Los sapos que traga Teresa Ribera en Bruselas

BruselasEs la Unión Europea más escorada a la derecha de la historia. En las elecciones de junio del pasado año, las formaciones conservadoras y de extrema derecha sacaron unos grandes resultados e, incluso, suman una mayoría alternativa a la gran coalición entre el PP europeo, socialdemócratas y liberales que han gobernado las instituciones europeas durante las últimas legislaturas. A nivel estatal, la situación es similar. Se pueden contar con los dedos de la mano los ejecutivos liderados por fuerzas progresistas y cada vez existen más gobiernos dirigidos o con un fuerte acento de extrema derecha.

En este contexto, el gobierno de Pedro Sánchez y la comisaria europea que envió a Bruselas, la exvicepresidenta Teresa Ribera, se encuentran casi sólo en algunas de las principales batallas políticas de los socialistas, como es la lucha contra el cambio climático y la transición verde. Así pues, a pesar de ser la segunda mujer más poderosa de la Comisión Europea, Ribera se encuentra con poco margen de maniobra para intentar minimizar la ola contraecologista que se esparce por todo el continente y ya ha llegado a las instituciones europeas.

La principal medida que agua la agenda verde de Bruselas es la que pretende simplificar los trámites administrativos y reducir la burocracia. La intención es disminuir el gasto en papeleo en unos 6.000 millones de euros anuales y aliviar la carga burocrática que deben afrontar las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas. La propia Ribera, que la presentó a la prensa la semana pasada porque es una iniciativa que cuelga de su cartera, se mostró "orgullosa" y "satisfecha" de una propuesta legislativa que pretende hacer más eficientes a las instituciones europeas.

Sin embargo, tal y como denuncian desde la misma familia socialdemócrata y varias ONG ecologistas, la disminución del papeleo que anhela Bruselas se pretende conseguir en detrimento de los requisitos medioambientales que exige en estos momentos la Unión Europea. Así pues, se eximirá de los controles climáticos al 80% de las empresas porque sólo estarán obligadas las compañías de más de 1.000 trabajadores y más de 450 millones de euros de facturación anual.

Además, se retira el mínimo de multa (un 5% de la facturación de la empresa) que se impone a las compañías que incumplen la directiva de requisitos medioambientales en sus actividades en terceros países. Y, entre otros, se reduce el alcance de los aranceles verdes, que finalmente sólo gravarán un 10% del total de empresas previstas inicialmente para importar productos de elevada huella ecológica y que suponen una contaminación superior a lo que se permite dentro de la propia UE.

Aunque esta propuesta legislativa recae directamente en el departamento de Ribera, que dirige Transición Neta y Competitiva, hay varias iniciativas más que ha impulsado al global de la Comisión Europea que también frenan la lucha ecologista de la UE. La más problemática ha sido la flexibilización de los límites de contaminación de los vehículos de combustión, que llevaban tiempo pediendo las patronales de la industria automovilística, o la reducción de controles ecologistas a los campesinos que quieran acceder a las ayudas de la política agrícola común (PAC).

De esta forma, Ursula von der Leyen ha propuesto esta semana el aplazamiento de tres años de la entrada en vigor de las sanciones a los fabricantes de coches que no cumplan con los estándares de emisiones de CO₂, lo que se prevé que ahorrará unos 16.000 millones de autos de las Euros de las multas. Y, en cuanto a la PAC, Bruselas plantea dejar de realizar algunos controles ecologistas en pequeñas y medianas explotaciones agrarias y, entre otros, promete evitar la prohibición de más plaguicidas si no hay otro alternativo en el mercado que sea igual de eficiente.

Poco margen de maniobra

Aunque estas medidas frenan claramente la ambición medioambiental de Bruselas, la realidad es la que es y Ribera tiene poco margen de maniobra dentro de la Comisión Europea y el global de las instituciones europeas. La socialista española se ha erigido en la principal voz ecologista de Bruselas, pero forma parte de un ejecutivo eminentemente conservador e incluso con algún miembro de extrema derecha, como el vicepresidente italiano Raffaele Fitto.

En este sentido, cabe recordar que cada estado miembro nombra a un comisario europeo –hay 27– y, aunque conformen el organismo ejecutivo de la UE, trabajan en total coordinación con los gobiernos estatales y el Parlamento Europeo, con los que deben negociar la gran mayoría de las propuestas legislativas. Por tanto, tal y como recuerdan fuentes comunitarias, Ribera se debe también a las mayorías de la Eurocámara ya los jefes de estado y de gobierno del bloque europeo, y no tiene más remedio que hacer equilibrios y remar a contracorriente en un contexto cada vez más derechizado. De esta forma, debe acabar aceptando que la Comisión Europea salga adelante algunas iniciativas que se contradicen con su discurso ecologista, incluso las que se impulsan desde su propia cartera.