Una terraza ilegal
La terraza del local turístico de la Playa de Palma que se derrumbó la semana pasada y causó cuatro muertos era –como podéis leer en la crónica de Marcos Torío en este diario– ilegal. No puede decirse que sea ninguna sorpresa. El alcalde actual de Palma, Jaime Martínez (PP, apoyado por Vox), lo tenía fácil para huir de estudio y ventilar culpas hacia los consistorios de izquierdas de las dos legislaturas anteriores. Pero prefirió cargarlo a los particulares: "Es el propietario, quien debe actuar", ha dicho, en referencia a que el inmueble había recibido una valoración negativa durante la Inspección Técnica de Edificios (ITE) de el año pasado y, sin embargo, el Beach Club Medusa (así se llamaba el local que pasó abajo) seguía operando como si nada. Sabemos siempre que el PP lo confía todo a la iniciativa privada, también cuando se trata de buscar chivos expiatorios.
Lo cierto, como podemos leer en la misma crónica, es que era una temeridad no sólo tener abierto ese local al público, sino ya haberlo encubierto en aquella edificación. El Beach Club Medusa es el tercer local de similares características que se ha derrumbado en aquella zona: no es extraño, porque estas construcciones son antiguas casitas de veraneo, pensadas y levantadas para acoger a una familia durante poco tiempo, y estas terrazas eran poco más que una salida para refrescar un poco la casa y los que la habitaban. Lo contó con pocas y precisas palabras Alain Carbonell, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de la Playa de Palma: “Es una gran tragedia, pero es también la crónica de una muerte anunciada. Son viviendas con más de setenta años de historia convertidas en bares o pubs, no están preparadas para ello”. En el 2013 se realizó una reforma, también sin licencia, que añadió peso a la estructura. Otra vecina, preguntada por periodistas sobre si iban alguna vez como clientes al restaurante que había en la planta baja, respondió: "Qué va, tampoco nos querían". En efecto, en los locales destinados a los turistas, los indígenas no suelen estar bien llegados.
Más allá del drama concreto, el derrumbe del Medusa es un perfecto resumen de lo que se ha hecho con Mallorca, y con Baleares, durante las últimas cuatro o cinco décadas (y muy especialmente las dos últimas). Todo se ha hecho pasándose las leyes por el arco de triunfo, sin respeto alguno por el entorno natural ni urbano, con una voracidad por el dinero que roza la patología. Un lugar estibado de gente y de dinero, que se vuelve a llenar aún más y más cuando hace tiempo que no cabe nadie más, expulsando si es necesario la población (o con la población autoexpulsándose contenta a cambio de un buen talón bancario).
Ahora el gobierno de Marga Prohens, apoyado por Vox, presenta una amnistía urbanística acompañada de un decreto ley que pretende liberar la construcción incontrolada en suelo rústico. Es una nueva y quizás última ordeñada a una vaca que ya no da para más, mientras se curan en salud con falsos discursos proteccionistas. Un lugar que, como el Medusa, “no estaba preparado para ello” y ya se resquebraja por todas partes.
