Los kurdos de Suecia temen deportaciones después del acuerdo con Erdogan en la OTAN

EstocolmoDesde hace una semana, a raíz del acuerdo entre los gobiernos de Turquía, Suecia y Finlandia para facilitar la entrada de estos dos países nórdicos en la OTAN, los teléfonos de los responsables del Centro Cultural Kurdo en Estocolmo sacan humo. “Mucha gente nos llama preocupada. Me preguntan: «¿Me pueden deportar ahora? ¿Cómo afecta a mi situación este acuerdo?”, comenta Vefa Bedlisi, miembro de la junta del Centro. Y es que, entre los puntos del controvertido pacto, que se materializó el martes con la firma del protocolo de adhesión por parte de los embajadores de los 30 miembros de la Alianza, figura una gestión “ágil y completa” de las peticiones de extradición que hagan las autoridades turcas de personas residentes en Suecia que ellas consideran “terroristas”.  

Los miedos se han exacerbado después de que la primera ministra sueca, la socialdemócrata Magdalena Andersson, no haya desmentido las afirmaciones del gobierno turco respecto a su presunto compromiso de ejecutar todas las solicitudes de extradición que pida Ankara. “He sido ministra durante ocho años y nunca he hablado sobre lo que se dice en las negociaciones”, se ha limitado a comentar Andersson en su primera rueda de prensa desde la firma del acuerdo en la cumbre de la OTAN en Madrid. 

Críticas desde la izquierda

Dos de los partidos que apoyan gobierno socialdemócrata, la Izquierda y los Verdes, han criticado un pacto que puede minar seriamente la reputación de Suecia en materia de democracia y derechos humanos. “Además de las extradiciones, este pacto horrible incluye retomar la venta de armas a Turquía”, lamenta Hakkan Svenneling, portavoz del partido de la Izquierda. Finlandia y Suecia aplicaron un embargo de armas a Ankara después de su intervención militar en Siria en 2019. 

“Estoy muy triste. Yo había elegido venir a Suecia porque creía que era el país más democrático del mundo y que las leyes estaban por encima de la política”, explica Rukken Yetikaim, una demandante de asilo que llegó a Suecia hace cuatro años. Era alcaldesa de Yuksekova, una ciudad de cerca de 70.000 habitantes situada en la región de mayoría kurda en el sudeste de Turquía. Condenada a 19 y 36 años de prisión en dos juicios diferentes por su militancia política en el partido prokurdo HDP, se enfrenta a una posible petición de extradición de Turquía. Debido a la larga deriva autoritaria del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, la definición de “terrorista” en Turquía se ha ampliado hasta incluir a disidentes pacíficos y también periodistas. Ankara intenta acabar con el Partido de Trabajadores del Kurdistán (PKK) y cualquier movimiento que lleva décadas que lucha contra el estado turco por la soberanía de la región de mayoría kurda.

Una nueva lista negra

En los últimos años Ankara había pedido la extradición de 33 personas residentes en Suecia y Finlandia, pero ahora está preparando una nueva lista con 73 nombres. “Rukken no está en la primera lista, que ya conocemos. Pero no sabemos nada de la segunda”, comenta preocupado Bedlisi. Andersson ha dicho que no se deportará a ningún ciudadano sueco, marcando así una diferencia con los migrantes y los demandantes de asilo. Además de militantes kurdos, también están en el punto de mira de Erdogan los miembros del movimiento religioso liderado por el clérigo Fethullah Gülen, a quien el presidente culpa del golpe de estado fallido que sufrió en 2015. 

“El pacto también repercutirá en más cooperación entre los servicios secretos de Suecia y Turquía, y esto se puede traducir en el rechazo de muchas peticiones de asilo por el solo hecho de que alguien haya participado en una manifestación contra el régimen islamista turco”, advierte Amineh Kakabaveh, una diputada de origen kurdoiraní. A pesar de no haber vivido nunca en Turquía, Ankara también ha pedido su extradición. “Erdogan quiere destruir todo el pueblo kurdo, no solo los de Turquía”, remacha Kakavabeh.

La analista Gunilla Herolf, del Instituto Sueco de Asuntos Extranjeros, considera que los miedos que suscita el acuerdo son exagerados. “El gobierno ha dicho que no cambiará las leyes suecas, ni la definición de terrorismo. Además, la cuestión de las deportaciones depende de los tribunales, y seguro que las bloquearán”, sostiene Herolf. 

Sin embargo, los líderes kurdos señalan que ya existe un precedente: la expulsión hace poco más de un año de Resul Ozdemir, un joven demandante de asilo que Turquía acusó de ser miembro del PKK. Actualmente, Ozdemir, que todavía era menor de edad cuando llegó a Suecia, está encarcelado en Turquía mientras toda su familia reside en el país nórdico.

Impacto en Siria

Pero los kurdos de Turquía no serán los únicos que se verán afectados por el acuerdo. Erdogan sostiene que el PYD, el partido que gestiona Rojava, la entidad autónoma de mayoría kurda al norte de Siria, también forma parte del entramado del PKK. De hecho, uno de los puntos del acuerdo entre Ankara, Estocolmo y Helsinki es el fin de su apoyo a este gobierno autónomo. “Es una situación muy injusta, porque nadie ha derramado tanta sangre como nosotros en la lucha contra el Estado Islámico. Nosotros hemos hecho el mundo más seguro”, se queja Shiar Ali, representante del ejecutivo de Rojava en Suecia. Según este delegado, hasta ahora los dos países nórdicos han apoyado humanitaria, política y moralmente a la región kurda de Siria donde las milicias kurdas, con el apoyo de Estados Unidos, jugaron un papel clave en la derrota territorial del Daesh.

Se calcula que en Suecia viven más de 100.000 kurdos, que representan más del 1% del población del país nórdico. Además de Kakavabeh, hay cuatro diputados más de origen kurdo en el Parlamento sueco.