Todo el mundo tiene la mirada puesta en los altos tribunales, los que acaparan los grandes casos de relevancia política. Pero en Cataluña los jueces son un verdadero problema, no por una cuestión ideológica ni de interpretación de las leyes sino, básicamente, porque hay demasiados pocos. Entre 2016 y 2023 han crecido un 41% el número de casos que llegan a los tribunales catalanes, pero, en cambio, el número de magistrados que deben atender estos expedientes sólo ha crecido un 6%. Los juzgados de buena parte de Catalunya están en el umbral del colapso y, según reclama el departamento de Justicia de la Generalitat, haría falta cien juzgados nuevos, de los que confía en que se podrían crear la mitad en los próximos dos años.
El caso es que parte del problema es que hay muy pocos jueces catalanes, no porque esto tenga ninguna relación con el trabajo en sí mismo, que da igual si el magistral es de aquí como de otro sitio, porque la profesionalidad no se pone en duda, sino porque esto hace que los que hay en buena parte no estén arraigados y, por tanto, a la mínima que pueden, cuando han acumulado suficientes méritos, optan por irse a uno destino más cercano a su sitio de origen. Según datos de Justícia, sólo hay un 8% de jueces catalanes, mientras que la población catalana es el 16% de todo el Estado. La razón, según explican los expertos, es que no existe tradición de opositar en Catalunya y los juristas optan por otras salidas ligadas en buena parte a la empresa privada. Son opciones que más interesan que estudiar unas oposiciones que tardan cinco años en preparar de media y de la que, en los últimos años, hay menos de 200 plazas disponibles. El problema es tan grave que en el 2022 la Generalitat incluso activó un programa de becas para opositores a juez y fiscal con 50 plazas anuales y una duración de cuatro años.
El caso es que la falta de jueces es un problema social y económico, porque la tramitación de los expedientes se eterniza y eso tiene consecuencias que afectan al conjunto de la sociedad. El Tribunal Superior de Justicia ha reclamado al ministerio que introduzca incentivos económicos para hacer más atractivo el destino de Catalunya para los nuevos jueces o para retener a los que ya ejercen. No sería de extrañar, porque estos incentivos ya existen en el caso del País Vasco –pensados por el antiguo terrorismo de ETA– y también en el caso de la insularidad de Baleares y Canarias. Por el momento no hay respuesta por parte del Estado, pero el problema es grave, y en algún momento habrá que tomar medidas.
Ya hace años que se sabe que este problema es grave, y hay que remediarlo cuanto antes, porque el cuello de botella que son los juzgados es un tema serio que no se puede minimizar. No hace falta buscar excusas con el catalán: la Escuela Judicial ofrece cursos en todas las lenguas del Estado, y no es un elemento que los expertos consideren significativo, ni tampoco la situación política, que ahora, además, poco tiene que ver con lo que se vivió en el 2017. Ya había déficit antes del Proceso y sigue habiendo ahora. Se necesitan incentivos y más inversión para revertir la situación.
