El excomisario Villarejo admite por primera vez en sede judicial operaciones de la 'policía patriótica'

MadridEl excomisario José Manuel Villarejo acaba de reconocer, por primera vez en sede judicial, que operaciones de la llamada `policía patriótica´ fueron llevadas a cabo por la Dirección Operativa Adjunta (DAO) de la Policía, a cargo del comisario Eugenio Pino, y por la Unidad de Asuntos Internos (UAI), bajo responsabilidad del comisario Marcelino Martín-Blas, para “fastidiar a un partido político”, Convergencia i Uniò, así como “la inspección de un banco”, el Banco de Madrid, propiedad de la familia Cierco, siguiendo a su vez órdenes de sus superiores. Villarejo declaró por comisión rogatoria el pasado 19 de marzo de 2019 desde el juzgado de Arganda del Rey, Madrid, para responder a las preguntas cursadas por el juez del Principado de Andorra Manuel Santolarària Besolí, titular del juzgado número 2, quien investiga una querella por el delito de coacciones interpuesta por la familia Cierco, accionista de la Banca Privada de Andorra (BPA) y otra interpuesta por la defensa de la familia Pujol.

Higini Cierco, uno de los accionistas propietarios de BPA, presentó en octubre de 2016 querella criminal en la Batllia de Andorra (órgano jurisdiccional de primera instancia e instrucción) contra el comisario Marcelino Martín-Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía española (UAI), y el exagregado de Interior de la embajada de España en Andorra, el inspector Celestino Barroso. Cierco les acusa de delitos de coacciones y de chantaje a raíz de la operación que presuntamente montaron en junio de 2014 para obtener los datos de las cuentas bancarias de los familiares del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol i Soley en dicha entidad.

Los Cierco contrataron al abogado Javier Iglesias -el mismo que reunió en su despacho madrileño a Josep Pujol, hijo del expresident, y a Villarejo en febrero de 2014-, quien propuso que se citara a declarar al excomisario José Villarejo como testigo de cargo de las actividades de Martín-Blas y la Policía española. Villarejo asumió, según la querella, la autoría de cuatro notas internas reservadas, elaboradas entre el 1 de julio de 2014 y el 20 de enero de 2015, sobre la operación diseñada para hacerse con las cuentas la familia Pujol en BPA. Cierco aportaba en la querella un documento firmado por Villarejo el 2 de septiembre de 2016 ante el notario de Madrid José Manuel Senante Romero, protocolizado el 26 de septiembre de dicho año.

El excomisario aumía ser “el autor de diversos escritos que se le han mostrado por parte de los letrados que actúan en defensa de los señores Cierco, concretamente unas notas informativas con fecha 01-07-2014, 04-07-2014, 21-12-2014 y 20-01-2015, las cuales se refieren a diversas informaciones sobre Andorra, movimientos bancarios diversos, así como la referencia a las actuaciones en todo ello del comisario Marcelino Martín-Blas”.

Villarejo concluía: “Que en base a ello se pone a disposición de las autoridades judiciales andorranas y españolas para colaborar si así fuera requerido a ello”.

La querella proponía diversas diligencias entre las cuales destacaba la declaración del excomisario Villarejo en calidad de testigo, “el cual”, dice el escrito, “está dispuesto a comparecer en la sede de la justicia andorrana sin necesidad de citación a través de comisión rogatoria internacional”.

El hecho es que Villarejo no llegó a ser citado y por tanto no viajó a Andorra para prestar declaración. Y el 3 de noviembre de 2017 fue detenido en la llamada Operación Tándem por un presunto delito de blanqueo de capitales.

El 30 de enero de 2019, por fin, el lento recorrido de la comisión rogatoria andorrana llegaba a su punto destino. A España fueron cursados los documentos de la querella y las preguntas a realizar.

En el material (ver documentos anejos) se incluía dos informes de las operaciones de contravigilancia ordenadas a agentes de policía por el entonces responsable de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas, quienes registraron con fotografías y comentarios sus dos encuentros -6 de junio y 18 de junio de 2014- con el consejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel, en el hotel Villamagna, en el madrileño paseo de la Castellana.

El 26 de febrero pasado, la letrada de Administración de Justicia del juzgado y de primera instancia e instrucción de Arganda del Rey, Beatriz Alcolea Madinagoitia, recibía el exhorto y fijaba la declaración para el 19 de marzo a las 9,30 horas en el juzgado 7 ante la juez titular Esther Leo Abad a fin de trasladar a Villarejo desde la cárcel de Estremera.

