Vuelos de deportación y freno a la regularización: Kast revierte la política migratoria de Boric

BarcelonaEl giro político de Chile hacia su era más conservadora desde los tiempos de Pinochet se empieza a materializar. José Antonio Kast, admirador del dictador y ganador de los comicios de otoño, ya ha puesto manos a la obra en una de sus principales promesas electorales: expulsar a todos los inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, a quienes relaciona con un supuesto aumento de la delincuencia en el país. Se trata de uno de los últimos episodios en que se establece una correlación entre origen y delincuencia –que los expertos niegan reiteradamente– y se produce en un país en que la percepción de inseguridad es más elevada respecto a otros países de la región, a pesar de que tenga unos de los indicadores de criminalidad más bajos del continente.

En su primer discurso a la nación este mes de abril, Kast presentó como una de sus "primeras metas" haber "empezado a cerrar" el país instalando zanjas, muros y tecnología de vigilancia en las fronteras, donde se jactó de haber desplegado numerosos efectivos del ejército y la policía en el marco de lo que ha bautizado como Plan Escudo Fronterizo. En la misma intervención, el presidente chileno anunció un primer vuelo de deportación de inmigrantes en situación irregular: el 16 de abril expulsaron a 40 personas.

El ejecutivo de extrema derecha ha asegurado que 44.000 inmigrantes ya tienen orden para ser deportados, y que el envío hacia sus países de origen se producirá pronto. Pero el afán de Kast va más allá. En campaña electoral prometió echar a 337.000 inmigrantes en situación irregular, todos los que hay en Chile, según datos oficiales. Para poder llevar a cabo vuelos de deportación, sin embargo, hace falta tener el aval del país receptor, y aquí Kast se puede encontrar con un escollo importante a la hora de implantar su promesa.

Según estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones chileno, el 75% de los residentes en situación administrativa irregular en Chile son venezolanos. Hasta ahora, las relaciones diplomáticas del país andino con Caracas estaban rotas, pero la apertura diplomática de Venezuela a raíz de la intervención y tutela de los EE. UU. –a quien Kast lame el agua– puede facilitar un entendimiento. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, ya ha apuntado en intervenciones públicas que está trabajando para restablecer las relaciones consulares y facilitar la salida de venezolanos del país.

Freno a la regularización

Durante los cuatro años de legislatura, el gobierno de izquierdas de Gabriel Boric mantuvo algunos vuelos de deportación, sobre todo de inmigrantes en situación irregular que habían delinquido. Al mismo tiempo, sin embargo, impulsó un proceso de empadronamiento para las personas que habían accedido al país de forma extraoficial. En declaraciones a la ARA, la directora del centro de estudios migratorios de la Universidad de Santiago de Chile, Adriana Palomera, remarca que no se trataba de una regularización equiparable a la que aprobó recientemente el gobierno español. En el caso chileno era una llamada a censar a todas las personas en situación administrativa irregular, con el objetivo de identificarlas, contabilizarlas y, al mismo tiempo, darles acceso a servicios básicos.

En un clima político y social cada vez más hostil hacia las personas inmigrantes, el ejecutivo de Boric hizo equilibrios para desvincular la inmigración de la delincuencia y, al mismo tiempo, advertir que quien no se acogiera al empadronamiento –presentado como voluntario– sería expulsado del país. Finalmente, se acogieron unas 180.000 personas, y a pesar de que la medida no diera acceso inmediato a ningún permiso de trabajo ni de residencia, era un primer paso para conseguirlo en un futuro. El mismo ejecutivo estudió un mecanismo que permitiera pasar del proceso de empadronamiento a una regularización, pero la legislatura se agotó sin una propuesta concreta.

Ahora, Kast ya ha dejado claro que no dará ningún paso más adelante en este sentido, a pesar de que organizaciones sociales y de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han instado en diversas ocasiones a acabar el proceso iniciado con el empadronamiento voluntario. En una dirección opuesta a esto, el nuevo inquilino del Palacio de la Moneda ha acusado reiteradamente a la población inmigrante de ser responsable de un supuesto aumento de la delincuencia en el país.

La paradoja de la inseguridad

En la última década Chile ha visto que la población inmigrada ha llegado a representar casi el 10% de la población, cuando durante muchos años fue tan solo un 2%, explica Palomera, que añade que en los últimos dos años la cifra se ha estabilizado. "Hay más inmigrantes que participan en delitos porque hay más inmigrantes en el país, pero no se ha producido un incremento porcentual", detalla. Las investigaciones académicas y los datos que se presentan desde los organismos oficiales de Chile niegan la relación directa que establece el ejecutivo de extrema derecha entre inmigración y delincuencia.

Además, las tasas de delincuencia se mantienen estables en la mayoría de los delitos en el país. Aun así, según una encuesta de Ipsos, el 49% de los chilenos señalan el crimen y la violencia como una de sus principales preocupaciones –y en los últimos años el porcentaje se ha elevado puntualmente al 65%–, situando Chile como uno de los países del mundo con más población preocupada por esta cuestión. Ahora bien, si nos fijamos en el delito más grave relacionado con el crimen y la violencia, el país andino tiene una tasa de 5,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas del continente. Solo Argentina, El Salvador y Canadá se sitúan por debajo, y el país también está a la cola en la mayoría de los indicadores de criminalidad.

¿Cómo se explica, entonces, que los chilenos estén tan preocupados por esta cuestión? Históricamente, la disonancia entre realidad y percepción en el país ya ha sido elevada, pero Palomera apunta dos factores que la han acentuado durante los últimos años. Por un lado, es cierto que Chile ha vivido un aumento de algunos delitos violentos, como los secuestros. Los homicidios, en cambio, bajaron un 10% en 2025, según InSight Crime. "En esta cuestión, hay que luchar contra el crimen organizado transnacional, pero no se puede responsabilizar a todo un grupo social", recuerda Palomera, que añade que menos del 5,3% de la población inmigrante es condenada por algún delito. Por otro lado, en el país, como en el resto del mundo, se ha normalizado el discurso contra los inmigrantes, "incidiendo deliberadamente en una percepción negativa de la inmigración y dejando de lado la aportación positiva, con una constante aparición en medios y redes de este tipo de discurso contrario", retrata la experta.

Esta mezcla de factores, sumados al caldo de cultivo que suponen las desigualdades sociales y económicas crecientes en el país y en todo el mundo, han favorecido el auge de la extrema derecha en el país, que ha conseguido extender la máxima de que la inseguridad que sienten los chilenos se debe a la población inmigrante. La formación de Kast, impulsada aún más en las urnas por la frustración generada después de la fallida del proceso de la reforma constitucional, tiene ahora cuatro años para desplegar su agenda xenófoba. Y ya ha puesto la primera piedra en el camino.