Cada modelo organizativo, cada “nosotros” –empresarial, familiar, gastronómico– tiene una dinámica y unos instrumentos propios. La corrupción pública forma un triángulo con tres vértices: el político, el técnico y el empresarial. Las sentencias condenatorias suelen centrarse en el primer ángulo y acostumbran a ignorar las otras dos puntas de la horquilla. Pero sin funcionarios que vistan el negocio de pulcritud administrativa y sin proveedores, intermediarios o consejeros, el negocio no marcharía. En la corrupción corporativa, tampoco es frecuente que se llegue al meollo, más allá del directivo codicioso, el jurista complaciente o el auditor interno poco atento. Ciertamente, siempre tiene que haber alguien de servicio, en la cocina y en la sala, a punto para emplatar o llenar la copa; pero cuesta creer que la cúpula nunca sepa nada. En el caso del BBVA, irá a juicio –a raíz de los encargos ilegales al comisario Villarejo–, además del jefe de seguridad, el de la asesoría jurídica y el responsable de riesgos, su principal. Y, aún más infrecuente, la propia entidad como persona jurídica. Que nadie se asuste, porque a pesar de peticiones fiscales rigurosas, ninguno de los directivos implicados ha pisado la cárcel; tampoco el expresidente acusado, que pasa el trance en los refugios estivales de Mallorca y Marbella. Las fianzas impuestas, hasta ahora, o la multa para el banco, si fuera condenado, son una nimiedad para economías holgadas. No exagero: la entidad ha batido el récord de beneficios en 2025 y repartirá un dividendo de más de 5.200 millones. Repsol o Caixabank ni se sentaron en el banquillo por hechos equivalentes, como premio a la diligencia observada, ni asumieron la responsabilidad civil subsidiaria, por la renuncia de los perjudicados.La sentencia del caso Ábalos también es para enmarcar, como hacen muchos comensales con las cartas míticas de los restaurantes estrellados. De los funcionarios no dice ni pío, como si los arreglos corruptos no se manipularan sino que se despacharan en un autoservicio. Pero lo más llamativo es la desproporción entre la condena del político y la del empresario. El tribunal no ve ninguna trident con responsabilidad compartida, sino un punzón de entachar. El que pueda hablar, que hable…, que le saldrá gratis. Parece que la invitación tendrá efecto, visto el debut del empresario Julito Martínez, ya se verá con qué fortuna. No critico las medidas instrumentales para hacer aflorar las infracciones ocultas ni la modulación de la pena para cada uno de los implicados, pero cuando se rompe el equilibrio entre utilitarismo y ecuanimidad, el mensaje es peligroso. El éxito, tanto en el juzgado como en la cazuela, pasa por acertar las proporciones.
Para ponderar correctamente el premio y el castigo, hay que etiquetar correctamente a los colaboradores. No se puede confundir a un delator –que coopera a reprimir la disidencia en los regímenes autoritarios– con un alertador –que alza la voz para proteger el bien común y merece la indemnidad total–. Tampoco se puede tildar de arrepentido a cualquier colaborador. A los pentiti de la mafia les puede costar muy caro romper la omertà, la ley del silencio. La traición se paga con la vida y con el rechazo incondicional de la Famiglia, nombre que también recibe el grupo, jerárquico y estructurado, que controla los negocios sucios en un territorio. Giuseppa Mandarano, mujer de Marco Favaloro, imputado y pentito por el homicidio de Libero Grassi (el empresario que se negó a pagar el pizzo, el chantaje de la Cosa Nostra), lo abandonó por “infame”. Cuando son ellas las rebeldes, el castigo es implacable. Lea Garofalo, hija de un capo ejecutado cuando ella era un bebé, más víctima que cómplice, acabó torturada y muerta por su propio marido, Carlos Cosco, cabecilla de la ’Ndrangheta. La había entregado a la justicia, exhausta de sangre. El testimonio de los peones es estratégico porque rompe el código de honor y permite escalar hasta el terzo livello, el lodazal institucional donde la mafia pacta con políticos, empresarios de élite y funcionarios corruptos.El caso Aldama es paradigmático porque ni paga con la prisión –que causa especial espanto a los criminales económicos, porque los mezcla con “la escoria” de la delincuencia común– ni se vacía el bolsillo, ya que no ha tenido que devolver ni un céntimo de sus ganancias ilegales. Y no sufrirá el ostracismo social, porque, en realidad, no ha roto ninguna lealtad. Cobrar (o pagar) comisiones ilegales está mal visto por buena parte del sector de los negocios en el estado español, cuando te descubren. No por ética, por impericia. No le harán el vacío porque el entendimiento con los políticos implicados no es el del clan mafioso, a base de vínculos consanguíneos y fidelidad eterna, sino un vínculo oportunista, una especie de unión temporal de empresas con el mejor postor. Con ejemplos como este, no nos debe extrañar que casi el 50% de los españoles crean que la única forma de tener éxito en los negocios es a través de las conexiones políticas. “Quien no tiene padrinos, no se bautiza”.Incluso cuando son condenados, los delincuentes económicos como Aldama (aún pendiente de juicio por un fraude masivo) mantienen un confortable colchón para reunir una fianza o acreditar apoyo financiero. Los jueces de ejecución penal suelen ser sensibles a estas alegaciones, porque los criminales de corbata no se consideran individuos antisociales, sino funcionales. Un mensaje tan nocivo como el lanzado cuando se permite que alguien como Daniel de Alfonso –conspirador con el ministro de la Operación Cataluña y condenado por el Tribunal de Cuentas por apropiación indebida– ejerza de juez de vigilancia penitenciaria como si nada, decidiendo quién merece un tercer grado o un permiso penitenciario.En medio de la confusión conceptual, nada inocente, se agradece la clarividencia de Roberto Saviano en su último libro, Grita. Retrata a mujeres y hombres que, a lo largo de la historia, no han escatimado riesgos en la lucha por la verdad: Hipatia, Giordano Bruno, Robert Capa, Daphne Caruana… Un repaso calórico, pero apetecible y saludable, para la historia del coraje civil.
