella como la reforma laboral, las dos carteras tienen que recoger la negociación con sindicatos mayoritarios y patronales alrededor de varias reformas en materia laboral y de la Seguridad Social: desde un nuevo acuerdo para el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta la segunda parte –no poco convulsa– de la reforma de las pensiones. Todo ello, en un contexto marcado por unos precios que continúan desbocados, con una previsión de inflación media para este 2022 de entre un 7% y un 8%, y unos salarios que, por el contrario, se mantienen estancados, lo que provoca una pérdida con cuentagotas del poder adquisitivo de muchos trabajadores. Estas son los trabajos pendientes de cara al nuevo curso:

Salario mínimo interprofesional

El Gobierno español se ha comprometido a hacer que sea del 60% del salario medio

2 de septiembre. Esta es la fecha fijada por Yolanda Díaz para reunirse con la comisión de expertos que hasta ahora ha analizado los incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI). El objetivo es que este grupo actualice sus recomendaciones sobre una subida del salario mínimo en 2023, que esta vez también abraza la ministra de Economía, Nadia Calviño. Según los últimos cálculos del ejecutivo, la nueva remuneración mínima tendría que rondar entre los 1.012 y los 1.047 euros al mes. Díaz quiere pactar con sindicatos y patronales una subida que ayudaría a proteger a los más vulnerables, como por ejemplo a las mujeres, los jóvenes o los trabajadores del campo, en plena escalada de los precios. En el último incremento se pasó de los 965 euros mensuales brutos en 14 pagas a los 1.000 euros al mes y solo se sumaron los sindicatos, mientras que la patronal se descolgó del acuerdo. Previsiblemente, pasará lo mismo, porque los empresarios se mantienen en "no aumentar" los costes laborales. El compromiso del Gobierno es que el SMI sea el 60% del salario medio, como marca la Carta Social Europea.

Estatuto del becario

El principal obstáculo se encuentra en la restricción del número de becarios

El Gobierno quiere acabar con la proliferación del fraude en los contratos de prácticas. Los dos ministerios arrancaron antes del verano la negociación para un Estatuto de Prácticas no Laborales, también llamado Estatuto del Becario. La intención es retomar las reuniones ahora en septiembre. Las negociaciones con los sindicatos y los empresarios estaban muy encarriladas, pero estos últimos continuaban mostrando reticencias alrededor del texto. "Si la patronal piensa que hay caminos que tienen que permitir el uso de la formación como fórmula de abaratamiento de los costes será difícil llegar a un acuerdo con ellos", advertía el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, a principios de agosto. La norma pretende ser la carta magna de este colectivo. Recogerá sus derechos como estudiantes en prácticas, compensaciones por los gastos que puedan tener mientras hacen las prácticas, como por ejemplo el transporte o las dietas, así como un seguimiento más exhaustivo a través de tutorías. Los obstáculos siguen siendo la limitación del número de estudiantes en prácticas en función de la empresa, así como evitar que hagan las funciones de un trabajador normal.

El estatuto del siglo XXI 

Díaz también quiere mejorar la ley de participación institucional

El otro reto de la ministra de Trabajo es adaptar el Estatuto de los Trabajadores a las nuevas profesiones. Para Díaz, este tiene que ser un texto "del siglo XXI" que deje atrás el Estatuto del siglo XX. "[El actual] tiene tintes autoritarios y franquistas. La democracia se quedó a la puerta de las empresas", ha llegado a decir la ministra. De hecho, uno de los objetivos de Díaz es reforzar el papel de los representantes de los trabajadores dentro de los órganos de decisión de una empresa, como por ejemplo los consejos de administración.

A la vez, el equipo de Díaz quiere mejorar la ley de participación institucional y el papel de los agentes sociales en el marco del diálogo social. Esta norma pasa por compensar económicamente a patronal y sindicatos por su participación como interlocutores. Aun así, Díaz y Escrivá tienen que regular la situación de las trabajadoras del hogar y los cuidados después de la ratificación en el Congreso del artículo 189 del OIT.

Cálculo de las pensiones 

Escrivá enviará una propuesta en septiembre

Si bien Escrivá ya se ha anticipado a la hora de sacar adelante algunos de los elementos de la segunda parte de la reforma de las pensiones, como por ejemplo el mecanismo de equidad intergeneracional, ha dejado para septiembre algunos de los puntos más conflictivos. El más importante: la ampliación del periodo del cómputo de años para calcular la pensión de jubilación. Desde la cartera de Escrivá reiteran que esto no se traduce en ampliar solo el cómputo de años, sino en "adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, previendo la posibilidad de elección de los años que integren la base reguladora a las carreras más largas". Es decir, que la extensión del periodo se pueda combinar con la elección de los años cotizados más favorables, sobre todo teniendo en cuenta que las nuevas vidas laborales no son tan continuadas, o excluir los años que se ha estado en el paro, como anticipó Escrivá la semana pasada. Además, el Gobierno español también se ha comprometido a revisar la base máxima de cotización.

Como el resto de los cambios vinculados al sistema de pensiones, se trata de hitos comprometidos con Bruselas a cambio de los fondos europeos. En este caso, la Comisión prestará bastante atención porque su preocupación es el impacto que pueden tener estas prestaciones sobre las cuentas públicas. La brújula de Bruselas es avanzar en la sostenibilidad del sistema de las pensiones y de la caja de la Seguridad Social.

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