Un clásico moderno. Un titular de este diario dice así: "El Congreso veta el uso del catalán en la cámara baja". El PSOE se ha aliado con los partidos de la derecha para rechazar por enésima vez la reforma del reglamento propuesta por las minorías territoriales y Unidas Podemos para que se pudieran utilizar las lenguas cooficiales en las sesiones parlamentarias del Congreso. Tanto la catalana Meritxell Batet como su sustituto a la presidencia de la sesión, Alfonso Gómez de Celis, llegaron a cortar la palabra a los oradores que se expresaron en sus lenguas, obligándolos a abandonar la tribuna, sin la más mínima deferencia, dada la singularidad del debate. Ni José Bono se atrevió a hacer esto. Doy fe de ello.
A estas alturas causa cierta fatiga tener que explicar según qué cosas. Figura que España es un estado compuesto y plurilingüe. Pero, a pesar de que la Constitución reconoce la diversidad de lenguas e incorpora un principio favorable al pluralismo lingüístico, pues permite que las lenguas no castellanas sean oficiales en sus territorios, junto con el castellano, también introduce una clara distinción entre el castellano –que es oficial en todo el Estado y que es obligado de conocerlo– y el resto de lenguas de los territorios que disponen de ellas. Se trata, pues, de un reconocimiento más bien escaso de los hechos diferenciales lingüísticos, especialmente teniendo en cuenta la atávica postergación de lenguas como el catalán, el vasco o el gallego, excluidas durante siglos de la vida institucional, social o educativa en los territorios en que se originaron. En esto, la Constitución de 1978 sigue una lógica similar a la de la Constitución de la Segunda República, no nos engañemos. En el sentido de consagrar un derecho lingüístico prioritario respecto a los castellanoparlantes a consecuencia de la incidencia de su derecho tanto en las áreas de habla castellana (monolingües) como en las áreas no castellanoparlantes (regiones bilingües), además de que el monolingüismo es presente en todas las instituciones estatales, que se supone que son comunes o generales.
En otras palabras, esto es la expresión indudable del supremacismo lingüístico del castellano. A partir de aquí, se afirma que el castellano es la "lengua común" de todos los españoles, a pesar de que no sea la lengua materna de todos ellos, y que en las instituciones comunes no se puede usar más que en algunos casos de forma testimonial, caso del Senado, supuesta cámara territorial. Esto responde obviamente a inercias históricas, pero también al propósito nada disimulado de preservar un vínculo de unión política a través del castellano, considerado de capital importancia. No tanto al peligro de desuso de una lengua global hablada por más de 500 millones de almas. La resultante de esto son los continuados conflictos en la escuela, la ausencia del catalán en un ámbito como el judicial (¡quizás se podría imponer el 25%!) o las reticencias para hacer presente, aunque sea de forma limitada, las lenguas distintas del castellano en ámbitos administrativos o en instituciones como las Cortes Generales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial...
Esto explica que en su día algunos Estatutos y leyes autonómicas se esforzaran por otorgar a sus respectivas lenguas la condición no solo de "oficiales", sino también de "propias" y "preferentes" en el uso en determinados ámbitos administrativos y de los medios de comunicación públicos. Era una forma que tenía que permitir que se derivara un criterio a favor de la "normalización" de las lenguas minorizadas, de forma que la cooficialidad no implicara el uso simultáneo de las dos lenguas, sino que ambas pudieran acontecer oficiales por sí mismas: una como lengua propia, al ser originaria del territorio, y la otra como lengua del Estado, con objeto de proteger los derechos personales de los castellanoparlantes en todo el Estado.
A pesar de algunos pronunciamientos favorables del TC, hay que tener presente que la sentencia del Estatuto de 2010 proclamó como principio fundamental la "igualdad" radical entre el catalán y el castellano, a riesgo de "romper el equilibrio inexcusable entre las dos lenguas igualmente oficiales". El TC dio por acabada la etapa de las políticas de normalización.
La cosa es que, sin querer ser gafe, es evidente que a la realidad sociolingüística complicada se está añadiendo últimamente un nivel menguante de garantía de la lengua catalana, como se está viendo en los tribunales. También se ha puesto de relieve que cuando el contexto político no es favorable al fortalecimiento de un estatus diferenciado de Catalunya en el plan político, las dificultades de reconocimiento y tutela de la pluralidad lingüística son muy superiores. Por decirlo metafóricamente, hay una gran distancia entre el "Pujol, enano, habla castellano" del primer Aznar y el "Pujol, guaperas, habla lo que quieras" que hizo que el PP no impugnara la ley de política lingüística del 1998.
