La picota fiscal

Cada año, como un ritual perfectamente calculado, la Agencia Tributaria publica su lista de morosos. Una relación de nombres y apellidos —muchos de ellos famosos, empresarios, deportistas o actores— que deben dinero al fisco. Los titulares salen a toda página: quién debe más, quién repite, quién sube y quién baja en este peculiar ranking de la vergüenza.

Yo no estoy de acuerdo con esta práctica. Lo digo sin rodeos: la deuda tributaria es, en esencia, una información privada. Que una persona tenga un contencioso con Hacienda no debería ser motivo de escarnio público. Otra cosa es que existan listados de morosos a los que pueda acceder puntualmente una empresa si necesita valorar el riesgo de fiar una factura. Eso es legítimo y tiene sentido económico. Pero publicar listas con nombres, cifras y fotos de archivo es otra cosa muy distinta: es una forma de presión.

Además, no olvidemos que muchas de esas deudas pueden no ser firmes en sentido estricto. Pueden estar recurridas, pueden formar parte de procesos judiciales largos y complejos. Pero mientras tanto, el nombre ya ha salido en todos los medios y la etiqueta de “moroso” ya se ha pegado a la persona. La presunción de inocencia se difumina y el daño a la reputación, en muchos casos, es irreversible.

En otros países europeos, esta exposición pública masiva no es tan habitual. En Francia o Alemania, por ejemplo, la información sobre deudores con la Hacienda pública se gestiona con mucha más discreción y se limita a procesos internos o a notificaciones específicas para acreedores interesados. Convertir la recaudación en un espectáculo mediático es más propio de sociedades que confunden transparencia con morbo y que buscan reforzar el temor fiscal a golpe de titular.

Me resulta muy revelador que esta lista siempre aparezca justo cuando acaba la campaña del impuesto sobre la renta. Un recordatorio sutil, pero contundente: pague usted a tiempo, o acabará en la picota mediática. La presión fiscal entendida como espectáculo.

No defiendo a quienes defraudan de forma consciente y reiterada. A esos hay que perseguirlos, sancionarlos y, si corresponde, embargarlos. Pero de ahí a hacer de la deuda fiscal una noticia de consumo masivo hay un salto que no comparto. Ni toda deuda es fraude ni todo deudor es un sinvergüenza.

La privacidad, también en materia fiscal, debería estar protegida. Las listas de morosos públicas son una vieja práctica de linchamiento social disfrazada de transparencia. Y no, la transparencia no consiste en abrir en canal la vida de la gente para que haga de entretenimiento.

Si el Estado necesita cobrar, que cobre. Que embargue. Que sancione. Pero que no monte el espectáculo. Que deje la picota en los libros de historia.