Las sospechas de corrupción amenazan la reelección de Ximo Puig

ValenciaDe desvelar la trama de sobornos a cambio de adjudicaciones y contratos en el Ayuntamiento de Valencia en los años de gobierno del Partido Popular en amenazar el futuro electoral de los socialistas. Este es el giro que ha dado el caso Assut, que lleva días monopolizando el debate político en la Comunidad Valenciana y que ha situado en el centro de la trama a José María Cataluña, que fue secretario de administración y finanzas del PSPV hasta el año 2004, pero que, según la Guardia Civil, prolongó su influencia hasta casi la actualidad.

Las revelaciones judiciales llegan en muy mal momento para los socialistas valencianos y su líder, Ximo Puig, quien, de no producirse ningún anticipo en el calendario, en mayo tienen examen en las urnas para intentar revalidar la presidencia de la Generalitat, que ostentan gracias al pacto con Compromís y Unidas Podemos. No lo tendrán fácil. Así se desprende al menos de la última encuesta del CIS, según la cual el PSPV se mantiene como primera fuerza, pero a poca distancia del PP, con una estimación de entre 32 y 45 escaños (para el PP pronostica entre 31 y 43).

Hasta ahora, los socialistas habían logrado salir ilesos de las dos investigaciones que han puesto en duda su gestión. La primera es la causa –aún abierta– que afecta a Francis Puig, hermano de Ximo Puig. El empresario está imputado por un presunto fraude en la concesión de ayudas de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés entre los años 2015 y 2018. Los tribunales deben aclarar si Francis Puig duplicó e hinchó facturas para justificar el cobro de las subvenciones . El segundo caso, y el más espinoso, se inició en 2018 ante la sospecha de que algunas empresas habían asumido los pagos de servicios electorales al PSPV y al Bloc –principal formación de la coalición Compromís– en 2007. Finalmente, la investigación se archivó en el 2019 porque no se confirmaron las irregularidades.

Ahora la justicia ha vuelto a poner en duda la financiación de los socialistas, también en los años 2007 y 2008 –una época famélica para un PSPV incapaz de hacer sombra al entonces todopoderoso PP, que copaba todas las instituciones–. En el epicentro de la investigación se encuentran José María Cataluña y el empresario Jaime María Febrer, que, según un informe de la Guardia Civil y varios testigos, abonó 615.000 euros (sin incluir el IVA) a varias compañías de publicidad y comunicación en nombre de los socialistas a cambio de que le allanaran la tramitación de varios planes urbanísticos. Los pagos habrían permitido sufragar todos los elementos de marketing de la campaña de la exministra Carmen Alborch –candidata a la alcaldía de Valencia– y de la exvicepresidenta de Zapatero María Luisa Rodríguez María Teresa Fernández de la Vega. Las comisiones abonadas también habrían servido para costear una campaña publicitaria de la formación regionalista Unió Valenciana con el objetivo de dividir el voto conservador y perjudicar al Partido Popular.

Intermediación con la Generalitat

Aunque las presuntas actuaciones se llevaron a cabo en 2007 y 2008, tres y cuatro años después de que Cataluña abandonara el cargo, la investigación ha desvelado que el ex secretario de administración y finanzas habría seguido ejerciendo de intermediario entre empresarios y el gobierno valenciano hasta casi la actualidad. En concreto, el político habría realizado gestiones con altos cargos del actual Consell en favor de constructores como Enrique Ortiz y Enrique Gimeno –condenado en el caso Gürtel por financiar al PP–. De hecho, y según una información del diario Las Provincias, en el 2016, en una de sus intermediaciones, Cataluña habría explicado a Gimeno que había hablado con Manolo Mata –en una posible referencia al hasta hace poco portavoz del PSPV en Les Corts y ahora abogado de Febrero– y "con la cabeza", una alusión que los grupos de la oposición aseguran señalar a Ximo Puig. En una otra información, el mismo periódico apunta que la trama habría pagado 2.400 camisetas de la candidatura de Puig a secretario general de los socialistas valencianos del año 2008, unos comicios que el entonces alcalde de Morella (Els Ports) y diputado en Les Corts perdió.

La magnitud de la polémica ha obligado a Ximo Puig a pronunciarse sobre el caso en varias ocasiones. En todas ellas, el líder del PSPV rehuyó cualquier responsabilidad y subrayó que Cataluña fue apartado del partido al destaparse el caso. Puig también ha afirmado que en el sumario "no hay nada que acredite que se haya producido desviación, ni de poder ni de dinero" y ha defendido la necesaria relación entre los ejecutivos y las grandes compañías. "Reunirse con un empresario no es un signo de corrupción, sino atender a las relaciones normales entre instituciones y empresas", aseguró.