Contra la extrema derecha
El escritor italiano Antonio Scurati, autor de una monumental saga que recorre el auge y caída del fascismo italiano a través de la figura de Benito Mussolini, fue vetado en la RAI el pasado 25 de abril por ser una voz crítica con la primera ministra, Giorgia Meloni, y su partido de extrema derecha, Hermanos de Italia. El episodio saltó a la luz pública porque la presentadora se saltó el veto y leyó el texto que Scuratti debía leer. Este caso de censura a uno de los escritores más importantes de la Europa actual es sólo un ejemplo de lo que ocurre cuando estas formaciones ultras llegan al poder. Lo mismo se está viendo con Vox en los sitios donde gobierna. Sin ir muy lejos, el gobierno valenciano ha anunciado que prohibirá cualquier subvención a entidades que utilicen la fórmula "País Valencià". Scuratti explicaba en una entrevista en el ARA que el antifascismo es "el mito constitutivo de la UE" después de la Segunda Guerra Mundial para después advertir que "sin este fundamento el proyecto se hunde".
La gran cuestión de la Europa actual, y más a las puertas de las elecciones europeas, es cómo tratar a la extrema derecha. La fórmula del "cordón sanitario" se ha ido difuminando en los últimos años y solo se mantiene en Alemania, por su pasado, y lo hemos visto también recientemente en Portugal, donde los conservadores han renunciado a pactar con los ultras de Chega. El Parlamento vio cómo en el 2021 entraba por primera vez la extrema derecha con 11 diputados de Vox, y estos tres años se les ha aplicado el cordón con bastante éxito: se acordó que no se les dejaría entrar en la mesa ni presidir comisión alguna y que no tendrían al senador que les correspondía por designación autonómica, se han rechazado sus iniciativas legislativas y se ha hecho todo lo posible para minimizar su impacto. En las elecciones del próximo domingo existe el riesgo de que en el Parlament de Catalunya haya no una sino dos formaciones de extrema derecha, si finalmente se confirma la entrada de Aliança Catalana (AC). Sería, sin duda, una mala noticia que ha obligado a los partidos de matriz catalanista, es decir, el PSC, ERC, Junts, la CUP y Comuns, a renovar su compromiso firmando el acuerdo impulsado por Unidad Contra el Fascismo y el Racismo (UCFR).
Los firmantes se comprometen a no pactar "ni por acción ni por omisión" con estos dos partidos, lo que significa que tampoco están dispuestos a recibir sus votos en una eventual investidura. Aunque el candidato de Junts, Carles Puigdemont, se había mantenido con cierta ambigüedad hasta ahora, el número tres de la candidatura, Josep Rull, fue claro en el debate de TV3 cuando proclamó que su partido no pactaría con AC "ni por activa ni por pasiva". El acuerdo compromete a las fuerzas catalanistas pero sobre todo retrata a la derecha españolista de PP y Cs, que se han negado a suscribirlo. Hay que ser conscientes de que el objetivo de estas fuerzas no es aportar soluciones sino inocular el discurso del odio a lo diferente en las sociedades y polarizar identitariamente entre los de aquí (buenos) y los de fuera (malos). Y esto, para una sociedad diversa, inclusiva e integradora como la catalana, puede resultar letal.