El abogado del excomisario, Antonio García Cabrera, presentó un escrito en el que señalaba que su cliente "se encuentra enfermo e imposibilitado para el desplazamiento personal a fin de practicar la diligencia que solo podría practicarse por videoconferencia desde el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera)". Como prueba adjuntaba informes de los servicios médicos penitenciarios del 26 de febrero de 2019 donde se daba cuenta de "hipertensión arterial de larga fecha en tratamiento regular que ha presentado múltiples episodios de descompensación.

La solicitud de realizar la declaración en la cárcel de Estremera fue denegada.

El 19 de marzo de 2019 a las 10:30 horas Villarejo prestó, finalmente, declaración ante la juez Leo Abad y la letrada de la Administración de Justicia, Alcolea Madinagoitia.

Villarejo señaló que supo por terceros de los “encuentros en el hotel Villamagna de Madrid entre Joan Pau Miquel [consejero delegado de BPA] y la persona que se hacía llamar “Félix” y precisó que “Felix era un nombre operativo del antiguo comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas”.

Martín-Blas fue quien obtuvo en esas reuniones, según las notas de Villarejo, la información de las cuentas de la familia Pujol en la BPA, a finales de junio de 2014.

La sesión, cuya importancia reside en que Villarejo reconoce por vez primera en sede judicial, operaciones de la `policía patriótica', según la documentación de la comisión rogatoria a la que ha tenido acceso, en exclusiva, el diario ARA, se desarrolló así:

“Preguntarle si era conocedor de que el SEPBLAC [Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención y Blanqueo de Capitales o Unidad de Inteligencia Financiera de España, dependiente del Ministerio de Economía] había incoado una inspección en el Banco de Madrid”. El citado banco había sido comprado por BPA en mayo de 2010 y fue intervenido en 2015.

Villarejo respondió que lo sabía “por referencias”. Y añadió: “Que su función era captar información que materializaba en notas internas que sus superiores las tenían en cuenta o no para judicializarlas, por eso de estas informaciones tuvo conocimiento en esta condición y elaboró las notas oportunas”.

“Preguntarle si le consta quién ordenó la inspección”

Respuesta: “Que cree recordar que fue una operación política”.

“Preguntarle si le consta el por qué de la inspección [del SEPBLAC al Banco Madrid]”

Respuesta: “Que era para conseguir fastidiar a un determinado partido político [Convergència i Unió] y su banco [BPA] en beneficio del otro [Andbank, el banco rival].

“Preguntarle si le consta quién habría mandado a Marcelino Martín-Blas efectuar dichas actuaciones”.

Respuesta: “Que él dependía directamente del Director de la Policía y del Director Adjunto [Operativo, Eugenio Pino], no sabe quién se lo mandó, si uno, los dos… Que Martín-Blas era el policía de enlace con el CNI [Centro Nacional de Inteligencia] por lo que alguna de las instrucciones las recibía del director del CNI [Félix Sanz Roldán]”

“Preguntarle si le consta cuál era el interés de Marcelino Martín-Blas en encontrarse con Joan Pau Miquel”

Respuesta: “Que cree recordar que era para le facilitara datos de cuentas de la familia Pujol”.

“Preguntarle si la orden de actuar con Higini Ciero y con Joan Pau Miquel era responsabilidad única de Eugenio Pino”.

Respuesta: “Que cree que no, que no tenía capacidad para una orden de tal envergadura”

A continuación, se le exhiben a Villarejo fotos y notas del informe que recoge las reuniones mantenidas por Joan Pau Miquel con Martín-Blas en el hotel Villamagna en junio de 2014, fechas cercanas a la obtención de las cuentas de la familia Pujol

Respuesta: “Que es una nota de vigilancia de Asuntos Internos. Que cree recordar que fue en el hotel Villamagna. Que se los exhibió un funcionario de Asuntos Internos, un tal Fernando, que eran notas de vigilancia que Asuntos Internos había hecho para documentar las reuniones con Martín-Blas”.

Se le exhiben también una nota operativa sobre esas reuniones en el citado hotel Villamagna.

Respuesta: “Que eran unas notas informativas suyas, que no podría decir si el contenido es 100% suyo”.

Las cuentas de la familia Pujol en la BPA ascendían a 3,4 millones de euros y el pantallazo de las cuentas obtenido por la Policía española en junio de 2014 fue filtrado días más tarde a un medio de comunicación, el diario 'El Mundo'. La familia Pujol repatrió inmediatamente los fondos que tenía en BPA al Banco de Madrid sin obstáculo alguno por parte de los Cierco, lo que permitió la regularización de la situación ante Hacienda, a través de la presentación de declaraciones complementarias que evitaron incurrir en delito fiscal.