Pulseras telemáticas para reducir la prisión preventiva

BarcelonaLas probabilidades de que tiene un preso de volver a delinquir cuando sale de prisión aumentan si cumple la totalidad de la pena entre rejas. Según los últimos datos del departamento de Justicia, el 26% de los delincuentes que acaban de cumplir la pena en régimen ordinario (lo que implica estar las 24 horas en prisión) vuelven a delinquir, mientras que, de entre los que están en tercero grado (los que sólo se acuestan en prisión) o en libertad vigilada, sólo lo hace el 10%. La Generalitat lleva años apostando por el régimen abierto en las prisiones, pero en los últimos tres años este tipo de medidas han sufrido una regresión: sólo una cuarta parte de los internos de las prisiones cumplen la pena en situación de libertad, frente al 31,5% de 2020.

Ahora la conselleria ha preparado un plan de choque con 15 medidas para revertir la situación; no sólo a la hora de fomentar el cumplimiento de una parte de la pena fuera de prisión, sino también a la hora de reducir los ingresos preventivos entre rejas. En este último caso se fomentará el uso de pulseras telemáticas para que los jueces las tengan en cuenta como alternativa en el caso de delitos menores o el tráfico de drogas, donde a menudo el encarcelamiento se prevé como un mecanismo para evitar el riesgo de fuga .

Estas pulseras ya funcionan en Catalunya, sobre todo a la hora de controlar la libertad vigilada, pero ahora se quieren potenciar también en el ámbito de las medidas cautelares para reducir el volumen de ingresos entre rejas mientras se espera juicio. Ahora bien, ¿cómo se hará para que los jueces las valoren como alternativa a prisión provisional en delitos poco graves en los que lo único que se intenta minimizar es el riesgo de fuga? La Generalitat también tiene previsto poner en marcha este año un plan piloto para poner en marcha equipos de asesoramiento judicial (formados por un trabajador social, un psicólogo y un criminólogo) que proporcionen a los magistrados informes que les ayuden a decidir entre el ingreso o la pulsera . De hecho, la posibilidad de pedir este tipo de informes ya existe, pero en 2022 sólo se utilizó 78 veces.

Sin embargo, la conselleria es consciente de que el sistema de las pulseras tiene un riesgo: que se acaben utilizando no como alternativa a la prisión preventiva, sino en lugar de otra medida que ya prevé la ley y que todavía es menos restrictiva que las dos medidas anteriores, el sistema de obligar a los investigados a comparecer periódicamente en los juzgados para firmar y demostrar que siguen localizables. El departamento confía en que los equipos asesores también eviten ese extremo.

De hecho, otra de las medidas que la Generalitat pondrá en marcha ya en primavera es una aplicación que permitirá firmar de forma digital, como desde el móvil. Este aplicativo garantizará la ubicación de los investigados y su identificación biométrica. En este caso la medida, que supone la desaparición de las firmas en los juzgados, busca también descongestionar los juzgados.

Una cuestión (también) de ahorro

Según el departamento, un 42% de las personas privadas de libertad en Cataluña se encuentran en situación de prisión provisional (en el que el interno no accede a tratamientos de rehabilitación porque todavía no está condenado) o cumplen una condena por un delito con una pena inferior a los dos años de prisión. El primer argumento a la hora de reducir este tipo de internamientos en Cataluña es el de la reinserción. Pero detrás está también un motivo económico.

Según los cálculos de la Generalitat, el coste diario de un interno (teniendo en cuenta la comida y el personal que le proporciona el tratamiento) puede llegar a subirse a los 192 euros diarios. Es lo que cuesta un médico en la sanidad pública. Sólo contando los 1.663 presos que el pasado diciembre estaban provisionalmente en prisión a la espera de juicio, el gasto sube a los 53 millones de euros, teniendo en cuenta que este tipo de internos pasa, de media, 169 días a la cárcel.

A la hora de explicar el motivo por el que se recurre a prisión preventiva, la Generalitat tiene en cuenta la falta de alternativas para reducir el riesgo de fuga en delitos menores, por lo que plantea medidas como las pulseras o los equipos asesores . A la hora de explicar la regresión que se ha realizado en los terceros grados y el acceso a la libertad condicional, el departamento asume toda la responsabilidad. Aunque ve una influencia de la pandemia (que supuso eliminar los permisos o volver atrás algunos grados de cumplimiento), también admite que resulta más fácil mantener a los internos en régimen ordinario que establecerles un itinerario de tratamiento en semilibertad.

Ahora, sin embargo, se fomentará entre los equipos y las juntas de tratamiento –que son los que deciden la progresión de grado hacia un régimen más abierto– nuevos criterios de selección de los presos que pueden vivir en semilibertad: se ampliará el catálogo condiciones para ser candidato (para que más internos puedan acogerse) y se reducirán los criterios de exclusión. El departamento confía en que esto permita que se beneficien el doble de reclusos. También se homologarán los tratamientos toxicológicos en prisiones para que se puedan suspender las penas de hasta cinco años si se acredita que el delito se ha cometido precisamente por el factor de las drogas.

Entre las 15 medidas previstas por el departamento también se encuentra el refuerzo del personal para medidas penales alternativas o la posibilidad de que los internos que han cometido un delito de tráfico por conducir sin carnet se lo quiten en prisión. Pese a que las penas por este tipo de delito son bajas, el porcentaje de reincidencia es del 20%: con el cuarto antecedente, el conductor sin carnet ingresa en prisión, pero pasa poco tiempo y, cuando sale, lo primero que hace es volver a tomar el coche.