¿Por qué quieren frenar la amnistía en Puigdemont?
BarcelonaYa desde el principio se vio que el Tribunal Supremo pondría todos los obstáculos posibles a la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont y al resto de principales dirigentes independentistas durante el 1-O, pero especialmente al expresidente. Això ha donat peu a una batalla judicial llarga i farragosa que aquest dilluns ha viscut un nou capítol a la sala d'apel·lacions del Suprem, on tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat, juntament amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, han defensat que se li apliqui l'amnistia sense dilacions al considerar que no hi ha, tal com defensa el jutge Pablo Llarena, delicte de malversació pel mig. Boye, además, ha defendido que la causa ocurra en el TSJC y que sean los jueces catalanes los que decidan.
Recordemos que el Supremo, con Manuel Marchena al frente, ha puesto en marcha dos vías para retrasar al máximo la aplicación de la amnistía en Puigdemont. La primera, más genérica, es considerar la ley como inconstitucional, aspecto que deberá resolver el TC. La segunda, más capciosa, es considerar que Puigdemont cometió un delito de malversación, es decir, un enriquecimiento ilícito, y que esa figura penal no es amnistiable. Este lunes tanto la defensa como la Fiscalía han intentado desmontar esa tesis. "No se puede afirmar con seriedad que malversaron para beneficio personal", argumentó la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde.
El caso es que todo ello no es más que una maniobra del Supremo para ganar tiempo y ver si puede torpedear de algún modo la aplicación de la amnistía y esperar, por ejemplo, un cambio en el gobierno español que le facilite las cosas. Marchena y el resto de jueces conservadores saben que mantener a Puigdemont en el exilio evita la normalización política en Catalunya y es un factor de desestabilización para el gobierno de Sánchez. Y es cierto que hasta que Puigdemont y el resto de exiliados no puedan volver libremente a Catalunya no se podrá hacer política en condiciones normales, y la situación actual de impasse y un cierto empantanamiento se alargará. Catalunya necesita pasar página de la represión y del exilio, pero hay sectores muy poderosos en el Estado que lo impedirán hasta el último momento.
Ante este panorama no hay otra estrategia posible que seguir los procedimientos legales y actuar con paciencia y perseverancia. El Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, debe ir desbrozando el camino y superando todos los obstáculos legales que los Llarena o Marchena de turno vayan poniendo. Mientras, resulta destacable el grado de hostilidad entre una Fiscalía que ciertamente tiene una estructura jerárquica pero que no deja de formar parte del sistema judicial y unos jueces que, desde que se inició el Proceso, han creído ser una especie de salvadores de la patria y han actuado en consecuencia, con un desprecio absoluto por lo que dictaban el poder legislativo o ejecutivo.
