Johnson esconde la corrupción con la COP26, el Brexit y la guerra del pescado
El 'premier' hace frente hoy a un debate que tiene como centro las alegaciones contra un gobierno "políticamente corrupto"
Londres"El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente". La frase pertenece al historiador católico británico John Americh Edward Dalberg-Acton, que la acuñó en 1887 en el contexto de la discusión en el Concilio Vaticano I sobre el dogma de infalibilidad del Papa. Es aplicable a muchos entornos, el político también. Incluido en el considerado como sistema cuna de la democracia. Es decir, el Parlamento de Westminster.
Este lunes la Cámara de los comunes vivirá un debate especial que tiene en el centro de la escena las alegaciones de "políticamente corrupto" que se han hecho contra el gobierno de Boris Johnson. Lo más extraordinario del caso es que la acusación no proviene de la oposición laborista sino del exprimer ministro entre 1990 y 1997, el conservador John Major. El comentario lo espetó este sábado en una entrevista con la BBC. Una conversación que ha supuesto el punto culminante de la reacción contra lo que ha quedado a cuerpo descubierto una vez más: las vergüenzas de Downing Street, especialmente del premier y, en general, del Partido Conservador. Major incluso dijo que en las próximas elecciones se enfrentará al dilema de si votar o no a su partido.
Espectáculo y poco más
El miércoles la maquinaria propagandística de Downing Street hacía hincapié en todos los compromisos que salían de la COP26 mientras Francia y el Reino Unido vivían otro capítulo de la guerra del pescado en las aguas alrededor de la isla de Jersey y el secretario de estado del Brexit, David Frost, viajaba a Bruselas para continuar la pelea sobre el Protocolo de Irlanda del Norte, que los próximos días puede provocar todavía más tensión entre Bruselas y Londres.
En medio del fuego de distracción que no cesaba, desde Downing Street también salía la orden de votar a favor de una moción, presentada por Andrea Leadsom, exministra de Theresa May, para cambiar las reglas sobre cómo se vela por los estándares de conducta de los diputados. En caso de aprobarse, tal como pasó en primera instancia, se evitaba que un parlamentario tory, Owen Paterson, fuera sancionado con una suspensión de 30 días por haber sido encontrado culpable de violar las leyes antilobis. Paterson había servido en el gobierno de David Cameron en dos carteras ministeriales.
En la mencionada entrevista del sábado, Major decía también que el resultado de todo había sido "vergonzoso, equivocado e indigno de este o de cualquier otro gobierno", y que podría tener "el efecto de destrozar la reputación del Parlamento".
La comisaria de estándares parlamentarios, Kathryn Stone, había comprobado que, en nombre de dos empresas que pagaban un total de 10.000 libras al mes a Patterson (unos 11.700 euros), el diputado había incurrido a "incumplimientos graves" de las normas de conducta del Parlamento. La suspensión estaba cantada hasta que Downing Street dio la orden de votar a favor de la moción de Leadsom, que introducía el derecho a la apelación una vez se hubiera emitido juicio, procedimiento que ya había podido escuchar el afectado. En el caso de Paterson, implicaba en la práctica no suspenderlo, porque se tenía que formar un nuevo comité que elaborara un nuevo cuerpo normativo de conducta y de cómo se fiscalizan los parlamentarios.
Chantaje encubierto a los diputados
Desde el miércoles, ante la dimensión del escándalo, algunos diarios, como The Times, The Guardian o el Financial Times, se han abalanzado. La presión de los medios y las protestas de muchos electores a sus diputados provocaron un espectacular giro de 180 grados del gobierno el día siguiente, jueves, que revocaba la moción aprobada. La rectificación se saldó con la dimisión de su escaño de Owen Paterson. Incluso algunos comentaristas conservadores, como Fraser Nelson, del Telegraph y editor de The Spectator, han criticado duramente al gobierno por lo que solo se puede tildar de disparo a ambos pies.
Pero la gravedad de la crisis y el daño que puede causar a la reputación de Johnson todavía están por calibrar. Y más cuando todos los partidos de la oposición han pedido que se revisen los contactos que ha mantenido Paterson con algunas de las empresas que se han beneficiado de contratos de hasta 560 millones de euros para ofrecer algunos de los servicios que se han prestado debido a la pandemia.
Laboratorios Randox, una de las dos compañías que pagaban a Paterson, en este caso unos 8.800 euros al mes, recibió dos contratos para hacer tests de covid por valor de los mencionados 560 millones de euros. No se llevó a cabo el concurso público habitual. La urgencia de la crisis ha servido al ministerio de Sanidad y a la administración pública para justificar decisiones irregulares, que se han repetido en otros casos.
Además, a lo largo del fin de semana la prensa británica ha informado en cantidad suficiente de que la forma de presión de Downing Street a los diputados conservadores para que votaran a favor de la controvertida moción fue hacerles ver que si la rechazaban, el dinero que la administración destina a proyectos en sus circunscripciones quizás no llegaría. "Cash por votos". La supuesta independencia de los parlamentarios británicos de sus partidos, que es buena parte de la buena reputación del sistema, quedaba desmenuzada.
Acoso
En paralelo a este escándalo, el gobierno ha sido acusado de desprestigiar y promover a través de las redes sociales el ataque sistemático contra la comisaria Stone, que mantiene igualmente abierta una investigación sobre el coste y el origen del pago de la rehabilitación del piso del primer ministro en Downing Street, financiada inicialmente por un donante conservador. Se calcula que la factura es de más de 200.000 euros cuando, anualmente, el Tesoro Público solo sufraga renovaciones por valor de 34.000 euros. El asedio a Johnson también se mantiene para intentar averiguar el coste de las recientes vacaciones en Marbella, en una finca exclusiva propiedad de un donante conservador, padre del secretario de estado Zac Goldsmith.
Hay más todavía. Porque dentro del patrón de corrupción aceptada que plana por encima del Reino Unido y de la apariencia de honorabilidad de la política, The Sunday Times publicaba este domingo una lista de un mínimo de 22 miembros de la Cámara de los Lords que habrían obtenido el nombramiento desde 2010, después de haber satisfecho una donación de 3 millones de libras al Partido Conservador.
En función del agro verbal del debate de hoy –que formalmente tiene que servir para decidir qué se hace con el sistema de control de los parlamentarios–, y de si crece la presión contra Johnson a lo largo de la semana, se intensificarán, por un lado, los comunicados triunfantes que el gobierno emite desde la COP26 –no puede aparentar que acaba en fracaso, pase lo que pase– y, por otro, el nivel de beligerancia verbal contra Francia a raíz de la pesca en el Canal y contra la Unión Europea por el protocolo del Brexit.
Es la habitual estrategia de las fugas de Boris Johnson: señalar a los demás y esconder las vergüenzas. Lo más grave es que, de momento, no hay síntomas de que el apoyo electoral se resienta.
