El análisis de Antoni Bassas: 'Compra de la Casa Orsola: ¿política o gesticulación?'

Esta mañana nos hemos levantado con la noticia de que el Ayuntamiento de Barcelona ha comprado la Casa Orsola. Como han oído muchas veces estos días, se trata de un edificio del Eixample de Barcelona, ​​situado en un chaflán por donde pasa el eje verde de la calle Consell de Cent, lo que ha disparado el interés voraz de las inmobiliarias por conseguir los pisos y destinarlos a alquiler de temporada, por el que pueden ganar cuatro veces más que el que ahora se pueda estar pagando. Por eso, no se renovó el contrato a los inquilinos que llevaban años viviendo allí. Pues bien, el Ayuntamiento de Collboni ha comprado la casa a través de un instrumento llamado "fórmula social colaborativa".

A la espera de más explicaciones municipales, ¿los inquilinos que viven allí, seguirán viviendo? ¿O podrán venir nuevos? Porque el Sindicat de Llogateres ha dicho esta mañana en TV3 que la negociación se ha hecho a escondidas de los vecinos, quizá por una cuestión de discreción. En Barcelona se calcula que existen unos 3.900 edificios en situaciones similares. ¿Qué hará el Ayuntamiento, los comprará todos también? Es decir, ¿empieza una política decidida para acabar con la expulsión de la ciudad de barceloneses de clase media (o de lo que quedara) en lucha contra los fondos de inversión o se trata de acabar con el símbolo Orsola en forma de respuesta rápida de una administración, que suele ser lenta y atrapada en burocracias de justificación garantista? ¿O es un golpe de efecto? ¿O es un intento de lección en los Comunes? Porque la alcadessa Colau tuvo la opción de comprar la casa en el 2022, pero priorizó la compra de otros bloques –1.600 pisos en total, según Barcelona en Comú– a través del tanteo y retracto. Sea como fuere, estamos pagando la especulación inmobiliaria y décadas de falta de planificación y ejecución de vivienda pública.

Hablando de hechos consumados, terminamos la semana con la sorpresa desagradable que se ha llevado Junts esta mañana cuando ha leído Eldiario.es, que informa que el gobierno español no cederá a Cataluña las competencias de extranjería y control de fronteras, porque no sería constitucional. A cambio, ¿qué ofrece? Nunca lo dirían: café para todos. Según este diario, el gobierno español está elaborando una ley orgánica para que cualquier comunidad, no sólo Cataluña, pueda asumir competencias en materia de acogida e integración de inmigrantes. En Junts dicen que no sabían nada y se han quedado de piedra. Cuidado, porque si esto acaba así, el gobierno de Sánchez puede perder la votación (no vinculante jurídicamente) de la cuestión de confianza.

Buenos días.