Más de la mitad de los presos tienen problemas de salud mental

Barcelona¿La prisión es un espacio adecuado para tratar a personas con patología mental? Tanto la dirección de Prisiones de la Generalitat como la entidad Justícia i Pau aseguran que no y piden más herramientas para diagnosticar antes las patologías que arrastran muchas de las personas que cometen un delito para que los jueces las puedan tener en cuenta a la hora de acordar o no el ingreso entre rejas o de validar si cumplen condena en régimen abierto o cerrado. Y es que la última radiografía que ha hecho la entidad partiendo del programa de salud penitenciaria del Instituto Catalán de la Salud dibuja una incidencia de las enfermedades mentales en las prisiones siete veces superior a la del resto de la sociedad: más de la mitad de los internos que cumplen condena en Catalunya arrastran algún tipo de enfermedad mental.

Los cuadros más frecuentes entre los reclusos son de ansiedad y trastorno de la personalidad, dos enfermedades mentales cada vez más presentes entre la población penitenciaria, según el estudio. Casi un 40% de los internos e internas sufren ansiedad y hay que hablar en femenino también porque, a pesar de que las mujeres reclusas suponen solo el 6% del total de presos, son las más afectadas por esta patología: más de la mitad la sufren y un 20% tienen diagnosticado un trastorno de personalidad.

A la hora de explicar esta incidencia más grande de las enfermedades mentales en las prisiones, los autores del estudio mencionan unos cuantos factores, como por ejemplo la progresiva desaparición de los centros de internamiento psiquiátrico, el aumento de personas sin recursos y en riesgo de exclusión social y el aumento del consumo de drogas. También alertan de que, por más esfuerzos que haga la administración de justicia para atender estas personas, la prisión no es el mejor lugar y a menudo acaban "hipermedicalizados": "Tenemos que reducir el régimen cerrado a supuestos muy graves", asegura la abogada Núria Sastre, una de las autoras del informe.

Sastre considera que hace falta más control en las prisiones, mejorar la atención a los "antecedentes familiares y personales" de los internos para poder diagnosticarlos antes y mejor, externalizar los centros psiquiátricos penitenciarios –en Catalunya todas las prisiones tienen su propia unidad psiquiátrica, en total 200 camas–, potenciar el régimen abierto que permite solo ir a dormir a la prisión entre semana "como opción preferente" para los internos con una enfermedad mental y los seguimientos una vez la persona ha cumplido la condena y es excarcelada. También es partidaria de evitar el régimen de aislamiento así como las inmovilizaciones, que "agravan la patología mental", y restringirlas únicamente a los "casos verdaderamente graves". Según el estudio, entre el 1 de mayo del 2021 y el 30 de abril pasado en las prisiones catalanas se acordaron 997 aislamientos, un 2,6% más que en el mismo periodo del 2020-2021, y se produjeron 382 regresiones de grado a un régimen penitenciario más duro, casi un 31% más.

Concienciar a la judicatura

Sastre también pide más formación y concienciación entre la judicatura a la hora de tener en cuenta la enfermedad mental de una persona que ha cometido un delito y cómo se tiene que abordar el tratamiento dentro y fuera de la prisión, tanto jueces como fiscales y abogados. Coincide con ello la Generalitat, que focaliza en este punto la crítica. "Cuando un chico con discapacidad mental acaba en la prisión es que falla todo", apuntaba Paula Montero, directora general de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat, en la presentación pública del estudio. Montero asegura que los jueces se tendrían que "asesorar" sobre el estado mental de los delincuentes antes de decidir si tienen que ingresar preventivamente o no en la prisión o de dictar la condena, como pasa en el ámbito de la justicia juvenil. "Esto ahorraría que muchas personas llegaran a la prisión".

Montero ha asegurado que, una vez dentro, el personal de tratamiento de las prisiones intenta evaluar a estas personas, hacer seguimiento y aplicarles los protocolos antisuicidio y de autolesiones. Y añade que se quieren crear más unidades especializadas para tratar las diferentes patologías de salud mental. "Nos preocupa y nos ocupa", ha concluido.