El cambio de un testigo clave podría dificultar la instrucción del caso Zaplana

ValenciaEl exgerente de Imelsa, una antigua empresa pública de la Diputación de Valencia, y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, ha declarado este miércoles al magistrado titular del juzgado de instrucción número 18 que él y su suegro manipularon y editaron las grabaciones que dieron pie a la investigación policial y judicial sobre la supuesta corrupción en varias administraciones del País Valenciano gobernadas por el PP, y que se incluyen en los casos conocidos como Taula e Imelsa.

Uno de los aspectos clave de la rectificación hecha por Benavent es la denuncia que ha presentado sobre el registro practicado en el despacho de Ramiro Blasco, su anterior abogado. Según el exgerente de Imelsa, la operación se llevó a cabo sin las autorizaciones preceptivas. En el registro, efectuado por la Guardia Civil, se encontraron los llamados papeles del sirio, que llegaron a las manos de Benavent a través de un imán de este país de Oriente Próximo y que incriminarían al expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana en supuestas prácticas corruptas relacionadas con la privatización de las ITV valencianas y del plan eólico autonómico. Una hipotética anulación de las pruebas obtenidas en el registro podría modificar la evolución de la investigación que afecta a Zaplana, porque los documentos confiscados fueron la base sobre la que se levantó la investigación.

Benavent ha comparecido este miércoles a petición propia junto a su nuevo abogado, Juan Carlos Navarro. Ha respondido únicamente a las preguntas de Navarro y ha rechazado las del juez y las del fiscal. Según han explicado a la agencia Efe fuentes judiciales, Benavent "ha cambiado su versión sobre las grabaciones" y ha afirmado que él y su suegro "cortaban y pegaban" los audios en los que se aludía a la manipulación de expedientes o al cobro y el reparto de comisiones a cambio de contratos con la administración. El exgerente de Imelsa y ex mano derecha del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, no ha negado que fue él quién realizó las grabaciones, pero sí ha dicho que las hizo de manera malintencionada, es decir, provocando determinadas expresiones en sus interlocutores.

Las mismas fuentes han explicado que Benavent no ha puesto en entredicho la veracidad de las conversaciones ni su objetivo. En este sentido, han recordado que el exgerente de Imelsa ya dijo que consideraba las grabaciones un "seguro de vida por si le pasaba algo", y que la "mala intención" con la que se realizaron ya se sabía. También han añadido que las grabaciones son en efecto fragmentos, pero que los extractos no están editados ni tienen cortes. En consecuencia, auguran poco recorrido judicial a la declaración y defienden que no propiciará ninguna instrucción adicional o paralela, sino que la validez de las pruebas se dilucidará en las habituales cuestiones previas que casi siempre preceden un juicio.

En la misma línea que su cliente, el nuevo abogado de Benavent ha presentado un escrito en el que cuestiona toda la prueba documental obtenida a partir de unas grabaciones que califica de "sustraídas", además de "no íntegras, manipuladas y alteradas". Según Navarro, después de la denuncia presentada en la Fiscalía Provincial por la entonces diputada de Izquierda Unida y actual consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, que fue quien aportó un lápiz de memoria con las grabaciones, se privó al órgano judicial "del control" y se practicaron diligencias que "supusieron una restricción de los derechos fundamentales". En este sentido, apunta a una "ruptura de la cadena de custodia" de las pruebas obtenidas.