A veces, una buena respuesta social no es una buena respuesta política. Bajar el IVA de los carburantes es una de las respuestas más habituales –y mejor recibidas por la ciudadanía– cuando el coste de la vida sube, como estamos viviendo por el estallido de la guerra en Irán. Su efecto es inmediato y visible y, por ello mismo, se convierte a menudo en una de las opciones a tomar por parte de los gobiernos. Pero, como ha advertido Bruselas, que ha cuestionado la rebaja de Sánchez, no solo se ha de poner en duda su legalidad, sino también sus efectos. ¿Hasta qué punto este tipo de medidas se han convertido en una respuesta casi automática ante los episodios de inflación sin tener en cuenta sus costes y beneficios, en comparación con otras alternativas políticas menos vistosas, pero quizás más efectivas?No es difícil entender por qué las rebajas del IVA son atractivas. En un contexto como el actual, marcado por el encarecimiento de los carburantes, reducir el IVA se traduce directamente en un precio más bajo en la gasolinera. Es una medida fácil de explicar, que llega a todo el mundo y que se percibe de inmediato, lo que la hace especialmente tentadora para los gobiernos. Pero esta misma simplicidad también es su límite: no todos los hogares se benefician igual, y a menudo acaban favoreciendo más a quien más consume. Además, al abaratar artificialmente el precio, las medidas reducen los incentivos para ajustar el consumo en un contexto en que los precios energéticos se mantienen elevados y sin perspectivas claras de reducción.Esta lógica no se limita a los carburantes. En España, una parte importante del apoyo público a los hogares se articula a través del sistema fiscal, en forma de deducciones y reducciones que benefician sobre todo a las personas que tienen suficientes ingresos para poderse aprovechar de ellas. Es el caso, por ejemplo, del mínimo por descendiente, que se traduce en un ahorro fiscal solo para quien tiene suficientes ingresos para tributar. Mientras tanto, instrumentos más directes y potencialmente más redistributivos, como el ingreso mínimo vital o el bono social, continúan sin llegar a una parte importante de los hogares que los podrían necesitar. El resultado es un sistema que combina ayudas amplias pero poco precisas con otras mejor orientadas pero con problemas de acceso.No son, por tanto, casos aislados. Nuestro sistema fiscal ha ido acumulando todo un conjunto de beneficios –tipos reducidos y superreducidos de IVA, deducciones y exenciones– que, lejos de formar un sistema coherente, reducen su recaudación y la capacidad redistributiva del sistema. Son mecanismos que llegan a muchos pero que a menudo redistribuyen poco, y que acaban funcionando más como descuentos generalizados que como instrumentos de política social. En este contexto, cada vez hay más consenso sobre la necesidad de revisar estos beneficios fiscales y reforzar instrumentos más directos y mejor orientados.El problema no es la falta de instrumentos, sino cómo los usamos. Priorizamos medidas visibles que ayudan de manera difusa, mientras que las más eficaces a menudo no llegan. El reto no es añadir más ayudas, sino conseguir que las que funcionan sean las que se aplican. Tanto si son populares como si no.
