La polarización amenaza a las instituciones del Estado

La política española ha entrado en los últimos años en una espiral de polarización que, lamentablemente, se ha filtrado a las principales instituciones del Estado, como la justicia. En condiciones normales, la imputación de un fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo debería ser motivo para su cese inmediato: ¿cómo puede alguien que marca la línea de todos los fiscales de España al mismo tiempo ser un presunto delincuente? ¿Cuál será el posicionamiento de la Fiscalía cuando el Supremo le pida su parecer sobre el caso que afecta a su superior, Álvaro García Ortiz? Pero la realidad es que las condiciones no son normales. La realidad es que la sala segunda del Supremo, que preside Manuel Marchena, hace ya tiempo que le ha declarado la guerra al gobierno de Pedro Sánchez, en concreto desde que aprobaron los indultos a los condenados por el Proceso. Por eso se oponen ahora a aplicar la ley de amnistía y hacen todo lo posible por ayudar al PP en su labor de desgaste del gobierno.

Porque lo cierto es que la causa que el Supremo le abre a García Ortiz por revelación de secretos en caso de que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso no se aguanta por ninguna parte. Recordemos que la Fiscalía hizo un comunicado para desmentir a Ayuso, quien había dicho que era falso que su pareja, Alberto González Amador, debiera dinero a Hacienda. Este comunicado confirmó lo que horas antes habían publicado varios medios, es decir, que González Amador estaba negociando con la Fiscalía declararse culpable de fraude fiscal por evitar una pena de prisión. El Supremo no puede imputar a García Ortiz por la nota porque la información que contenía (el nombre de la pareja de Ayuso y los términos de la negociación) ya había sido publicada en medios, pero sí puede investigar si fue el origen de la filtración. Pero claro, ¿cuántas filtraciones de sumarios y de información supuestamente secreta vemos cada día en los medios de comunicación? Si tuviera que anularse cada causa que sufre una filtración no se habría podido realizar ningún juicio importante en España en las últimas décadas. En el caso de la pareja de Ayuso, además, los periodistas que tuvieron acceso a la información pueden aducir la cláusula de conciencia y de secreto profesional para no revelar sus fuentes, por lo que la investigación conducirá indefectiblemente a un callejón sin salida. Esto hace pensar que el verdadero objetivo de Marchena es desgastar al gobierno español a través de la figura de García Ortiz.

Uno de los argumentos de Marchena es que la filtración podría afectar al derecho a la defensa de González Amador, abriendo así la puerta a anular la causa contra él. O sea, que en última instancia el resultado de todo ello podría ser la exoneración de un defraudador fiscal confeso y la condena a un fiscal general por desmentir una noticia falsa. Pero eso parece que a las dos Españas que se enfrentan en ese choque no les importa demasiado. Aquí lo único importante es derribar al enemigo, en este caso Pedro Sánchez, aunque por el camino se arrastre a las instituciones a un descrédito descomunal.