Llueve sobre mojado: con la represión del proceso independentista los jueces pasaron de estar protegidos en las sombras del fondo del escenario público al primer plano, sobre el cual se concentran los focos. Fue por obra y gracia del gobierno Rajoy, que, con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas españolas, ante la manifiesta impotencia para canalizar políticamente la cuestión catalana, decidió trasladar la cuestión independentista de la vía política a la judicial. Y colocó este poder en un nivel de exposición pública nada habitual.
2. Poder. No está de más recordar aquello que es evidente. El judicial es un poder constitucional del Estado, como lo son el legislativo y el ejecutivo. Poder, digámoslo con la fórmula pudorosa del diccionario, es “la facultad que pone en estado de hacer algo”. Trasladémoslo a la vida pública. Del poder emana la autoridad. Todo poder institucional está condicionado por los límites que marcan las leyes. Pero también por unas prácticas, unos hábitos, una historia. Y por las personas que lo componen.
Es en las fases de gran exposición que aparece la cara oscura que todo poder tiene, se multiplican las desconfianzas y se cuestionan las actuaciones. Y nos sorprendemos de que el poder judicial bloquee decisiones netamente políticas en el marco de las inquietudes del presente: por ejemplo, la lucha contra la contaminación.
Si el legislativo tiene que ejercer el control político del ejecutivo, al judicial le corresponde el control jurídico, es decir, el cumplimiento de la ley. Este es el marco, pero a partir de él operan el contexto, las personas, las relaciones de fuerzas, la múltiple trama de los intereses. Y aquí vienen las disfunciones.
La promoción en el poder judicial no se hace por los mecanismos democráticos de representación sino por la vía meritocrática (la oposición), con un poso aristocrático de casta, y con un rol importante de los padrinazgos (maestros y familiares). Las instituciones tienen una natural dinámica conservadora que se agudiza en el poder judicial. Y esta dinámica se traduce en una cierta arrogancia que permite situaciones irregulares como un Consejo General con cuatro años de caducidad que sigue mandando (es decir, dando mal ejemplo). Un Consejo, por otro lado, nombrado por los partidos políticos y en el que legitimidad judicial y prejuicios ideológicos se confunden, en un espacio inclinado al conservadurismo.
3. Presiones. sin embargo, al margen de la estructura institucional, la sociedad está articulada a través de poderes económicos y sociales cada vez más poderosos y con capacidad creciente de intimidación, muy acentuada desde que la revolución neoliberal les ha dado una potencia de difícil limitación. Y estos poderes actúan en defensa de sus intereses sobre todos los poderes institucionales, también el judicial, como se puede constatar en este caso concreto, en un momento en que el sector del automóvil tiene que afrontar una transformación complicada.
Si a todo esto añadimos las tendencias conservadoras del marco legal, el clima de ruptura institucional de los últimos años y una inquietante mutación en la que, por todo Europa, la extrema derecha le está tomando la crítica social a la izquierda, el cóctel está preparado para que justicia y políticas transformadoras choquen a menudo.
Será interesante ver en qué queda la resolución del TSJC cuando haya pasado por el Supremo. Pero es evidente que cuesta asumir una intervención tan continua de la justicia en la política. Y no solo en aquello que concierne el proceso independentista. No dudo que los que se sienten afectados por una decisión política tienen derecho a defenderse ante la justicia, pero algo falla en la cultura democrática de la sociedad cuando esto se hace de manera sistemática. Hay ciertas élites (si es que se las puede llamar así) que se sienten por encima de la ley y no soportan que se les ponga límites. Que estos conflictos ganen visibilidad es una buena noticia. Sobre todo cuando hay urgencias, como la ecológica, que no pueden esperar.
