1. A mediados de febrero, Catalunya va tirando de presupuestos porque los de este año brillan por su ausencia. Todo apunta a que los acuerdos, a hurtadillas, entre ERC y PSOE al fin y al cabo harán posible que Pere Aragonès pueda salir adelante en Catalunya, al igual que Pedro Sánchez en el Congreso, como Jaume Collboni en el Ayuntamiento. En ningún sitio les basta con pasarse los votos, pero sí que la ayuda recíproca es imprescindible para salir adelante. En el Parlament, los comuns pueden ser la tercera fuerza para hacer posibles, por segundo año consecutivo, números avalados por un tripartito de izquierdas. Junts, que se esfuerza por no ser desterrado del tablero político, ha hecho su carta de mínimos para negociar la aprobación de presupuestos. De las 100 medidas que pide, el titular más goloso se lo lleva la supresión del impuesto de sucesiones, como primera de las ventajas fiscales que tratan de obtener para los ciudadanos. Buena idea, no solo para su parroquia.
2. El impuesto de sucesiones es un agravio que crea desequilibrios tributarios entre territorios. En Catalunya, el varapalo por heredar –aunque sea de padres a hijos– es sonado, mientras que en otras comunidades autónomas el impuesto no existe o es meramente simbólico. De nuevo, la discriminación negativa perjudica a las clases medias catalanas. Es lógico que Junts busque contentar a un gran monto de votantes que, en su día, se encontraban cómodos con el gobierno de CiU. Con el tiempo, y con el reposicionamiento político derivado del Procés que ha obligado a los herederos de Convergència a tragarse algunos principios económicos para priorizar la causa independentista, buena parte de los votantes habituales se han encontrado desamparados ante este abuso fiscal. Ahora, han decidido abrir ese caramelo. Reclaman bonificar al 99% el impuesto de sucesiones.
3. Si en Catalunya se paga el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones, y en otras partes del Estado han decidido no recaudar estas tasas, la culpa no es de Madrid. Esto es cosa nuestra, exclusivamente. Lo determinan las fuerzas que suman mayorías en el Parlament y depende del programa del gobierno que se reúne en el Pati dels Tarongers. Hoy es significativo escuchar a Marta Vilalta, portavoz de ERC, rechazando con frialdad eliminar el impuesto de sucesiones. Le da exactamente igual, parece, que se penalice el esfuerzo y el ahorro de familias enteras. En este sentido, la propuesta de Junts, sabiendo que tendrá poco recorrido, parece un brindis al sol. Una medida que los diferencia de Esquerra y que les permite, tal vez, atraer a algunos votantes que habían perdido por los atajos hacia Ítaca. Sin embargo, la incoherencia es fácil de subrayar. De 2016 a 2022, Junts formaba parte del gobierno, cobraban este impuesto y entonces no hicieron nada para suprimirlo.
4. Artur Mas, en el 2011, cumplió con la promesa electoral. Dentro de los cien primeros días de gobierno eliminó el impuesto de sucesiones en grados de parentesco directo. Suponía, en sus palabras, “poner fin a la discriminación de Catalunya respecto a otras comunidades autónomas” y evitaba que los patrimonios catalanes huyeran a otras zonas del Estado donde no los aprietan con este impuesto. Pero la medida duró poco. Solo dos años después, y en nombre de la crisis, el mismo gobierno recuperaba el impuesto y dejaba de bonificar a hijos y nietos que heredaban. En resumen, la presión fiscal deja a los ciudadanos de Catalunya con los tipos marginales de impuesto de la renta más elevados de España, un impuesto de patrimonio como el que tienen los que más pagan y un impuesto de sucesiones que ya no quiere nadie en Europa. Eso sí, vivimos en un corner que somos la envidia del mundo, el dinero público se invierte con más sentido que en ningún otro territorio y estamos tan agradecidos por ello que qué gusto trabajar, ahorrar, pagar e incluso morirse para que todos tengamos unos servicios de primera. Vamos, como si ya fuéramos independientes.
