Internacional 26/11/2021

El nuevo presidente de la Interpol es un general de los Emiratos Árabes Unidos acusado de torturas

Diversas ONG hace años que advierten de que los regímenes autoritarios utilizan al organismo policial para detener a disidentes, opositores y periodistas

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El nuevo presidente de la Interpol, Ahmed al Raisi

ParísEl penúltimo presidente de la Interpol, el chino Meng Hongwei, protagonizó uno de los episodios más surrealistas de la historia del organismo que coordina a las policías de 195 países: en septiembre de 2018 desapareció en Lyon sin dejar rastro. Después se supo que había sido secuestrado por la policía china –la misma a la cual pertenecía– y detenido durante seis meses sin acceso a un abogado o a cualquier contacto con el exterior. Finalmente, en 2020 fue condenado a trece años de prisión por corrupción en un juicio con pocas garantías. Su desaparición fue un capítulo más del declive de un organismo internacional caracterizado por la opacidad y que a menudo es utilizado por regímenes totalitarios para perseguir y detener a opositores, disidentes y periodistas críticos.

El nuevo presidente de la Interpol, votado este jueves en una asamblea celebrada en Estambul (Turquía), refuerza las críticas que han lanzado en los últimos años ONG, académicos y políticos por los abusos en el uso de la llamada alerta roja de países como Rusia, China, Siria, Irán, Venezuela y Cuba. La persona que presidirá el organismo policial con sede en Lyon (Francia) durante los próximos cuatro años es Ahmed al-Raisi, un general de los Emiratos Árabes Unidos acusado de torturas y represión contra disidentes. Han hecho falta tres votaciones para que haya salido escogido. 

"Estamos profundamente convencidos de que la elección del general Al-Raisi tendrá consecuencias en la reputación de la Interpol y afectará enormemente a la capacidad del organismo para llevar a término de manera eficaz su misión”, advertía días antes de la votación la eurodiputada belga Marie Arena, presidenta de la subcomisión de derechos humanos de la Eurocámara, en una carta enviada a la Comisión Europea. La presidencia de la Interpol es en realidad un cargo más representativo que ejecutivo –quien realmente dirige el ente es el director general, el alemán Jürgen Stock–, pero la elección de una persona procedente de una monarquía absoluta para ocupar el cargo pone en evidencia la deriva de un organismo profundamente hermético. 

Opacidad

No hay estadísticas oficiales, no hay casi documentos públicos y solo algunas de las alertas rojas –las que emiten los estados para detener a personas que presuntamente han cometido delitos si pasan una frontera o son identificadas en cualquier país– se publican en la página web de la Interpol. "Las alertas rojas a menudo se han emitido con finalidades políticas contra disidentes, defensores de los derechos humanos y refugiados reconocidos", afirma Bruno Min, director legal de Fair Trials, una ONG de justicia internacional británica. Min considera "urgente" que la Interpol sea más transparente y que ofrezca estadísticas sobre las alertas: "Sin esta información, no podemos ver hasta qué punto los regímenes abusan de los sistemas y si las reformas impulsadas funcionan".

Según investigaciones periodísticas, la mayoría de las alertas rojas proceden de regímenes totalitarios o de países sin los estándares democráticos occidentales. Para poner un ejemplo que recoge el diario francés Libération, el 38% de las alertas rojas de 2019 las lanzó Rusia. El mismo año, Tayikistán, un país situado entre China y Afganistán que no llega a los 10 millones de habitantes, emitió 2.500. 

“El gobierno de Putin no es ni mucho menos el único régimen autoritario que tiene interés en utilizar la Interpol para perseguir a sus enemigos a través de las fronteras estatales. De hecho, el organismo de policía global se ha convertido en una herramienta crucial que amplía el alcance de muchos de los autócratas del mundo”, avisa Edward Lemon, investigador norteamericano del Kennan Institute, en una investigación publicada en el Journal of Democracy. Según Lemon, después del intento de golpe de estado en Turquía de 2016, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan emitió 60.000 alertas rojas, más de cuatro veces el total de avisos que recibe habitualmente la Interpol en un año. Otro ejemplo: en 2018, Venezuela reclamó la detención y la extradición a través de la Interpol del líder de la oposición Julio Borges, que se había refugiado en Colombia. “Si el autoritarismo se ha globalizado, la Interpol es una de las organizaciones que lo ha facilitado”, denuncia el investigador. 

La información sobre la Interpol es a menudo infranqueable. Interrogado por este diario sobre a qué candidato a la presidencia ha votado España o sobre si hay países que abusan de las alertas rojas, el ministerio del Interior español se ha limitado a decir que “el sufragio es secreto” y que no hace “valoraciones” sobre la cuestión de los abusos. Otras fuentes de Interior consultadas conocedoras de la Interpol admiten estas prácticas, pero aseguran que cualquier detención por una alerta roja de Interpol es examinada por un juez. “La Interpol está muy idealizada, pero no deja de ser un simple buzón de trámites entre estados”, aseguran las fuentes. “La extradición no es automática. Hay muchas medidas de filtro antes de cumplir las alertas rojas. El dosier siempre será estudiado por las autoridades judiciales del estado en el que se localiza a la persona antes de ser entregada”, afirman.

Alertas falsas

ONG y abogados de todo el mundo denuncian que, a pesar de los filtros y algunas reformas que se han hecho, hay muchos casos de activistas y de disidentes que han sido detenidos en países europeos por una alerta roja falsa. En muchos casos, finalmente han sido liberados sin ser extraditados, pero siempre después de haber pasado días –a veces semanas– detenidos. Otro de los puntos oscuros es la financiación. Según la investigación de Edward Lemon, en 2017 los Emiratos Árabes –el país de donde es el nuevo presidente– hicieron una donación a la Interpol de 50 millones de euros, el equivalente a casi las contribuciones que tienen que hacer todos los países del organismo.

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