¿Cómo se puede negociar con alguien que te está espiando? La confianza del gobierno catalán hacia el gobierno español, que ya escaseaba, con el Catalangate ha recibido un fuerte revés. Están más alejados que nunca. La dependencia mutua que los sostenía ha quedado tocada. La estabilidad del ejecutivo estatal peligra y la mesa de negociación tendrá que esperar. El ejecutivo de Sánchez ya no creía en ella y la había ido atrasando, pero ahora es el mismo Aragonès quién la ha congelado a la espera de un gesto claro del PSOE por el escándalo del espionaje al independentismo. Pasan los días y no llega, cosa que no hace sino aumentar el escándalo. Porque por mucho que los de Pedro Sánchez lo quieran minimizar, tal como han señalado tanto desde el New Yorker como desde el Washington Post, la democracia española tiene un problema grave: se ha hecho evidente que espía a ciudadanos por sus ideas. Se mire como se mire, esto es lo que ha pasado. No hacer nada al respeto, es decir, que nadie asuma responsabilidades políticas y que no haya una investigación efectiva y pública, con luces y taquígrafos, es admitir que estas cosas son normales. Y no lo son o no lo tendrían que ser. Es evidente que en muchos casos hay espionaje que no respeta los mínimos exigibles en un estado de derecho, pero en la mayoría de países democráticos, si salen a la luz prácticas ilegítimas o dudosas de los servicios secretos, se toman medidas políticas y hay actas de contrición. Es decir: como mínimo se guardan las formas. Aquí, al parecer, ni eso.
El independentismo es un movimiento democrático y pacífico, hay partidos legales que lo defienden, que son mayoritarios en Catalunya y que incluso garantizan la gobernabilidad en España. El hecho de que se descubra que se le ha espiado masivamente es de una gravedad incuestionable. No se puede minimizar, como está haciendo la Moncloa. Resulta inaudita la intervención este martes en el Senado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, despreciando los medios internacionales que han denunciado el Catalangate, desacreditando el grupo investigador Citizen Lab, negando la mayor e incluso girando la tortilla para culpar a los espiados de difamar el sistema democrático. No es que el PSOE se niegue a poner en marcha una comisión de investigación en el Congreso, tal como piden su socio Unidas Podemos y ERC: es que tanto de la actitud desafiante como del fondo de lo que dice Robles se desprende que no hay ningún interés para investigar nada. No es tolerable.
Ante el hecho que el carácter público de una comisión de investigación en la cámara baja pueda suponer un escollo porque el personal del CNI se niegue a declarar aduciendo la ley de secretos oficiales, la solución de que la directora del CNI diera explicaciones a puerta cerrada en la comisión de secretos oficiales se podría entender si hubiera una mínima confianza. Pero nueve días después de que se destapara el escándalo, la situación ha empeorado visiblemente. La sensación es que el gobierno español quiere tapar el asunto y quitarle hierro. Si se confirma esta actitud, es obvio que el clima político en España empeorará en los próximos días. Y es obvio que la democracia española pierde una nueva oportunidad de regenerarse.
