El análisis de Antoni Bassas: 'Estado de alarma con toque de Berlanga'

El domingo 9 de mayo será el último día del estado de alarma y el gobierno de la Generalitat tiene intención al día siguiente, el lunes 10 de mayo, de permitir que los restaurantes sirvan cenas en exteriores e interiores y que el toque de queda empiece una hora más tarde, a las 11 de la noche, y no a las 10 como pasa ahora.

Sin embargo, ya lo veremos, porque una cosa es lo que quiera decidir la Generalitat y otra lo que acaben decidiendo los tribunales. Y todo porque el toque de queda está legalmente protegido por el estado de alarma y el gobierno de Pedro Sánchez no lo piensa prorrogar. ¿Por qué? Porque quiere vender optimismo, porque quiere hablar de vacunas y de fondos europeos de reconstrucción y no no quiere hablar de toques de queda, porque a pocos días de las elecciones en Madrid, el próximo martes, no quiere ser el portador de limitaciones de libertad ante esta autoproclamada heroína de la libertad que es Díaz Ayuso y, por lo tanto, después de haber dicho que el estado de alarma era imprescindible para el toque de queda, ahora se sacude la responsabilidad de encima y dice a las comunidades autónomas que hay cogobernabilidad y que se espabilen. Y las comunidades autónomas, que ya ven que dictarán una medida y un juez se la puede cargar, y que tampoco están encantadas con la responsabilidad de tener que dictar restricciones, piden a Sánchez que no liquide el estado de alarma o, al menos, que decrete uno más suave, si es que esto es posible. Hay que decir que el hecho que un juez tenga que autorizar una restricción puede no tener mucho sentido sanitario pero tiene todo el sentido jurídico: la libre circulación de las personas es un derecho fundamental y un gobierno no la puede restringir sin más, y en este sentido los tribunales serían una garantía de protección de derechos si en España no viviéramos situaciones tan pintorescas. Por ejemplo, que ante la misma norma de un gobierno autonómico –toque de queda a las 11, por ejemplo–, un juez en Catalunya podría decir que sí a la Generalitat y decir que no al gobierno vasco, o a la inversa.

Todo ello es propio de una película de Berlanga, una mezcla de inseguridades jurídicas y de miedos políticos y electorales con una guinda de mundo a la inversa: el País Vasco o Catalunya pidiendo a Madrid que mantenga un estado de alarma. Cómo nos tenemos que ver.

Miren, uno puede entender que cuando se declaró la pandemia fue tan gordo que todo los gobiernos del mundo improvisaron y la mayoría naufragaron en un momento u otro. Pero de esto ya hace más de un año y, por lo tanto, este lío con la desescalada es impresentable. Porque ahora la culpa no es del virus sino de la gestión administrativa del virus. Pónganse por un momento en el lugar de un restaurador: ante el anuncio que el día 10 ya podrá servir cenas, ¿qué hace? ¿Llama a trabajadores que están en el paro o los saca de los ERTE y empieza a comprar comida y bebida a los proveedores habituales? ¿Y si resulta que un juez dice que no? ¿O que sí, pero hasta las 10 igual, o solo en terrazas? Esta inseguridad es inadmisible.

Nuestro reconocimiento para los que luchan en primera línea contra el covid-19, un recuerdo para los que sufren, para los presos políticos, para los exiliados, y que tengamos un buen día.