Termina el año 2024 con el problema de acceso a la vivienda en el frontispicio de las preocupaciones de muchas personas. La situación no es nueva, pero las dimensiones del problema se agrandan, la situación se hace insostenible para determinados colectivos y las perspectivas de solución son, como mínimo, inciertas.
Cabe decir que si la vivienda es actualmente señalada como la inquietud principal en las encuestas de opinión más recientes, significa que otros pilares básicos de nuestro estado del bienestar se dan por mejor orientados. Si ésta fuera la conclusión, estaríamos cometiendo un primer error, y bastante grave. Me explico: los europeos en general, y los catalanes en particular, damos por entendido que temas esenciales como la salud, la enseñanza, las pensiones, los subsidios por desempleo o los programas sociales dirigidos a personas vulnerables, constituyen derechos garantizados y , por tanto, inamovibles. Al mismo tiempo, no nos damos cuenta suficientemente de dos realidades: la primera, que la dimensión de nuestro estado del bienestar sostenido con recursos públicos no tiene equivalente en ningún otro lugar del mundo; la segunda, que mantener e incluso reforzar este estado del bienestar europeo es una cuestión tanto de derechos como de deberes, y que lejos de ser un regalo responde a un espíritu de conquista a preservar y fortalecer. En pocas palabras, el estado del bienestar europeo sólo tiene garantía de futuro si sabemos combinar dos factores inseparables: economía competitiva y justicia distributiva. Durante décadas hemos sabido hacerlo y, sin embargo, ahora no existe la evidencia.
Hecha esta primera constatación, que me parece imprescindible para entender que el reto que tenemos encima va mucho más allá del problema de la vivienda, centrémonos en el tema del artículo. En mi opinión, las dificultades objetivas que muchas personas tienen para acceder a una vivienda se explican por tres factores: primero, el aumento muy notable de la población catalana, de dos millones de personas, en poco más de veinte años; segundo, la falta de oferta de vivienda pública o protegida; tercero, salarios demasiado bajos, consecuencia de nuestro modelo económico y de no ser suficientemente productivos. La pregunta que nos podemos hacer es cómo creemos que van a evolucionar estos factores en los años que vienen. Y la respuesta es que no lo sabemos del todo, pero que de los tres factores citados lo único que depende principalmente de los poderes públicos es el de incrementar la oferta a precio asequible. La evolución de la población dependerá mucho de la presión de las corrientes migratorias, que debemos controlar mejor, pero que nunca podremos controlar del todo. Y la productividad de nuestra economía sólo puede mejorar significativamente si el mundo privado hace su trabajo y el mundo público sustituye la actitud de estorbar por la de estimular.
Para entender cómo se puede hacer asequible el acceso a la vivienda, lo mejor es recordar cómo se han hecho asequibles otros pilares fundamentales del estado del bienestar. Pensamos en salud, educación o atención a las personas con dependencia, por poner tres ejemplos que a todos nos son familiares. Fijémonos en que la respuesta es siempre la misma: poniendo recursos públicos. Si para tener los sistemas sanitario, educativo o social de los que disponemos debemos movilizar un gran volumen de dinero público, ¿por qué pensamos que en la vivienda debe ser distinta?
El gran tema que aflora consiste en saber si disponemos de los recursos públicos necesarios. Y desgraciadamente la respuesta es negativa. En el caso catalán, disponer de más dinero público no debería hacerse atornillando más en los impuestos, que ya son muy elevados. Por tanto, hay que enfocar la mejora de las finanzas reduciendo el estratosférico déficit fiscal, que nos frena y ahoga. Si lo conseguimos, una parte de la mejora debería focalizarse en las políticas de vivienda, y concertar las soluciones con el mundo asociativo y privado, para multiplicar esfuerzos y ser eficientes.
Muchas de las soluciones mágicas que sentimos cada día para resolver el acceso a la vivienda son brindis al sol o proclamas ideológicas interesadas en ganar votos eternizando los problemas. Castigar a la propiedad privada no es el camino. Introducir limitaciones de todo tipo no es la solución. Todo lo que lleve a reducir la oferta de vivienda de alquiler, lo que ya está ocurriendo, agrava el problema y aplaza las soluciones. En un país de propietarios como el nuestro, por cierto, muchos de ellos gente trabajadora que con grandísimo esfuerzo han invertido en vivienda a cambio de privarse de muchas cosas, no resulta admisible ni ético cargar sobre los hombros la solución de un problema al que no puede resolverlo. Quitarse las pulgas de encima puede ser cómodo, pero no resuelve nada. Hacer demagogia puede ser útil electoralmente, pero socialmente inútil.
A diferencia de otras áreas del bienestar, el reto de la vivienda tiene dos ventajas: no afecta al conjunto de la población, porque afortunadamente la mayoría lo tiene resuelto o controlado; y la materia prima para resolver el problema, que es el suelo por construir, en última instancia lo controlan los poderes públicos, responsables finales de aportar soluciones operativas, a menudo muy alejadas de las proclamas tanto sonoras como improductivas.
