Condenan a Alfonso Rus a cinco años de cárcel por contratar a falsos trabajadores en la Diputación de Valencia

ValenciaLa Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus a cinco años de cárcel por las contrataciones irregulares de las empresas públicas Imelsa (Diputación de Valencia) y Ciegsa (Generalitat Valenciana) durante los años de gobierno del Partido Popular. Se trata de la primera ocasión en la que el también exalcalde de Xàtiva ha sido considerado culpable después de que en octubre fue absuelto en un juicio por presuntas irregularidadesen la adjudicación de un centro de atención telefónica y telemática.

Rus, para quien la Fiscalía solicitaba 12 años de prisión, ha sido condenado por los delitos de malversación y falsedad documental. Sin embargo, la pena ha disfrutado de una notoria rebaja al aplicar los atenuantes de dilaciones indebidas. La resolución judicial también establece que el expolítico conservador deberá pagar, de forma solidaria con otros condenados, 356.554 euros a Ciegsa y 57.325 a Divalterra (compañía pública sucesora de Imelsa) en concepto de responsabilidad civil.

Además del ' exdirigente del PP, también fueron condenados 18 de las 25 personas acusadas. Entre ellos se encuentra el ex gerente de Imelsa Marcos Benavent, el autollamadoyonqui del dinero, y el ex secretario autonómico de Educación durante los años de gobierno del PP Máximo Caturla. Ambos han recibido la misma pena que Alfonso Rus. Por el contrario, el tribunal ha absuelto al antiguo subdelegado del gobierno español en el País Valenciano y exportavoz del PSPV a la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, para quien el ministerio fiscal solicitaba una condena de seis años de cárcel.

El acta de la jueza instructora de las piezas separadas B y F del bautizado como caso Tabla ya recogía que Alfonso Rus; su entonces jefe de gabinete, Emilio Llopis; el ex gerente de Imelsa Marcos Benavent, y Máximo Caturla habrían utilizado la empresa pública "en beneficio propio" y habrían contratado a trabajadores para pagar "favores solicitados por terceras personas". La mayoría de estos empleados tenían la condición de asesores de miembros del consejo de administración, entre ellos la asesora de Rafael Rubio, aunque no habrían realizado ningún trabajo para la empresa pública. En concreto, la jueza enumeraba a 12 personas que habrían sido contratadas por orden de Rus, como el exalcalde de Cofrentes Raúl Mateo o un jugador del Club Deportivo Olímpico de Xàtiva, entidad deportiva que presidía Rus.

Según consta en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que ha formado parte de la causa, las contrataciones de personal "se hicieron obviando el procedimiento que garantiza los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad, transparencia e imparcialidad", y tampoco respetaron las limitaciones impuestas en las leyes de presupuestos generales del Estado entre los años 2009 y 2014.