En uno artículo reciente en este diario el 129º presidente Artur Mas nos explica su visión sobre la principal preocupación de los catalanes según la última oleada del CEO. Por el respeto institucional que le tengo al autor, lamento constatar que se trata de un texto lleno de argumentos que no resisten el contraste con la realidad, y de omisiones tan ideológicas o más que las "proclamas" que denuncia. No se puede dejar sin rebatir.
Dice Artur Mas que la situación es insostenible "para determinados colectivos", pero que "afortunadamente la mayoría lo tiene resuelto o controlado", afirmación que hace que nos preguntemos desde qué pedestal social se mira el president la realidad , con quien se relaciona, y qué estudios consulta. Vamos a los datos. El salario medio en Barcelona es de 33.837€ brutos, que repartidos en 12 pagas resultan un sueldo neto mensual de unos 2.100€ aproximadamente. Teniendo en cuenta que el alquiler medio en Barcelona ya es de 1.193 € (datos del Incasòl), el drama se explica solo: en la capital de Cataluña, un alquiler medio consume el 56% de un salario medio, casi el doble de lo que los bancos (y el sentido común) aconsejan, que es dedicar a la vivienda a lo sumo el 30% de los ingresos.
Para alguien que gana 2.100 € netos en doce pagas, por tanto, el coste de la vivienda no debería ser superior a los 630 €. Invito al lector a entrar en Idealista y filtrar la oferta de alquiler residencial en Barcelona por un precio máximo de 650 €. La respuesta del buscador es, textualmente: "Hemos mirado por todas partes, pero no hemos encontrado lo que buscas". Pongámonos estupendos y subimos el filtro a 900 €: 22 viviendas. La mayoría, por supuesto, son agujeros donde ni el president Mas ni un servidor quisiéramos vivir.
Hago todos los cálculos con el salario medio y no con el mínimo porque es precisamente eso lo que explica la alarma social sobre el tema: el problema ha dejado de afectar sólo a las rentas más bajas y ya impacta de lleno la clase media, y muy especialmente a sus hijos. Y si nuestros hijos no lo tienen resuelto, nosotros tampoco. Por eso cuesta entender y resulta ofensivo que el presidente hable de "determinados colectivos".
Mas considera que el problema tiene tres causas: el aumento masivo y repentino de población (de acuerdo), la falta de oferta de vivienda pública o protegida, y los salarios bajos. Sobre la falta de oferta pública, el economista Miquel Puig, un hombre de orden, lo ha contado con la lucidez habitual en un vídeo reciente en el canal de Instagram de este diario y en su artículo "Vivienda: un motivo para el optimismo". Resumen: construir vivienda pública es una solución lenta, cara, e ineficiente si no se acompaña de medidas reguladoras y fiscales de efecto inmediato sobre la oferta privada existente (precisamente las que Mas rechaza en su artículo).
En cuanto a los salarios, es obvio que los primeros en capturar cualquier aumento de las rentas del trabajo serán siempre los propietarios inmobiliarios, subiendo precios Sin regulación, el rentista siempre gana, porque el ciudadano puede estar de salir a cenar fuera, ir en el teatro, viajar, renovar el frigorífico o comprarse un coche nuevo, pero en ningún caso puede renunciar a un techo. inmobiliario es un enemigo mortal de la economía productiva: todo el dinero que se queda más allá de lo razonable (recordémoslo, el 30% de los ingresos del inquilino) es dinero que no va a otros sectores que sí son productivos. La próxima manifestación para exigir que se bajen los alquileres deberían encabezarla los verdaderos empresarios, porque el rendismo inmobiliario intercepta y confisca miles de millones que deberían ir al capítulo de ingresos de sus cuentas de resultados.
Pero lo más preocupante del artículo de Mas no es lo que dice, sino lo que no dice. Sorprende que sea capaz de escribir sobre el tema y no mencionar como factores clave ni el impacto de las viviendas de uso turístico (HUT) en la reducción radical de la oferta residencial, ni el papel clave de los fondos de inversión en la conversión del mercado de la vivienda en un juego del monopolio, ni la presión sobre los precios que ejercen los compradores y inquilinos adinerados extranjeros, ni la trampa de los alquileres de temporada. Es decir, Mas elude todos aquellos factores clave que sólo pueden resolverse regulando. Y para rechazar la intervención reguladora de los gobiernos, el presidente se inventa que el objetivo de quienes hacen "proclamas" son los pequeños propietarios, "gente trabajadora que con grandísimo esfuerzo han invertido en vivienda a cambio de privarse de muchas cosas" . Ninguna de las exigencias del Sindicato de Alquiladores o de las medidas en discusión en el Parlament y en el Congreso afecta a este perfil de propietario, y es imposible que Mas no lo sepa.
