Condenan a la ex mano derecha de Rita Barberá

ValenciaLa sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al exvicealcalde de Valencia y ex mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, por financiar con fondos públicos y donaciones irregulares la campaña del PP de la ciudad durante las elecciones municipales de 2007.

La sentencia, que corresponde al juicio de la pieza A del caso Taula, considera que Grau es culpable de los delitos continuados de malversación y cohecho pasivos y le ha impuesto una pena de cuatro años y medio de prisión y nueve años de inhabilitación para ocupación de cargo público. La resolución también le obliga a pagar una multa de cinco millones de euros ya indemnizar al Ayuntamiento de Valencia con 388.150 euros. Con la sentencia conocida hoy, Alfonso Grau acumula ya dos penas, dado que ya fue condenado a nueve meses y un día por aceptar como regalo dos relojes de lujo de un empresario que había suscrito 16 contratos con el Ayuntamiento de Valencia entre en 2006 y 2015.

Del mismo modo, el tribunal ha condenado a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación al exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas, como cooperador necesario de un delito continuado de malversación . Si el exvicealcalde no pudiera hacer frente a la indemnización en el consistorio, el exgerente debería responder de forma solidaria con el pago de 210.000 euros. La resolución señala que tanto Grau como Salinas se han beneficiado de una reducción de las penas por la gran duración del proceso judicial.

Por el contrario, el tribunal ha absuelto por falta de pruebas a la exsecretaria del grupo municipal del PP Mari Carmen García Fuster y al exresponsable de la asociación Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), Juan Eduardo Santón.

388.150 euros de fondos públicos y donaciones irregulares de empresas

La sentencia considera probado que, aprovechándose de su cargo de concejal de Hacienda y vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia, Grau desvió fondos de la Fundació Turisme València para sufragar gastos de la campaña electoral del PP de 2007. En concreto, la entidad habría abonado 210.000 euros a la empresa que gestionaba la campaña electoral del PP, Laterne Product Council. También lo habría hecho CEyD, que habría transferido 178.150 euros. La sentencia afirma que estos pagos se efectuaron por decisión de Grau y que Salinas colaboró ​​en su ejecución. Los abonos se efectuaron bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se realizaron.

La resolución también considera probado que Laterne Product Council recibió fondos de varias empresas contratistas con el consistorio y que los abonos también se efectuaron bajo la apariencia de pagos por prestaciones que realmente no se realizaron. Según la sentencia, los empresarios dieron ese dinero para "significarse ante quienes podían seguir siendo responsables del gobierno municipal" y, así, "beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento".

Pruebas no concluyentes en la campaña de 2011

A diferencia de la campaña de 2007, el tribunal consideró que no han quedado probadas las irregularidades en la campaña de las municipales de 2011, que también estaba bajo sospecha. "La prueba existente y analizada no permite descartar que las facturas analizadas se correspondieran con trabajos efectivamente realizados", precisan los magistrados que también subrayan que el pago de gastos electorales con los saldos de la cuenta del grupo municipal popular se efectuaron "al margen de la contabilidad del PP y con incumplimiento de las exigencias de la legislación sobre financiación de partidos políticos y de la legislación electoral", pero no son punibles porque se cometieron cuando no eran constitutivos del delito de financiación ilegal.

Archivo del delito de blanqueo a los concejales y asesores del PP

En esta prenda llegaron a estar investigados medio centenar de concejales y asesores del Partido Popular de Valencia de la época de la exalcaldesa Rita Barberá por un delito de blanqueo de capitales cometido mediante el ingreso en las cuentas de la formación de 1.000 euros que, según sostuvieron los investigadores, se les habrían devuelto en algunos casos con billetes de 500 de origen desconocido. El archivo de esa parte también supuso el fin de la supuesta responsabilidad del PP como persona jurídica.