Nuevas confesiones confirmarían los pagos de comisiones en la trama liderada por Zaplana

ValenciaTres nuevas confesiones, las de los empresarios Vicente y José Cotino, que han admitido que pagaron comisiones a cambio de las adjudicaciones de las ITV (1997) y del plan eólico (2003) de la Comunidad Valenciana, y la de Juan Francisco García, ex mano derecha de Eduardo Zaplana, que detalló que falseó las convocatorias que ganó la compañía Sedesa, desnudaron algo más los trapicheos de la trama que presuntamente dirigía el expresidente valenciano, y que habría conseguido un mínimo de 20 millones de euros a cambio de adjudicaciones a dedo de la administración.

Los sobrinos de Juan Cotino –exvicepresidente valenciano y ex alto cargo del PP fallecido en abril del 2020– han confesado este martes en una nueva sesión del juicio del caso Erial que su tío constituyó en Luxemburgo junto a los presuntos testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló y José Francisco García, las empresas Imison Internacional y Fénix Investments, que habrían servido para transferir las comisiones dadas a cambio de las adjudicaciones de las ITV. "[Mi tío Juan Cotino] me dijo que Imison Internacional era para el acuerdo al que se había alcanzado en 1997", ha señalado Vicente Cotino. El empresario también ha explicado que el pago de los fondos irregulares se realizó en 2005, una vez Sedesa vendió Valenciana de Valoraciones –la sociedad que gestionaba las inspecciones de vehículos–. La cifra pactada equivaldría a una participación del 30% de la compañía concesionaria, por la que los Cotino obtuvieron 43 millones de euros. Según la instrucción, Sedesa transfirió a Imison Internacioal 6,4 millones.

Quien también ha confirmado estas operaciones ha sido el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana, Juan Francisco García, quien ha explicado que "[Juan] Cotino me transmitió el interés [por las concesiones] en presencia de Zaplana" . También reconoció que aprovechó la presidencia de la comisión de adjudicataria de las ITV para diseñar una convocatoria que predeterminaba que Sedesa fuera la ganadora del concurso. "Se elaboraban para que tuviera los menos problemas posibles y estuviera en una situación de ventaja", reconoció. "Me reuní en varias ocasiones con José Vicente Álvarez [jefe económico de Sedesa) para desbrozar, canalizar y revisar el borrador del proceso de adjudicación", ha añadido García, quien también ha señalado que la redacción de la convocatoria fue lo suficiente "fina" para salvar los filtros de la administración.

Posteriormente, y en respuesta a la petición del presidente del tribunal, el magistrado Pedro Castellano, que ha reclamado al exjefe de gabinete de Zaplana que aportara algún ejemplo sobre cómo se falseó el pliego de contratación, el ex alto cargo detalló que incluyeron topes a las mejoras económicas y que exigieron la implantación de las empresas aspirantes en la realidad socioeconómica valenciana.

Pese a estos detalles, García –para quien la Fiscalía pide una condena de 14 años de cárcel por blanqueo, cohecho, falsedad y prevaricación– ha evitado relacionar al expresidente valenciano con la titularidad de los fondos escondidos en Fénix Investments. "Alguien le diría a Cotino que [Joaquín] Barceló y yo teníamos que ser beneficiarios de esas sociedades", aseveró. Según la instrucción, el ex alto cargo del PP habría recibido 2,1 millones de euros de Sedesa a cambio de falsear el proceso de adjudicación.

"Los 50.000 euros del despacho de Zaplana eran para gastos"

Mucho más beneficiosas para los intereses de Eduardo Zaplana han sido las declaraciones de su exsecretaria Mitsouko Henríquez, quien ha defendido que los 50.000 euros que intervinieron en Zaplana en su despacho eran para gastos del exdirigente del Partido Popular, como la compra de artículos o pruebas médicas. Por su parte, otro de los acusados, el empresario y amigo personal del expresidente valenciano Francisco Pérez López, desmintió que respaldara un crucero que disfrutó el exlíder conservador, tal y como confesó durante la instrucción de la causa. En la sesión de este martes, también declaró José Luis Olivas, que sucedió a Zaplana al frente de la Generalitat Valenciana durante 11 meses, y que se desvinculó de cualquier adjudicación del plan eólico cuando era conseller. "Venía todo predeterminado por una resolución", ha defendido.