La Audiencia Nacional certifica la financiación ilegal del PP valenciano

ValenciaLa Audiencia Nacional ha certificado hoy que el Partido Popular valenciano "financió sus campañas electorales [de los años 2007 y 2008] de forma tan absolutamente irregular que fue delictiva". De ahí que el tribunal condene al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa a 4 años de cárcel, una pena menor de la solicitada inicialmente por los atenuantes de colaboración activa y confesión. También han sido condenados el ex gerente del partido Cristina Ibáñez, con una pena de 3 años y 4 meses; el exvicesecretario de la formación David Serra, con 3 años y 8 meses, y la extesorera Yolanda García, con una condena de 4 meses. Por el contrario, el juzgado ha absuelto al exvicepresidente del gobierno valenciano Vicente Rambla.

En cuanto a los dirigentes de la red corrupta, los magistrados han condenado a 5 años y 3 tres meses de cárcel a Francisco Correa, jefe de la Gürtel; a su número dos, Pablo Crespo, le ha impuesto 5 años, ya Álvaro Pérez, el líder de Orange Market, la rama valenciana de la trama, le ha fijado una pena de 6 años y 9 meses. A todos ellos se les aplica la atenuante de confesión o colaboración activa, y en Correa, además, el de reparación del daño por permitir la repatriación de más de dos millones de euros que tenía en una cuenta en Suiza. También han sido condenados el trabajador Cándido Herrero, al que se le impone una pena de 5 años y 1 mes de cárcel, y el asesor financiero Ramón Blanco Balín, con 3 años. A los nueve empresarios que reconocieron los hechos se les sustituyen las penas de prisión por multas.

Rebaja de penas

La Audiencia Nacional ha aplicado en Costa casi la misma pena solicitada por la fiscalía, que a raíz de la colaboración del ex número dos del PP, la rebajó de los 7 años y 9 meses iniciales a 4 años y 3 meses. También se ha beneficiado de la disminución de penas Francisco Correa, quien, tras confesar los delitos, vio reducida la demanda del ministerio público de 22 a siete años. Del mismo modo, el tribunal rebajó sustancialmente las condenas de Pablo Crespo, para quien la fiscalía había solicitado 13 años y medio, y de Álvaro Pérez, para quien había pedido dieciséis y medio.

Costa señala Camps como máximo responsable

La comparecencia del ex secretario general del PP valenciano fue el punto álgido del juicio que se inició el pasado 15 de enero. En su declaración Costa reconoció que el PP financió con dinero negro los actos a través de aportaciones de algunos empresarios que tenían adjudicaciones con la Generalitat Valenciana.

El ex número 2 del partido apuntó a Camps, en ese momento presidente del Consell, como la persona que tomaba las decisiones, y pidió perdón por su participación. La declaración de Costa propició que la fiscalía anunciara que revisará el papel de Camps una vez finalice el proceso, pese a que el delito electoral habría prescrito.

En el mismo sentido, nueve de los empresarios acusados ​​admitieron su participación en la financiación irregular del PP valenciano a cambio de atenuar sus condenas. Se trata de los empresarios Antonio y Alejandro Ponsa, de la empresa Piaf, Enrique Gimeno (FACSA), Gabriel Batalla (Lubasa), Rafael Martínez y Tomás Martínez (Pavimentos Suroeste y CHN Obras), José Francisco Beviá, Enrique Ortiz y Vicente Cotino ( Sedez). Todos están acusados ​​de falsedad documental. Para todos ellos, la fiscalía mantiene su petición de menos de dos años de prisión sustituibles por una multa.

Tercera pieza separada del 'Gürtel' valenciano

El juicio por la financiación irregular es la tercera de las piezas separadas del 'Gürtel' valenciano que llega al juzgado. La primera fue lo que se conoce como 'caso de los trajes', juzgado en el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano (TSJPV), entre diciembre de 2011 y enero de 2012. Un jurado popular absolvió al expresident Camps y el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa porque no consideró probado que recibieran regalos a cambio de favores políticos.

Entre 2015 y 2016, con varios aplazamientos, el TSJPV acogió el juicio por el llamado 'caso Fitur', que juzgaba las irregularidades en la organización del pabellón de la Generalitat Valenciana en la feria de turismo entre el 2005 y el 2009. La sentencia condenó a la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez a nueve años de cárcel, Francisco Correa y Pablo Crespo a 13 años, y Álvaro Pérez a 12. El tribunal absolvió a la otra exconsellera investigada, Angélica Such, mientras que Milagrosa Martínez pudo evitar el ingreso en prisión pagando una fianza de 15.000 euros.