Palma, la jungla (literal) de asfalto
En medio del apretado y alegre festival informativo cotidiano, ha pasado bastante inadvertida una noticia insólita sobre financiación, que se produjo hace unos días en Palma. El hecho es que el ayuntamiento de esta ciudad (gobernado por un pacto entre PP y Vox que el alcalde, Jaume Martínez, mantuvo oculto hasta después de las elecciones generales del 23 de julio) ha renunciado a 13 millones de fondos europeos del programa Mitma 2 para llevar a cabo proyectos de urbanismo y movilidad sostenibles. Concretamente, estos millones debían servir para desarrollar el eje cívico de la calle Cotlliure, que debía dar continuidad a la ya existente de la calle Blanquerna, y para incorporar más buses de hidrógeno al transporte público de la ciudad. Pues ni lo uno ni lo otro. Tal como puede leer en la información de Alba Tarragó en Ahora Baleares, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, argumenta que se ha renunciado al dinero por un problema de plazos (considera que no había tiempo de cumplir el calendario previsto por el programa europeo, y entonces deberían devolver el dinero) y debido a que la creación del eje cívico quitaría plazas de aparcamiento a los coches (de esto se trata precisamente, de reducir el número de coches circulando dentro de la ciudad). Por lo que respecta a los buses de hidrógeno, el consistorio se ve que tampoco los considera necesarios. Sí le pareció urgente eliminar la gratuidad del transporte público que había implantado el anterior gobierno progresista: Deudero justificó que los usuarios tuvieran que volver a pagar porque “hay gente aprovechada que, para ahorrarse una caminata, cogía el bus”.
Son argumentos de peso, sin duda. Sin embargo, renunciar a 13 millones de fondos europeos (en unas islas que incluso el partido del concejal Deudero, el PP, reconoce que están en situación de infrafinanciación), y renunciar a ella por el empeño de ir contra el agenda 2030 y complacer a los negacionistas del cambio climático, es de un sectarismo y una cortedad de miras ciertamente impresionantes. También es una muestra de ineptitud y de mala praxis que retrata a una administración y la descalifica, en este caso, ante las instancias europeas.
Sí se activará en Palma, a partir del jueves, una medida aprobada por el gobierno municipal, a propuesta de Vox, para permitir la caza (que hasta ahora estaba prohibida) en la capital de Baleares. Aunque cueste creerlo, se podrá cazar con escopeta a unas 3.000 hectáreas de “terreno libre”, es decir, rústico no acotado, del término municipal de Palma. Debido a que, además, el nuevo gobierno de Palma ha eliminado de su ordenamiento interno las expresiones lengua propia y violencia de género, así como la sigla LGTBIQA, cuando vayan ya lo saben: pueden emitir tantos gases contaminantes como quieran y también disparar a algún zorzal si lo ven. Es un lugar en el que, según el PP y Vox, no existen la lengua catalana ni la violencia de género ni el colectivo LGTBIQA. Es, en resumen, un sitio de la libertad. Una jungla de asfalto, literalmente.
