Según la fundación que los agrupa, los micropueblos son municipios de menos de mil habitantes, ocupan la mitad del territorio de nuestro país y son el hogar de tan sólo el 2,4% de la población. Se trata, por tanto, de gran parte de la Cataluña rural, en recesión demográfica y económica.
Según el informe anual del Observatorio de las Energías Renovables de Cataluña (OBERcat), si la transición energética termina siguiendo las previsiones de la Generalitat, los municipios ingresarán unas cantidades respetables en concepto de tasas y los propietarios de los terrenos, en concepto de alquileres. Unos beneficios locales que no dependerán de la buena voluntad de los promotores de los proyectos, sino de la percepción que tenga la población local sobre las instalaciones de energía renovable (ER).
Resulta que el viento sopla y el sol luce con la misma intensidad tanto sobre un micropueblo como sobre una gran ciudad. No debería extrañarnos, pues, que los promotores tiendan a priorizar a los pueblos pequeños: más espacio libre y, tal vez, menos oposición organizada, que tiende a magnificar las amenazas ya minimizar las oportunidades. Aquí hablaremos de las oportunidades.
La primera pregunta que hay que hacernos es cuánta energía debería generarse en un municipio. El primer criterio (el del "consumo de energía") considera que debe generarse la electricidad consumida en el municipio. Es esgrimido a menudo por rechazar un parque eólico o solar, ya que este consumo es siempre muy inferior al de la electricidad que generarían los proyectos de energía renovable presentados. Entran argumentos del estilo: "Queremos un municipio autosuficiente energéticamente", o "el pueblo no necesita tanta electricidad".
La debilidad de estos argumentos nos lleva al segundo criterio (el de la "energía del consumo"), que considera no sólo la electricidad sino los carburantes y, también, la energía que ha sido necesaria para producir los bienes y servicios de los que gozan los habitantes del municipio. Una energía consumida fuera, pero de la que se beneficia el pueblo. Según este criterio, cualquier municipio debería generar una cantidad de energía proporcional a su población.
Un problema de este segundo criterio es que algunas comarcas enteras y muchos municipios son incapaces de generar esa "energía del consumo". Es necesaria, por tanto, una "corresponsabilidad territorial" que lleva al tercer criterio. Cada municipio debería generar energía según su potencial de captación. Este criterio comporta una contribución más o menos proporcional a la superficie del municipio.
Si consideramos un municipio de superficie media (34 km²), debería instalarse una potencia eólica de 60 MW o bien una potencia fotovoltaica de 95 MW, que se alcanzaría con unos 12 molinos u ocupando 150 ha, respectivamente. Estos valores dan una idea de la enorme cantidad de energía que un país avanzado como el nuestro necesita para funcionar con normalidad.
Como contrapartida, el municipio recibiría en concepto de tasas unos 1,7 millones de euros al año de la construcción y unos 120.000 euros cada año durante los 30 años de funcionamiento. Unas cantidades muy respetables, sobre todo para los micropueblos, que mejorarían considerablemente su capacidad presupuestaria. Por ejemplo, en un micropueblo de tamaño medio, de 400 habitantes, el presupuesto ronda los 640.000 euros. Así que durante la vida de la instalación eólica o solar, sus ingresos municipales aumentarían un 27%.
Evidentemente, los ingresos dependerán de la potencia que finalmente se instale. En cualquier caso, en términos absolutos los ingresos por MW serían los mismos con independencia del tamaño del municipio. Sin embargo, mientras que para una ciudad de decenas de miles de habitantes la repercusión sería mínima, para los micropueblos será muy relevante. Aunque pueda parecer erróneo, podemos afirmar que con la transición energética se produce, de hecho, una transferencia de recursos económicos desde el mundo urbano al mundo rural.
De los ayuntamientos dependerá un buen uso para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y ofrecer servicios que hagan el municipio atractivo para vivir. El teletrabajo y las nuevas profesiones relacionadas con la revolución digital lo ponen más fácil.
Las propias instalaciones de energías renovables contribuirán a fijar población. Según el mismo informe del OBERcat, hasta 2050, para la construcción y mantenimiento de los parques eólicos y solares se necesitará el equivalente a unos 9.000 trabajadores fijos. La ocupación indirecta e inducida sería similar. Para hacernos una idea de lo que representa ese número de puestos de trabajo, veamos los resultados de los proyectos de desarrollo rural financiados por el programa europeo LEADER. Durante el período 2016-2020 se creó el equivalente a cerca de 400 puestos de trabajo directos, el 90% de ellos en el medio rural. La comparación da una idea del potencial de la transición energética para la recuperación demográfica del mundo rural.
Los beneficios para los micropueblos de una instalación de energías renovables son claros y deben hacerse valer para contrarrestar los discursos catastrofistas. No todos los proyectos son buenos, pero de entrada es mejor considerarlos como una oportunidad que como una amenaza.
