De todos los casos judiciales que asedian al gobierno español, lo que afecta a José Luis Ábalos es el que tiene un efecto más corrosivo. En el PSOE son conscientes de ello y hace tiempo que nadie pone la mano en el fuego por Ábalos. Por el contrario, se da por descontada su condena, por lo que la línea de defensa argumental es que, como partido, no pueden hacer nada más después de expulsar y reclamar el acta al que fue todopoderoso secretario de organización, ministro de Fomento y hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez desde su ya mítica campaña de primarias contra Susana Díaz en el 2017. Por eso el PSOE ha aguantado este jueves la respiración mientras Ábalos comparecía en el Tribunal Supremo para declarar sobre el llamado caso Koldo, en referencia a su excolaborador y presunto jefe de una trama para cobrar comisiones a cambio de facilitar contratos de material sanitario con el sector público durante la pandemia. Según la Guardia Civil, Ábalos se habría visto beneficiado por la trama, al menos con el pago del alquiler de un ático para su pareja y con el uso de un chalet en la costa gaditana.
Como ha hecho siempre hasta la fecha, Ábalos lo ha negado todo ante el juez en una declaración que ha durado tres horas, y se ha comprometido a aportar la documentación que acredita que dice la verdad. La justicia, pues, tendrá que hacer el trabajo y discernir el grano de la paja y comprobar si las acusaciones que hacen tanto la Guardia Civil como el empresario Víctor de Aldama son o no reales. Lo que sí no ha hecho Ábalos este jueves es defender a su excolaborador, Koldo García, por lo que ya no niega la existencia de la trama corrupta en su ministerio, sino que simplemente intenta desvincularse. Sin embargo, el hecho es que este caso es una mancha para un gobierno que había llegado a la Moncloa gracias a una moción de censura contra el PP que se justificaba precisamente por una sentencia condenatoria por corrupción.
En el resto de casos, tanto el que afecta a la esposa del presidente como a su hermano, Moncloa y el propio Sánchez no tienen problema para señalar una relación de connivencia entre la extrema derecha, a través del falso sindicato Manos Limpias, que es quien presentó las querellas, y determinados jueces como Juan Carlos Peinado, por cierto, que este jueves debe vuelto a tomar una decisión insólita reclamando a la Moncloa un listado de todos sus trabajadores, en un intento de averiguar quién ha hecho alguna tarea para Begoña Gómez. No sería raro que ese listado acabe siendo publicado en algún medio de la órbita del PP o Vox.
En todos estos frentes judiciales, pues, se mezclan casos con base real, como el caso Koldo, con otros de un origen más que sospechoso y con un fuerte aroma de lawfare. Sin embargo, Sánchez debería tener cuidado, porque cuando ha intentado maniobrar en este campo, como por ejemplo con los correos de la pareja de Ayuso, el disparo le ha salido por la culata. Lo único que puede hacer es armarse de paciencia y desmontar uno a uno estos casos. Y rezar para que el caso Koldo no vaya más allá de José Luis Ábalos.
