El paso que ha dado esta semana el fiscal del Tribunal Penal Internacional, el británico Karim Khan, difícilmente conducirá al banquillo de La Haya a las personas por las que ha pedido formalmente una orden de detención internacional, en concreto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el titular de Defensa Yoav Gallant, además de tres líderes de Hamás.
Esto confirmará que las herramientas de la comunidad internacional para luchar contra los crímenes de guerra y el genocidio todavía son limitadas y selectivas. Hace algunos años un periodista árabe denunció que este tipo de tribunales están designados para actuar “contra negros y morenos”, y no contra blancos y rubios, por lo que los líderes occidentales están excluidos de los procedimientos y de la culpabilidad correspondiente. Netanyahu y Gallant pertenecen a la segunda categoría de la impunidad.
Aunque esperada, la noticia sacudió a las figuras políticas y jurídicas israelíes. La abogada del Estado ha dicho que no ve ninguna "base" legal en la decisión del fiscal de La Haya y los líderes políticos del gobierno y de la oposición han salido a defender a los dos políticos señalados por el fiscal.
En Israel, gobierno y oposición ven normal la muerte de decenas de miles de palestinos, la mayor parte civiles de todas las edades y condiciones. No sorprende que el discurso oficial diga que el fiscal Khan ha cometido un grave error para comparar a los líderes israelíes con los líderes de Hamás, como si los líderes israelíes estuvieran por encima de los crímenes de guerra y el genocidio.
Este discurso indica que el agresor fue Hamás, mientras que Hamás dice que los ataques contra los palestinos no arrancan el 7 de octubre sino que hay un montón de precedentes. Según Israel, el 7 de octubre hubo una cruel e injustificada agresión, mientras que Hamás dice que las agresiones israelíes son más antiguas y más letales.
![Un hombre protesta ante el Tribunal Internacional de Justicia](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
La defensa de Israel pasa por arrastrar a Estados Unidos una vez más a su causa. Como Israel, EEUU no ha firmado el Estatut de Roma. La Casa Blanca y el departamento de Estado han reaccionado inmediatamente diciendo que el TPI no tiene competencias en esta cuestión, implicando que el único foro internacional para abordar la crisis entre Israel y los palestinos es el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos veta sistemáticamente cualquier iniciativa para resolver el conflicto.
En Israel están seguros de que las diligencias de La Haya no prosperarán. No hay que olvidar que detrás de Estados Unidos están Reino Unido, Canadá, Australia o Alemania, es decir el conjunto de las grandes democracias occidentales que no dudan en apoyar a Israel haga lo que haga. Con este panorama, las posibilidades de que avance la decisión del fiscal son inexistentes en la práctica.
Algunos juristas han propuesto crear en Israel un tribunal que juzgue los casos señalados por el TPI. Esto significaría que este tribunal israelí declararía inocentes a Netanyahu y Gallant, y según el principio de que un delito no puede juzgarse dos veces, el TPI dejaría de tener competencias. En cualquier caso, las posibilidades de que prospere la iniciativa son nulas, especialmente si consideramos que la administración, el Congreso y el Senado de Estados Unidos están claramente en contra.
