Opinión 10/04/2021

El análisis de Antoni Bassas: 'La justicia que vigila una identidad'

El estado español continúa construido sobre la incompatibilidad con la identidad catalana. Es esto todo lo que les quita el sueño, lo que vigilan y lo que reprimen, como aquel que reprime una disidencia

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El once de septiembre de 2013 un grupo de ultras de extrema derecha irrumpieron con violencia en el acto de la Fiesta en el Centro Cultural Blanquerna de Madrid, donde está la sede de la Delegación de la Generalitat. Los acusados del asalto están condenados a más de dos años de prisión (entre 2 años y 7 meses y dos años y 9 meses), la condena está ratificada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, y todavía hoy, casi ocho años después, ninguno de ellos ha pasado ni un solo día en la prisión. Ayer la Audiencia Provincial de Madrid volvió a suspender la entrada en la prisión de diez de los catorce ultras condenados. De los otros cuatro, dos están fugados y dos más pendientes del indulto que han solicitado. El tribunal argumenta que habrá que esperar a ver cómo prospera el recurso en el Tribunal Constitucional. Ya es la segunda vez que los jueces suspenden el encarcelamiento de los asaltantes.

Han pasado casi 8 años y aquel acto ha quedado impune.

De manera que esto que se ve en la pancarta, “Blanquerna style”, ya podemos decir que tiene otro sentido: “Estilo Blanquerna”, y quiere decir que un independentista catalán se está en la prisión sin que la justicia se espere a ver si prosperan los recursos que haya presentado. “Estilo Blanquerna” quiere decir que a un CDR se le puede acusar de terrorismo y una vez escarmentado se lo suelta por falta de proceso y dos años más tarde se le da la absolución y ya está. En resumen, que en España ser de extrema derecha y atacar símbolos catalanes no solo no tiene reproche penal efectivo, sino que tiene amparo legal. 

Por si hacen falta más demostraciones, ayer mismo, mientras los fascistas condenados de Blanquerna no entraban en la prisión, el Tribunal Supremo confirmó que la Universitat Pompeu Fabra vulneró la “neutralidad política” cuando aprobó un manifiesto que rechazaba la sentencia del Procés. Fue en otoño de 2019, cuando, una semana después de la sentencia del 1-O, las universidades públicas impulsaron un manifiesto que expresaba “rechazo a las condenas de los presos políticos”. Como faltaba poco para unas elecciones, la justicia concluyó que el manifiesto era “partidista”, que Pompeu Fabra “se apartó de la objetividad” y vulneró la ley electoral –que dice que los poderes públicos no pueden influir en las elecciones–. Esto es censura y más tratándose de un claustro universitario que tiene perfecto derecho a posicionarse sobre lo que quiera, nos guste más o menos. Y si no nos gusta, lo criticamos. La sentencia llega a decir que una universidad pública no tiene libertad ideológica. 

La justicia española no puede tolerar que nadie hable de presos políticos, aunque hable de ello la ONU, el departamento de Estado y Amnistía Internacional. Y allá donde ve una opinión contraria actúa reprimiendo al disidente. ¡Si solo fuera esto! Es que demuestra un cuidado especial con el tratamiento a la ultraderecha, sobre todo cuando la ultraderecha se comporta como un pelotón contra símbolos catalanes. Pasan las décadas y el estado español continúa construido sobre la incompatibilidad con la identidad catalana. Es esto todo lo que les quita el sueño, lo que vigilan y lo que reprimen, como aquel que reprime una disidencia. 

Nuestro reconocimiento para los que trabajan en primera línea del covid-19, un recuerdo para los que sufren, especialmente para Dolors Sabater, que está ingresada, para los presos políticos, para los exiliados, y que tengamos un buen día.

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