Las tres (estrechas) rendijas para proteger el catalán en el audiovisual
Desde Junts se opta por desafiar al Estado con un decreto ley propio, mientras que ERC confía en negociar para revertir la situación
BarcelonaLa filtración del borrador de ley audiovisual que el gobierno central quiere llevar al consejo de ministros ha disparado de nuevo las alarmas, puesto que no se recoge ni una sola medida de las propuestas por la Generalitat para garantizar la protección del catalán, incluso después de la segunda ronda de alegaciones. En el centro de la polémica está el hecho de que la ley obliga a las plataformas a incluir obra española en sus catálogos, y también a financiar producciones locales, pero permite que todo este apoyo vaya exclusivamente hacia el audiovisual en castellano, puesto que no fija ninguna cuota obligatoria para las lenguas cooficiales.
A partir de aquí, se abren tres rendijas inciertas. Y los partidos del Govern no tienen una postura unitaria sobre cuál tiene que ser la prioritaria, sobre cuál permite clavar una palanca para abrir un boquete en el planteamiento uniformizador actual.
La primera es la de la negociación entre gobiernos. A pesar de que estamos ya en la fase in extremis –se creía que el texto podía aterrizar en el consejo de ministros este martes mismo–, fuentes de Esquerra consideran que todavía hay margen para introducir alguna previsión para el catalán. Uno de los negociadores de este asunto con el Estado con el que ha hablado el ARA detecta un cierto cambio de actitud negociadora en el cuerpo técnico con el que se ha estado hablando y atribuye el nuevo tono a la presión que se ha podido trasladar desde las más altas esferas, que incluyen a la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, y al propio president, Pere Aragonès.
La segunda rendija, si el texto finalmente es aprobado por el consejo de ministros, sería conseguir modificarlo durante la tramitación parlamentaria. Pero tanto ERC como Junts admiten que esta es la más impracticable de las vías. Consideran que, si el catalán se convierte en un asunto de discordia, al PSOE no le faltarán voluntarios dispuestos a aprobarle el texto, en referencia sobre todo al PP y Ciudadanos. Fuentes de Esquerra aseguran que si la ley queda finalmente como aparece en el borrador presente "esto marcará un antes y un después" en la relación con el PSOE. Pero el partido, de momento, no ha oficializado que esto tenga que conllevar la retirada de apoyo parlamentario a los socialistas. "Que nadie dé por seguro el voto de ERC para nada", ha advertido en rueda de prensa Gabriel Rufián, hablando sobre su apoyo a los presupuestos. Y, en este sentido, ha pedido pasos del ejecutivo en normas como la ley del audiovisual. Los republicanos, en todo caso, son conscientes de que su defensa de la mesa de negociación se complica, si no consiguen algún gesto de Sánchez en esta materia.
El Estado quiere seducir las plataformas
Uno de los problemas para introducir las medidas de protección al catalán es que el Estado está determinado a conseguir que Madrid sea la ciudad de referencia en el sur de Europa para las plataformas y no está dispuesto a violentarlas. Es significativo, por ejemplo, que el borrador solo les pide un 5% de su presupuesto como apoyo al audiovisual español, mientras que en Italia este porcentaje llega hasta el 17% y en Francia sube hasta el 25%.
Finalmente, queda la tercera vía, consistente en jugar al ataque e impulsar un decreto ley de la Generalitat donde se fije el apoyo que tienen que prestar las plataformas en streaming y de intercambio de vídeos al audiovisual. Esta es la opción preferida de Junts. Uno de los defensores de esta estrategia es el presidente del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher. "El Estatut nos permite aplicar directamente una directiva europea, si resulta que supera una normativa básica del Estado, como es el caso. Pues hagámoslo. Nosotros tenemos competencias compartidas en medios de comunicación, y exclusivas en materia de lengua propia. La capacidad normativa, cuando la tienes, la tienes que ejercer".
El principal obstáculo para esta solución es que el Estado, muy probablemente, recurriría el texto. Loppacher es consciente de esta posibilidad pero, aún así, cree que hay que intentarlo. "Incluso si lo recurren, puede pasar que lo suspendan... o que no. Y tenemos casos recientes en los que no lo han suspendido. Pues bien, si no lo suspenden, entonces puedes negociar. Y es muy diferente hacerlo teniendo una ley propia que partiendo de su norma básica".
Este decreto –redactado por el anterior secretario de Comunicación, Antoni Molons– está preparado, pero guardado en un cajón, puesto que Esquerra considera que la actualización de la ley, que data de 2005, se tiene que hacer siguiendo el trámite parlamentario habitual para conseguir el máximo consenso. "No perdamos el objetivo: lo que hace falta es introducir cuotas dentro de la ley general del audiovisual y hacer que las plataformas incluyan el catalán como lengua de uso, evitar la invasión competencial y mejorar la financiación del audiovisual. Es el objetivo que nos ocupa y no nos podemos distraer de este hecho", explica Oriol Duran, secretario de Comunicación. El texto incluso recibió el visto bueno del área jurídica de Presidencia. Y desde Junts se tiene el convencimiento de que quien dispara primero, dispara dos veces.
